Los bancos de alimentos y las ONG de varias ciudades españolas alertan de que la demanda de alimentos, las denominadas colas del hambre, por parte de personas necesitadas está creciendo de nuevo, una vez superada la pandemia, después de que los precios se hayan disparado un 14% en el último año, y que en el caso del aceite, los huevos, la leche y el pollo alcancen o superen el 20 %. Todo ello en un contexto marcado por la crisis derivada de la guerra de Ucrania, el coste general de la vida y la precariedad, que ha provocado que Cruz Roja haya duplicado en apenas dos años la ayuda para los jóvenes de entre 16 y 30 años que acuden a pedir ayuda por falta de empleo y de ingresos para poder pagar sus estudios o el acceso a internet, entre otras cosas, pasando de los 100.000 que atendía antes de la pandemia a cerca de los 200.000 (196.897).
España y su población viven momentos complicados. Los altos precios, pero también la precariedad laboral, a los que hay que sumar dos años de pandemia que han provocado todo tipo de problemas, incluidos los relacionados con la salud mental, hacen que las ONG estén prestando más ayuda que nunca.
La situación, además, se está agravando debido a que, en algunos casos, también se está produciendo un descenso del número de donaciones de alimentos con respecto a los primeros meses del año.
En Madrid, el Banco de Alimentos empezó a notar, antes del verano, un descenso en las donaciones, que ha terminado traduciéndose en un 40 % menos que en los meses previos al comienzo de la guerra en Ucrania, según informa a Efe una portavoz de la entidad.
El número de comidas diarias también aumentó antes del comienzo de la época estival, según los últimos registros que maneja el Banco de Alimentos, pasando de 186.000 a 187.000 por día en la Comunidad de Madrid.
Las entidades que colaboran con el Banco de Alimentos madrileño también han comunicado el aumento progresivo de gente que se acerca a por raciones diarias, en tanto que ya «no llegan a final de mes».
El incremento de los precios también afecta a la compra en origen que realizan este tipo de organizaciones, en tanto que ahora deben gastar más dinero para realizar el mismo acopio de alimentos.
Desde el Ayuntamiento de Madrid han trasladado que, tras el pico en la demanda de alimentación durante la pandemia a través de la «Tarjeta Familias», una prestación económica municipal para la cobertura de necesidades básicas de alimentación, aseo e higiene de sus beneficiarios, las necesidades se «estabilizaron» con posterioridad.
En Barcelona también han aumentado las colas del hambre en los 17 comedores sociales de la ciudad, que el año pasado repartieron 536.000 comidas a 13.158 personas vulnerables o sin hogar y este verano, en algún caso, han llegado a no dar abasto a pesar de incrementar el número de voluntarios.
Un ejemplo es el del Hospital de Campaña de la parroquia de Santa Anna, que ha pasado de repartir cerca de 7.000 comidas tanto en julio como agosto del año pasado a casi 10.000 en los mismos meses de este año.
Con la pandemia normalizada y sin restricciones, la previsión era que el número de usuarios del servicio se reduciría a unos niveles similares a los de 2019, pero ha aumentado por las consecuencias sociales y económicas de la crisis del COVID-19 y de la guerra en Ucrania, según sus responsables.
El pronóstico de las entidades sociales de Barcelona es que 2022 cerrará con más comidas servidas en comedores sociales que en el 2021 porque han aumentado las personas sin hogar que duermen en las calles y porque el aumento de los precios en los mercados está llevando a más familias al comedor social .
En el caso de Murcia, el encarecimiento de la cesta de la compra y los productos básicos de alimentación ha modificado el perfil de quien acude por primera vez en busca de ayuda al comedor social que tiene en el centro de la ciudad la Fundación Jesús Abandonado, según dice a Efe su gerente, Daniel López.
Según López, cada vez son más las unidades familiares, y no personas sin hogar, las que se dirigen a esta organización para pedir comida.
En este caso, también en julio y agosto ha aumentado el número de usuarios del comedor social a la vez que se han reducido las donaciones de productos y los donativos económicos, aunque la fundación confía en que esa tendencia, común de las vacaciones estivales, no se perpetúe por la escalada de precios y la crisis económica.
En Córdoba, el Banco de Alimentos, que distribuye unos 350.000 kilogramos al mes de productos básicos a entidades sociales que trabajan en toda la ciudad, maneja unas previsiones complicadas para los próximos meses.
La inflación está provocando un aumento significativo de la demanda y, por ello, la entidad ha acumulado alimentos en julio y agosto con la estimación de que el otoño y el invierno se puedan afrontar dando las mejores garantías posibles a las personas más vulnerables.
