MIEDO Y CENSURA EN LA GESTIÓN DEL COVID-19: ¿AL SERVICIO DE QUÉ? (VÍDEO)

«Las farmacéuticas tienen un larguísimo historial de corrupción de políticos, expertos y médicos para lograr sus objetivos»

A medida que pasa el tiempo, el necesario análisis retrospectivo de las políticas gubernamentales y de los grandes medios de comunicación entorno al tratamiento de la pandemia de Covid-19 va desvelando hechos que difícilmente se corresponden -denuncia la médico y activista politica Ángeles Maestro – con objetivos de protección de la salud de las poblaciones frente a la nueva pandemia (…).

Por ÁNGELES MAESTRO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

«Siempre me dije que la muerte empieza en el instante en el que se renuncia a los porqués de todo cuanto acontece». Juan García Oliver.  El eco de los pasos.

    A medida que pasa el tiempo, el necesario análisis retrospectivo de las políticas gubernamentales y de los grandes medios de comunicación va desvelando hechos que difícilmente se corresponden con objetivos de protección de la salud de las poblaciones frente a la nueva pandemia.

      Los interrogantes son muchos y como veremos, salvo algunas excepciones, las líneas generales aplicadas por los gobiernos y las corporaciones mediáticas «occidentales» (leáse la UE y Estados Unidos) no difieren en lo sustancial. Por ello, aunque me refiera preferentemente al Estado español, no cabe pensar que sean el fruto particular de gobernantes inexpertos, sin que ello exima al Ejecutivo PSOE – Podemos de responsabilidad por sus acciones, u omisiones, en el tratamiento de la crisis Covid.

    La memoria es débil y quizás alguien no recuerde cómo desde el Gobierno central se escenificó y se ejecutó la militarización del miedo, con el imprescindible concurso de todos los grandes medios de comunicación. Obviamente, se trataba de crear una situación de pánico y de confusión que permitiera imponer medidas inadmisibles en circunstancias normales.

Rueda de prensa de Fernando Simón con los jefes de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército          

    Tan impactante «recurso informativo« fue retirado cuando el General de Brigada de la Guardia Civil, Santiago Marín, cometió la imprudencia de declarar que se le había encargado «investigar y minimizar el clima social contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”.

«Hay una larga lista de de personalidades científicas de primer nivel y sin conflicto de intereses con la industria farmacéutica que han sido censuradas y estigmatizadas sólo por emitir  puntos de vista críticos«

     La indiscreción del General que, en su momento, desató ruidosas críticas, fue una muestra precoz del tratamiento informativo de la pandemia, como veremos más adelante. Dos meses más tarde, el citado General fue ascendido a Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

1. Un escenario de miedo, confusión e impotencia

    Se creó una sensación de catástrofe y de riesgo de muerte general para una enfermedad con una tasa global de letalidad de 0,8%. Junto a la persecución policial de quienes se atrevían a salir a la calle si no era para trabajar, contribuyeron decisivamente a la extensión del pánico las terribles imágenes de miles de personas mayores muertas en situación de total abandono en residencias de mayores o solas en sus  casas.  Si bien la causa inmediata de la muerte pudiera ser el Covid 19 no cabe duda de que a estas personas se les negó la asistencia sanitaria. Para decirlo con más claridad, por indicación de las Consejerías de Sanidad, se les impidió el acceso a los hospitales públicos  y se les abocó a una muerte segura en completa soledad. Mientras tanto,  los hospitales privados exhibían una situación de insultante normalidad y en ellos  ingresaban personajes públicos y personas adineradas de todas las edades.

   Las decenas de miles de muertes por denegación de asistencia sanitaria fueron el resultado de dos procesos, uno de ellos, estructural, y otro más inmediato.

• Los hospitales públicos se encontraban en condiciones normales, anteriores a la pandemia, al borde del colapso debido a la insuficiencia progresiva de recursos de una sanidad pública que se viene desmantelando desde hace dos décadas por las consejerías de sanidad para favorecer el negocio privado.

