Una impugnación desde Andalucía a la nueva legislación aprobada por el Ejecutivo
Colectivos andaluces denuncian la reciente reforma de las pensiones en España como una concesión del Gobierno PSOE-UP a la oligarquía, en lugar de garantizar los derechos de los pensionistas y reducir la brecha de género (…).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado 16 de marzo, el Gobierno de España aprobaba el Decreto Ley denominado «Medidas Urgentes para la Ampliación de Derechos de los Pensionistas, Reducción de la Brecha de Género y Establecimiento de un Nuevo Marco de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones».
En un comunicado conjunto, el Sindicato Unitario de Andalucía, Nación Andaluza y Andaluzas en Pie denuncian que la reforma gubernamental no sólo no garantiza los objetivos propuestos sino que, en algunos casos, avanza en sentido contrario.
Según estos colectivos, la reforma hace cinco grandes concesiones a la oligarquía española:
«A pesar de prometer la ampliación de derechos para los pensionistas, la reforma establece – dicen – que las pensiones mínimas contributivas alcancen el 60% de la renta media de un hogar de dos personas en 2027, arrastrando un retraso estructural de cuatro años. Además, no se tiene en cuenta la inflación prevista, lo que dejaría las pensiones mínimas por debajo de los 1.200 euros que reivindica el movimiento pensionista».
En relación a las pensiones no contributivas y la reducción de la brecha de género -añaden- «se introducen medidas positivas pero limitadas, que parecen tener más un fin propagandístico que real. Aunque se establece que las pensiones no contributivas alcancen el 75% del umbral de pobreza en 2027, no se garantiza el derecho a que la pensión mínima equivalga al 60% de la renta media, tal y como prescribe la Carta Social Europea».
El «Nuevo Marco de Sostenibilidad de las Pensiones Públicas» no contempla la eliminación del tope de la base máxima para que se cotice por el salario real de cada trabajador, mientras se obliga a la clase obrera a aumentar sus cotizaciones hasta el 0,2% en 2029.
La «evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social» será revisada por la AIREF (Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal), cuyo objetivo es cumplir con el artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda pública.
La reforma no incluye la realización de una auditoría a la Seguridad Social, a pesar de estar recogida en la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, vigente desde el 1 de enero de 2021.
Los colectivos andaluces firmantes de la declaración conjunta «subrayan que la riqueza generada por la clase trabajadora va, en gran medida, a la acumulación de capital, en lugar de a los derechos sociales como las pensiones. Exigen medidas concretas, como la jubilación a los 60 años, la derogación de las reformas de las últimas dos décadas, una pensión mínima de 1.200 euros, la subida de las pensiones con el IPC, la inclusión en los presupuestos del Estado de la financiación de la Seguridad Social y un periodo de cálculo de las pensiones de jubilación basado en los 15 mejores años de vida laboral».
Denuncian, asimismo, «que las pensiones de las andaluzas son de media 126,46 euros menos que la media del Estado español y de las más bajas de la Península».
Los firmantes del comunicado instan a «luchar por la defensa de las pensiones públicas y por la dignidad de los mayores, y reiteran su compromiso en la lucha contra la explotación asalariada, el Estado español y el capital».