Algo parecido ocurre en Granada, donde el Banco de Alimentos se enfrenta actualmente a un aumento de la demanda que ya casi alcanza las cifras registradas en la pandemia de coronavirus, y, por contra, a un descenso de las donaciones, tanto de productos como económicas, y a que «el dinero recibido permitía antes llenar una cesta con diez productos y ahora, solo con seis», ha explicado a Efe un portavoz de las instalaciones.
Si el año pasado fueron 39.680 personas las atendidas, actualmente son unos 45.000 los solicitantes de ayuda, situación que afrontan con el problema añadido del aumento del coste de mantenimiento de las instalaciones por la subida de la luz y el gas.
Muchos de los afectados por la situación actual son los jóvenes, a los que no solo les falta comida. En un informe reciente, Cruz Roja alertaba que se ha duplicado en apenas dos años la cifra de jóvenes de entre 16 y 30 años que acuden a pedir ayuda por falta de empleo y de ingresos para poder pagar sus estudios o el acceso a internet, pasando de los 100.000 que atendía antes de la pandemia a cerca de los 200.000 (196.897).
Cruz Roja analiza en el documento ‘Los y las jóvenes y el reto de la digitalización en la Covid-19: competencias para la vida, el empleo y la educación’ la situación de esos jóvenes, que sufren falta de formación, limitado nivel de competencias, dificultades de acceso al empleo, explotación laboral, precariedad en los hogares y un bajo estado de ánimo.
La mitad de ellos no pueden pagar el uso de internet y teléfono, el 61,9 % sufren pobreza extrema (frente al 9,5 % de la población general) y cuatro de cada diez tiene miedo por la precariedad económica que padecen y por su futuro.
«Sus familias tienen dificultades para mantenerles, y una parte de ellos sufren las consecuencias de una difícil emancipación o una emancipación obligada que se hace en condiciones de vulnerabilidad por la extrema precariedad laboral o trabajo sumergido». La mayoría también un escaso nivel de competencias digitales para el empleo, destaca la investigación, que incluye también una encuesta a medio millar de estos jóvenes usuarios.
«Han pasado la frontera de ser ciudadanos a supervivientes; nos preocupa mucho su situación, deben buscarse la vida para todo, son mendigos de los datos de wifi, de la búsqueda de energía o de un hogar para vivir», decía hace unos días el coordinador de Cruz Roja, Antoni Bruel en la presentación del estudio.
Para el responsable la organización, «los jóvenes se encuentran en situaciones extremas que les hace difícil gestionar sus preocupaciones y su vida» provocadas por la desigualdad y la falta de oportunidades.
El estudio elaborado por Cruz Roja muestra que el 52 % de estos jóvenes se encuentran en situación de desempleo; un 27 % ha perdido su trabajo durante la pandemia.
La falta de experiencia laboral es importante: el porcentaje de jóvenes menores de 19 años sin experiencia laboral es del 61 %, el 30 % en los de 19-24 años y el 11 % en mayores de 24 años.
Cruz Roja ha detectado un bajo estado de ánimo generalizado en jóvenes con dificultades sociales y laborales: un 25 % admite que se estresa por cualquier situación adversa, un 11 % suele manifestar ira a menudo, un 14 % siente tristeza y el 41 % afirma tener miedo al futuro.
Destaca el alto abandono temprano de estudios, sobre todo en jóvenes de menos de 16 años, por la falta de recursos de sus familias, principalmente. Un 26 % han dejado sus estudios sin finalizar la ESO y un 27 % tras acabarla. En el ámbito universitario, los han abandonado otro 23 %.
La responsable de Estudios, Estrella Rodríguez, alerta del posible empeoramiento en los próximos meses de su situación con la subida de los precios y también del riesgo de aceptar trabajos precarios, especialmente los más jóvenes (en el tramo de 16 a 21 años), con un alto esfuerzo físico y sin seguridad laboral. «Su situación provoca que cojan cualquier trabajo sin tener en cuenta problemas de explotación y de riesgo para su salud».
Para una familia de 2 adultos y 2 hijos que estén ingresando 800 euros mensuales, una subida general del IPC del 10%, supone 80 euros más de gasto mensual para esta familia, lo que significa agravar los problemas para cubrir los gastos esenciales de alquiler, de pago de electricidad, de gas y de llenar la nevera. “Se trata de una situación inasumible para muchos hogares”, apunta la secretaria general.
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