• Ante la insuficiencia desesperada de recursos sanitarios públicos y la evidencia de miles de muertes por falta de asistencia, ni el gobierno central, ni los autonómicos, intervinieron los hospitales privados, a pesar de que esta posibilidad estaba prevista en el artículo 13 del R. D. de Estado de Alarma.

El desprestigio de cualquier otro tratamiento abría la puerta, en un escenario de terror e inseguridad generalizados, a las vacunas como solución definitiva

    El confinamiento, el bloqueo informativo y el impacto paralizante del miedo impidieron que estallase la reacción popular de indignación, que vivieron en solitario miles de familias de los barrios obreros. Si bien en las primeras semanas no se expresó en las calles la ira del pueblo contra los responsables de miles de muertes evitables, si hubo, en pleno confinamiento, manifestaciones en los barrios burgueses sin que dieran lugar a represión policial alguna. Cuando en septiembre, ya finalizado el confinamiento,  la juventud de los barrios obreros salió masivamente a denunciar las carencias de la sanidad pública y la asfixiante presencia policial en sus calles, «menos policía, más sanidad», los brutales apaleamientos y las detenciones volvieron a recordar a qué intereses responden loa aparatos del Estado.

     Hasta ahora, han sido archivadas por la Fiscalía todas las denuncias presentadas por familiares de las personas muertas, por «homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica».

2. La autorización condicional de las vacunas para una situación de emergencia

     Con el escenario del miedo bien aderezado, se impone la vacuna como única solución. En agosto de 2020, antes de que se conociera resultado alguno de los ensayos clínicos en curso, Estados Unidos y la UE deciden comprar millones de dosis a las grandes multinacionales farmacéuticas. La UE, además, acuerda que sean los gobiernos los que hagan frente al pago de indemnizaciones por posibles reacciones adversas de las vacunas y se dispone a eximir a las farmacéuticas  de toda responsabilidad civil.

     Se estaba abonando el terreno para proceder a la inoculación masiva de millones de personas sanas con unos fármacos cuya composición no se había utilizado nunca previamente como vacuna, para tratar una enfermedad de baja letalidad general, y con un periodo de ensayos clínicos de pocos meses. 

«Es esta fase del capitalismo, con el mayor grado de concentración de capital que ha conocido la historia, la que permite el mayor grado de control social»

    Lo inaudito de este proceso se entiende mejor si se compara con otros similares: el periodo de investigación de vacunas como la de la difteria o la poliomielitis, con una letalidad alta (hasta del 50% en el caso de la difteria), nunca fue inferior a cuatro años.

    La culminación del proceso para la autorización de emergencia (en Estados Unidos) y condicional (en la UE) requería dos elementos imprescindibles e interconectados: convencer a la opinión pública de que no existía tratamiento alternativo y la neutralización de la creciente información que contradecía el discurso oficial.

2.1. La «inexistencia» de alternativas terapéuticas

    Uno de los cuatro criterios establecidos por la Food and Drug Administration (FDA) para autorizar el uso de emergencia de un medicamento es la «inexistencia de alternativa adecuada, aprobada, disponible».

    El primer objetivo, pues, era situar la vacuna como única posibilidad terapéutica, desacreditando otras medicamentos, que sin constituir la panacea – eso en medicina no existe – estaban demostrando ser relativamente eficaces en tratamientos extrahospitalarios.

     A pesar de que 56 países adoptaron el tratamiento ambulatorio precoz para casos de Covid con medicamentos poco costosos, bien conocidos – – la hidroxicloroquina (HQC) y la ivermectina forman parte de la lista de medicamentos esenciales de la OMS -, y con una eficacia relativamente alta,  no sólo fueron denigrados o minusvalorados por los grandes medios de comunicación, sino que en EE.UU. llegó a prohibirse en las farmacias su dispensación para el tratamiento del Covid.

