¿Puede la ciudadanía recuperar el control frente al poder turístico?
El hotel Papagayo Arena, declarado ilegal hace más de 20 años, sigue operando con normalidad en la costa de Lanzarote. Su caso no es una excepción, sino el síntoma de un modelo económico que ha colonizado el Archipiélago: el turismo masivo como dogma, a cualquier precio.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En Lanzarote, frente a una costa antes virgen, un hotel de lujo ilegal con 485 habitaciones sigue operando a pleno rendimiento. Se trata del Sandos Papagayo Arena, antes conocido como Papagayo Arena, un complejo turístico declarado ilegal por los tribunales, cuyas licencias fueron anuladas por corrupción urbanística. Pese a ello, en 2024, el Gobierno de Canarias decidió autorizar la creación de dos accesos al mar desde este hotel, desoyendo el informe contrario del Estado, que considera la construcción incompatible con la protección del litoral.
La historia del Papagayo Arena es un compendio de irregularidades. Se construyó ocupando parte del dominio público marítimo-terrestre, eliminó un vial público de acceso a la playa y sobrepasó la altura y número de plantas permitidas. El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, hoy en prisión por corrupción, concedió la licencia ilegal en 1998, unificando dos parcelas de forma arbitraria. Desde entonces, el hotel ha funcionado sin interrupción, recibiendo turistas, facturando millones, y disfrutando de una playa pública que se ha privatizado de facto.
La sentencia del caso Yate, que anuló la licencia, fue tajante: “Con su actuación ilegal propició una alteración total de la realidad urbanística de Yaiza”.
Sin embargo, más de dos décadas después ninguna institución ha actuado para frenar el funcionamiento del hotel. Ahora, el Gobierno autonómico, dirigido por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha dado un paso más al permitirle abrir nuevos accesos al mar, legitimando por la vía de los hechos consumados lo que sigue siendo ilegal.
UN CASO QUE NO ES EXCEPCIONAL: EL NEGOCIO DE LA ILEGALIDAD HOTELERA EN CANARIAS
Pero el del Papagayo Arena no es un caso aislado. En Canarias, decenas de hoteles continúan funcionando sin licencia o con sentencias de demolición que nunca se ejecutan.
En Lanzarote, al menos 44 complejos turísticos fueron declarados ilegales en distintos procedimientos judiciales. Entre ellos se encuentran grandes nombres como el hotel Princesa Yaiza, el Dream Gran Castillo o el Son Bou. Todos levantados al margen de la ley, todos beneficiados por el cómplice inmovilismo institucional.
En Fuerteventura, la urbanización turística Origo Mare fue construida dentro de un hábitat protegido y su licencia fue anulada. La Fiscalía ha solicitado 30 años de cárcel para los responsables. Pero, igual que en Lanzarote, las construcciones ilegales siguen en pie, acogiendo turistas, como si nada hubiera pasado.
La clave de esta impunidad reside en la colusión entre poderes públicos y empresariales. El llamado “urbanismo de promotor”, donde alcaldes y técnicos municipales conceden licencias exprés a cambio de favores o comisiones, ha sido una práctica extendida. Y los jueces, aunque han emitido sentencias, se enfrentan al muro de una administración que ni ejecuta ni fiscaliza. Se alarga el proceso, se eterniza la legalización y mientras tanto, los hoteles siguen operando. En este terreno delinquir sí sale rentable.
TURISMO MASIVO, COLAPSO ECOLÓGICO Y CRISIS SOCIAL
Este modelo basado en la expansión ilimitada del turismo ha tenido un coste ambiental y social gigantesco. En Canarias, la masificación turística ha tensado todos los recursos naturales: escasez de agua, vertidos ilegales, pérdida de biodiversidad, aumento de residuos y destrucción del litoral.
El 72% de los puntos de vertido de aguas residuales censados en Canarias no están autorizados. Muchas playas han sido cerradas por contaminación. Se generan 548 kilos de residuos por habitante al año, colocándose entre las regiones con más basura del Estado español. El territorio insular, frágil por definición, se ve transformado a gran velocidad para alojar millones de visitantes, mientras los recursos básicos colapsan.
Al mismo tiempo, la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para la población local. El aumento de pisos turísticos y el alza de los precios del alquiler han expulsado a miles de residentes de sus barrios. Trabajadores del sector turístico viven en caravanas o forma parte de listas de espera interminables para acceder a una vivienda pública que nunca llega.
Este es el verdadero rostro del monocultivo turístico: un sistema que enriquece a unos pocos, mientras empobrece, desplaza y contamina.
LA RESPUESTA SOCIAL: “CANARIAS TIENE UN LÍMITE”
Frente a esta situación, la sociedad canaria ha comenzado a alzar la voz. El movimiento “Canarias tiene un límite” ha canalizado el descontento popular ante la saturación turística. El pasado 20 de abril de 2024, más de 57.000 personas se manifestaron en todas las islas exigiendo una moratoria turística, un control real de los alquileres, una ecotasa para conservar el territorio y, sobre todo, un cambio radical de modelo.
Durante la protesta, Enrique Reina, portavoz de la plataforma Tanekra, declaraba:
“No dudamos que el turismo de masas deja mucho dinero. La cuestión está a costa de qué y de quiénes. No queremos volver al pasado, pero siendo conscientes del mismo, decimos alto y claro que queremos tener un futuro”.
Las acciones ciudadanas no se limitan a las calles. El 14 de octubre de 2024, activistas de “Lanzarote tiene un límite” entraron al hotel Sandos Papagayo –el mismo que ahora quiere nuevos accesos al mar– para denunciar su ilegalidad. Con una garrafa llena de agua de la piscina y panfletos informativos, explicaron a los turistas que se alojaban en un hotel declarado ilegal y que, sin embargo, sigue operando gracias a la pasividad institucional.
¿QUIÉN MANDA EN CANARIAS?
El caso del Papagayo Arena y del resto de hoteles ilegales en las islas revelan una verdad incómoda pero evidente: en Canarias se gobierna en representación de intereses turísticos y empresariales. El turismo, convertido en dogma, es intocable. Todo se justifica en nombre del empleo o del “desarrollo económico”, aunque implique vulnerar leyes, destruir ecosistemas y precarizar la vida de la mayoría.
Coalición Canaria, partido hegemónico en muchas instituciones del Archipiélago, ha sido parte activa de este entramado. Con el apoyo del Partido Popular, PSOE o Nueva Canarias, así como del partido Podemos en el la pasada legislatura, han consolidado un modelo que favorece al gran capital turístico -en su mayoría foráneo – y desprecia cualquier límite ecológico o social.
Mientras tanto, el Estado central se limita a emitir informes que se ignoran, y los tribunales, aunque dictan sentencias, no logra ejecutarlas.
https://canarias-semanal.org/art/36996/hoteles-ilegales-en-canarias-impunidad-corrupcion-y-colapso
