¿Puede una ecotasa sustituir el debate pendiente sobre el modelo económico del Archipiélago?

El turismo masivo, lejos de ser una bendición incuestionable, se ha convertido en una maquinaria que ahoga a las islas Canarias bajo el peso de su propio éxito. Así lo denuncian desde el movimiento social y ecologista “Canarias tiene un límite” (…).

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Mediante un comunicado dirigido a Canarias-semanal, el movimiento social y ecologista “Canarias tiene un límite” ha denunciado que las administraciones públicas estarían  optando por aplicar medidas cosméticas y distracciones retóricas para eludir el verdadero debate de fondo sobre los perjuicios del turismo de masas, como la necesidad de imponer una moratoria turística y vacacional.

   El movimiento ecologista apunta que “los políticos instituaciones responden a la presión social con medidas que esquivan el núcleo del problema”.

   «Mientras se anuncian tasas de acceso a espacios naturales o limitaciones en enclaves específicos como el Roque Nublo, no se menciona ni una sola vez la palabra “moratoria”»– afirman.

   Este silencio no es casual. El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado recientemente la creación de más de 129.000 nuevas camas turísticas, lo que equivale a duplicar la oferta actual en la isla, en nombre de una supuesta “ecoísla”. Una contradicción flagrante entre la retórica verde y la realidad depredadora del modelo económico dominante.

    La economía canaria depende en un 36-37 % del turismo, que genera más de 24.000 millones de euros anuales y ocupa al 40 % de su población activa. En 2024, más de 18 millones de turistas visitaron las islas, de los cuales 15,5 millones fueron extranjeros. Cifras que suenan a éxito, pero que esconden el colapso de servicios públicos, la especulación inmobiliaria, la pérdida de biodiversidad y el encarecimiento de la vida para quienes habitan permanentemente este territorio insular.

UNA LUCHA QUE SALE A LA CALLE

   La respuesta social ha sido masiva. En abril de 2025, más de 130.000 personas salieron a las calles de Canarias y de otras ciudades del Estado para exigir un cambio de modelo. En Gran Canaria, la protesta de “Canarias tiene un límite” reunió a 57.000 personas. En el Hotel Sandos Papagayo de Lanzarote, activistas desplegaron pancartas con lemas como “Our water is in your pool”, evidenciando el contraste entre las necesidades de la población y los privilegios del turismo.

  El testimonio de Enrique Reina, portavoz del grupo ecologista Tanekra, es claro: “No dudamos que el turismo de masas deja mucho dinero. La cuestión está a costa de qué y de quiénes”. La respuesta del sistema a estas movilizaciones ha sido una mezcla de indiferencia institucional, lavado de imagen y un repertorio de medidas que, lejos de ser estructurales, refuerzan la lógica mercantilizadora.

UNA MERCANTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES

  Uno de los ejemplos más ilustrativos es el del Roque Nublo, en Gran Canaria, donde se ha impuesto un sistema de acceso restringido mediante una aplicación digital que no diferencia entre turistas y residentes, y que incluso reserva plazas a empresas turísticas.

  Para “Canarias tiene un límite”, este tipo de medidas abren la puerta a una peligrosa mercantilización de los espacios naturales, que se extiende ya a otras islas: en Tenerife se cobra por acceder al Barranco de Masca, y en Fuerteventura se estudian ecotasas para Cofete y Corralejo.

   Estas decisiones no cuestionan el volumen total de turistas ni la voracidad del negocio. Al contrario: consolidan la idea de que todo puede regularse con un precio. Es el viejo principio capitalista de la acumulación por desposesión: lo que antes era común, ahora se convierte en producto.

   Desde el movimiento no rechazan por completo las ecotasas, pero advierten que no pueden ser un sustituto del debate principal. Proponen una ecotasa finalista por pernoctación, aplicada exclusivamente a personas no residentes y a la patronal turística, cuyos ingresos se destinarían a la restauración ecológica, la mejora de los servicios públicos y la resiliencia territorial.

  “Canarias – sostienen – no puede seguir soportando este modelo. La moratoria no es una opción: es una urgencia”.