     Uno de los escándalos editoriales más ilustrativos es el que tuvo lugar en la prestigiosa revista The Lancet, con la publicación el 22 de mayo de 2020 de un estudio en el que se revelaba el «peligro de muerte cardíaca» ocasionado por la HCQ en el tratamiento de la Covid. Esta publicación, ampliamente difundida en todo el mundo, llevó a la inmediata suspensión de ensayos clínicos con HCQ. El 4 de junio, The Lancet se retractaba.  Tres de los cuatro firmantes del artículo se retractaron y dos de ellos reconocieron tener conflicto de intereses con la multinacional Gilead que promovía el Redemsvir, también  para el tratamiento del Covid. El artículo se retiró pero el daño ya estaba hecho. Durante una reunión de expertos a puerta cerrada filtrada el 24 de mayo de 2020 en Francia, los editores de The Lancet y New England Journal of Medicine (NEJM) explicaron cómo los actores farmacéuticos económicamente poderosos estaban corrompiendo «criminalmente» la ciencia médica para promover sus intereses.

   Ha habido que esperar hasta hace pocos días para que la OMS anuncie la puesta en marcha del ensayo llamado «Solidarity» para estudiar el tratamiento del Covid con varios de ellos, entre ellos la hidroxicloroquina, tras haber suspendido el ensayo correspondiente en mayo de 2020, «por precaución».

   El desprestigio de cualquier otro tratamiento, incluida la administración de suero hiperinmune procedente de pacientes que superaron el Covid,  y de los profesionales que los utilizaban, como veremos,  abría la puerta – en un escenario de terror e inseguridad generalizados – a las vacunas como solución definitiva.

2.2. La eliminación de información que cuestiona el discurso oficial

      Poco tiempo después de surgir la pandemia, empezaron a aparecer enlaces en los navegadores de Internet a noticias no buscadas, precisamente cuando se trataba de encontrar opiniones de expertos que podían cuestionar el discurso dominante. En estos enlaces se califica como fake la noticia requerida y dirigían hacia informaciones  oficiales.  Desde hace algunos meses, para los buscadores en lengua castellana, el procedimiento se ha sofisticado. Han aparecido páginas como newtral.es o maldita.es que, actuando a la velocidad del rayo, califican como falsa toda información emitida por científicos de cualquier parte del  mundo que cuestione la versión imperante. Puede decirse que la rapidez a la que actúan es directamente proporcional a la categoría profesional del investigador emisor de la información. Estas páginas son en realidad empresas cuyos fundadores son destacados periodistas vinculados a La Sexta, como Ana Pastor que es propietaria de Newtral.

      Pero Spain no es diferente. Como se relata en el riguroso artículo publicado recientemente por Elizabeth Woodwort, el asunto no empezó aquí sino que responde a una estrategia general centralizada en la Trusted News Initiative – Iniciativa de Noticias de Confianza (TNI), puesta en  marcha y liderada por la BBC. La TNI se crea en 2019, pero adquiere un enorme impulso dos semanas después de que la OMS declare la situación de pandemia por COVID, asumiendo como objetivo «combatir la desinformación dañina sobre vacunas» al tiempo que  «anuncia un importante proyecto de investigación».

    La misma BBC informa de que «Los socios que actualmente forman parte del TNI son: AP, AFP; BBC, CBC / Radio-Canada, Unión Europea de Radiodifusión (EBU), Facebook, Financial Times, First Draft, Google / YouTube, The Hindu, Microsoft, Reuters, Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, Twitter, The Washington Post«. Sus socios se alertan inmediatamente de la presencia de contenido inadecuado, el cual «se revisará con prontitud para garantizar que no se vuelva a publicar la desinformación». Es decir, se eliminará.

   Estas empresas son las que en cada país buscan los socios más adecuados. En el Estado español, Newtral y maldita actúan en colaboración con Facebook/ Whatsapp y Google/Youtube. La empresa Newtral, de la periodista Ana Pastor, declara un capital social inicial, en octubre de 2017, inferior a 10.000 euros y afirma haber facturado en 2020 más de 2.500.000 de euros.

   Así mismo, Microsoft anunció la creación de una herramienta llamada Project Origin, conocida como Microsoft Video Authenticator que forma parte de la TNI  y actúa para identificar deepfakes.

   El canon, el único discurso válido es el oficial, es decir, el que proviene de la OMS o de los organismos gubernamentales. Todo ello, a pesar de que, como corresponde a un proceso desconocido anteriormente, las informaciones «oficiales» se revelen como falsas o contradictorias poco tiempo después. Sin embargo, los múltiples desatinos de los representantes del poder debieran ser una razón más para dar paso a un debate abierto sobre asuntos  que afectan directamente a la vida, a la salud  y a los derechos y libertades de la población.

   Y no solamente se trata de errores, comprensibles en cualquier proceso que afecte a la vida, aunque precisamente por eso debería estar abierto al debate y a la contradicción.

    Lo que no se puede ocultar, si no es con intereses espurios, es que las multinacionales farmacéuticas tienen un larguísimo historial de corrupción de políticos, expertos y médicos para lograr sus objetivos económicos, como ha denunciado magistralmente  Peter C. Gotzsche. Baste ahora recordar el soborno realizado por la multinacionales farmacéuticas al Comité de Expertos de la OMS para la gripe A y denunciado por la misma agencia internacional al día siguiente de declarar extinguida la pandemia . El pasado mes de julio se conoció que las tres mayores empresas distribuidoras de medicamentos y la farmacéutica Johnson & Johson habían acordado pagar 26.000 millones de dólares para hacer frente a las demandas por su responsabilidad al promover fraudulentamente el consumo de opioides. Se generó así la adición a los mismos de muchas centenares de miles de personas  falleciendo cerca de 70.000 por sobredosis.

3. ¿Quién mueve los hilos del engranaje?

    Como corresponde al multimillonario negocio abierto con la compra por parte de los estados de cientos de millones de dosis de vacunas contra el Covid 19, las dos mayores empresas de Fondos de Inversión del mundo, Black Rock (ocho billones y medio de dólares en activos) y Vanguard (6,2 billones de dólares) son las mayores accionistas de la tres grandes multinacionales farmacéuticas productoras de vacunas: Pfizer, Moderna y Astra Zeneka.

    Estos dos gigantescos Fondos son inversores mayoritarios en las principales empresas del Ibex 35, incluidos los grandes bancos CaixaBank, Banco Santander y BBVA, quienes a su vez son accionistas de los principales medios de comunicación del Estado español. Entre los dos Fondos son además accionistas mayoritarios del New York Times y de cuatro de los seis grandes grupos que controlan los medios de comunicación en EE.UU., y en buena parte del mundo: Time Warner, Comcast, Disney y News Corp.

Esquema del control de los medios de comunicación por las multinacionales del sector

    En el Estado español no sólo controlan ambos fondos de inversión  la producción de información y la creación de opinión a través de estos gigantes de la comunicación sino que desde noviembre de 2020, Blackrock y otro gran fondo de inversión, CVC, se convirtieron en los  mayores propietarios del Grupo Prisa, incluido El País y la Cadena SER, al comprar su deuda por un valor de más de 1.000 millones de euros.

    Además, Blakrock es propietaria de parte importante del accionariado de los principales conglomerados mediáticos del Estado español. Controla directamente parte del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y la Sexta, y del grupo Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco.

    Este conglomerado de poder económico y mediático está contando con la colaboración pasiva de la   mayor parte de las sociedades médicas – que subsisten en gran medida gracias a las subvenciones de la industria farmacéutica – y la muy activa de los gobiernos de todo color político como brazos ejecutores  indispensables de todo este engranaje de intereses.

     Hablar de la independencia de los medios de comunicación, en general, y muy especialmente en los que concierne a la epidemia Covid y a las vacunas, parece una broma de mal gusto y/o un insulto a la inteligencia.

4. ¿A quién se ha censurado?

     Por si alguna persona ingenua pudiera pensar que se ha censurado a youtubers «antivacunas» o a líderes de extrema derecha negacionista, relaciono la lista incompleta de personalidades científicas de primer nivel y sin conflicto de intereses con la industria farmacéutica. Este aspecto es crucial, como bien puede comprenderse, y que está por demostrar por parte de los socios centrales y periféricos de la TNI.

    Estas personas censuradas, denigradas y estigmatizadas como «negacionistas» o «antivacunas» no tienen nada en común entre sí, salvo haber emitido puntos de vista críticos con las vacunas Covid o la gestión de la pandemia, vinculados estrictamente a su ámbito profesional o científico. Todas ellas  han sido denostadas por personal de medios de comunicación con una cualificación muy inferior o inexistente para estos temas y para los que, insisto, está por establecer, para ellos y para sus empresas, la ausencia de vinculación económica con las grandes corporaciones farmacéuticas.

Reproduzco a continuación una relación no exhaustiva de sus nombres, breve resumen curricular, y enlace a las declaraciones tachadas de fake:

• Luc Montagnier. Virólogo francés. Premio Nóbel de Medicina en 2008.

• Kary Banks Mullis. Bioquímico estadounidense. Premio Nóbel de Química, inventor de la PCR

• John Ioannidis: Médico griego-estadounidense, director del Centro de Investigación en Prevención de Stanford. Editor jefe delEuropean Journal of Clinical Investigation.

• Robert W. Malone: virólogo, inmunólogo y biólogo molecular estadounidense. Inventor de la plataforma de tecnología ARNm.

• Didier Raoult: infectólogo y microbiólogo francés, especialista en las enfermedades infecciosas emergentes en la Universidad de Aix-Marsella AMU. Forma parte del Consejo científico independiente COVID-19 ​que asesora al gobierno de Francia en la lucha contra la pandemia de enfermedad por coronavirus

• Karina Acevedo: Doctora en Inmunogenética por la Universidad de Cambridge, Posdoctorado en Epidemiología por el Instituto de Zoología de Londres. Doctora en Zoología (Ecología Molecular).

• Roger Hodkinson. Médico patólogo canadiense, ex presidente de la sección de Patología, que incluye Virología, del Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Otawa. Reconocido por el Tribunal de la Corte de la Reina en Alberta como experto en patología.

• Christian Perronne, médico francés especialista en enfermedades transmisibles. Ex vicepresidente del Comité de Expertos de la OMS que elabora las recomendaciones de inmunización para Europa. Ex presidente de la sección de enfermedades transmisibles del Alto Consejo de la Salud Pública, órgano asesor de la política sanitaria del Gobierno francés.

• Geert Vanden Bossche: virólogo independiente y experto en vacunas. Trabajó como director del programa de Ébola de la Global Alliance for Vaccines and Immunisation, en el equipo de investigación de la Fundación Bill & Melinda Gates, para diversas farmacéuticas y en el German Center for Infection Research como director de la oficina para el desarrollo de vacunas.

• Juan Gervás, médico de Atención Primaria. Miembro del Grupo de Vacunas de laRed Española de Atención Primaria.

• Hélène Banoun: Farmacóloga y bióloga, perteneció al Instituto Francés de Salud e investigación médica. Forma parte del Consejo científico independiente COVID-19 ​que asesora al gobierno de Francia en la lucha contra la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020.

• Michael Yeadon: Biólogo, bioquímico y farmacólogo británico, especialista en enfermedades alérgicas y respiratorias. Exdirector científico del área de investigación respiratoria y alergias de Pfizer.

    El TNI también ha censurado a personal médico de primera línea que ha salvado miles de vidas con los primeros tratamientos de Covid-19.

     A finales del mes de julio se conoció la noticia de que Giuseppe De Donno, exjefe de neumología del hospital Carlo Poma de Mantua, conocido por haber usado con pacientes graves el tratamiento con suero hiperinmune procedente de personas que habían padecido y sobrevivido al Covid 19, había aparecido ahorcado en su casa. A pesar de que, todos los pacientes así tratados sobrevivieron a la enfermedad, De Donno fue  atacado y denigrado públicamente, hasta el punto de que abandonó su puesto y se dedicó a la «medicina de base». La Fiscalía ha abierto investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y excluir un homicidio

       En el momento de acabar de escribir este artículo se ha conocido la información facilitada por Google al gobierno australiano acerca de su campaña global por valor de 726 millones de dólares para contrarrestar la «desinformación sobre el Covid». Entre los videos censurados por Google y Youtube están incluidos los correspondientes a varios de los investigadores arriba citados. Diferentes autores están señalando el conocimiento limitado e inestable que se posee acerca del Covid que hace que temas como la eficacia del confinamiento o de las vacunas estén en discusión, y sobre todo, se preguntan acerca de la confiabilidad atribuible a quienes deciden si una información es falsa o dañina. La investigadora de bioética sueca Emilia Niemiec analizaba en un reciente informe científico titulado «COVID-19 y desinformación: ¿Es la censura de las redes sociales un remedio para la difusión de desinformación médica?«, si la censura podría servir intereses políticos, comerciales u otros. En el citado informe afirmaba: “La censura no se basa únicamente en la ciencia. Un análisis de contenido prohibido en las redes sociales sugiere que la moderación a menudo tiene un sesgo político».

    En el mismo sentido, el senador australiano Malcolm Roberts preguntó en el Senado el 11 de agosto «si existía un posible «conflicto de intereses» que le diera a Google la última palabra sobre cómo se analiza y aprueba la información sobre la vacuna COVID-19″. Roberts señaló al respecto que «la empresa matriz de Google y YouTube, Alphabet, posee el 12 por ciento de Vaccitech Ltd. a través de un fondo de capital de riesgo GV (anteriormente Google Ventures). Vaccitech es una empresa de biotecnología con sede en el Reino Unido que co-inventó la vacuna AstraZeneca». La publicación citada afirma haberse dirigido a Alphabet, Vaccitech y Google para contrastar la información sin haber obtenido respuesta.

      Sin pretender que las valoraciones de los científicos censurados concentren los análisis definitivos sobre el tema, lo que es inaceptable desde el más elemental derecho a la información es la censura como instrumento para negar cualquier debate o controversia pública entre cualificados interlocutores con posiciones diferentes. El hecho de que ésta sea la política general que se está implementando en la mayoría de los países apuntala  la sospecha de que se está hurtando el debate a la sociedad, precisamente porque es la única manera de conseguir que el miedo haga su trabajo, anestesiando la reivindicación del derecho a saber, mientras los dueños de las farmacéuticas y de los medios de comunicación culminan su negocio.

      Resumiendo, los propietarios de los grandes fondos de inversión del mundo son, a su vez, los dueños mayoritarios de las principales multinacionales farmacéuticas que están vendiendo sus vacunas a los Estados por valor de decenas de miles de millones de euros. Y esos mismos fondos de inversión, no sólo controlan la mayor parte de los grandes emporios mediáticos en EE.UU. – que a su vez controlan los medios locales «occidentales» -, sino que son propietarios mayoritarios, directa o indirectamente,  de los principales grupos mediáticos del Estado español.

     Es esta fase del capitalismo, con el mayor grado de concentración de capital que ha conocido la historia, la que permite el mayor grado de control social y la que, precisamente no soporta niveles de libertad de expresión que, en su momento, fueron consustanciales a las revoluciones burguesas. Máxima capacidad de control y mínima elasticidad para soportar la contradicción, indicadores de la falsa libertad que preconizan y de la decadencia del sistema.

    En todo caso, el hecho de que, por ahora, la concentración de poder económico y mediático convierta en anécdota irrelevante el color político de los diferentes gobiernos que, sumisos, marcan el paso de quienes realmente tienen en sus manos el poder, hace aún más apremiante la necesidad de que surjan  – y se publiquen en medios de comunicación verdaderamente independientes – voces que exijan con firmeza el debate público. Un debate abierto y libre con perfiles no solamente científicos, sino económicos, políticos, filosóficos y éticos.

   Voces que, como el «Yo acuso» de Emile Zola, deben levantarse sobre la violencia que impone las acusaciones de «negacionista», «antivacunas» o sospechoso de connivencia con la extrema derecha, realizadas precisamente por quienes desde posiciones dogmáticas intentan imponer el pensamiento único, o lo que es lo mismo, el no pensamiento.

Septiembre de 2021

(*) Ángeles Maestro es médica, Técnica Superior de Salud Pública y fue diputada, Portavoz de Sanidad en el Congreso.

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