En una insólita e inexplicable conducta, Maduro negocia con el Gobierno de Sánchez el asilo político de quien instó a EEUU a invadir su país

Un grupo de expresidentes españoles se han subido a la grupa de un potro sobre cuya cabalgadura pretenden liderar una ofensiva legal contra Nicolás Maduro, exigiendo su arresto por crímenes de lesa humanidad. Pero, ¿es este un genuino esfuerzo por la justicia o una estrategia para apoderarse del petróleo venezolano? Simultáneamente y por su parte, el Gobierno de Maduro acaba de negociar el asilo político Edmundo Glez. Urrutia, un personaje que tan solo hace unas pocas semanas pedía a Washington la intervención en su país

POR MARTÍN ÁLVAREZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

      Recientemente, un grupo de expresidentes de españoles  y de América Latina, liderados por Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, ha firmado una petición dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) solicitando la detención inmediata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

     Esta petición ha sido presentada como un llamado a la justicia por los crímenes de lesa humanidad que, según los rubricantes, se han cometido bajo el régimen de Maduro.

     No obstante, este gesto no pude ser entendido como un gesto humanitario, sino como parte de una estrategia más amplia, impulsada por intereses geopolíticos y económicos, principalmente en torno al control del petróleo venezolano y la influencia en la región.

– Antecedentes de la presión internacional contra Venezuela

     El conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro tiene sus orígenes, sin embargo, en la resistencia de Venezuela a alinearse con los intereses imperiales de Estados Unidos y sus aliados europeos. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, Venezuela ha seguido un curso de confrontación directa con el modelo neoliberal dominante, nacionalizando algunos recursos estratégicos como el petróleo y utilizando sus beneficios para financiar programas sociales. Este giro hacia una economía más orientada hacia la aplicación de algunas medidas,   ha convertido al país en un objetivo constante de campañas de desestabilización política y económica por parte de potencias occidentales.

     Desde 2013, cuando Maduro asumió la presidencia tras la muerte de Chávez, la situación en el país se ha agravado. Venezuela ha sido blanco de sanciones internacionales, que han debilitado su economía, disparando la crisis social. Estas sanciones, lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea, han afectado directamente la capacidad de Venezuela para vender su petróleo y acceder a bienes esenciales. Bajo el pretexto de violaciones de derechos humanos y corrupción, el objetivo subyacente de estas sanciones parece claro: desmantelar el proyecto político que se está llevando a cabo, y restablecer un gobierno más afín a los intereses empresariales y políticos occidentales.

     El caso de Juan Guaidó fue emblemático en este contexto. En 2019, Guaidó, un político prácticamente desconocido fuera de Venezuela, se autoproclamó presidente interino del país con el respaldo inmediato de Estados Unidos y de varios países europeos, en una operación que pretendía legitimar un cambio de régimen desde el exterior. Sin ir más lejos, por ejemplo, el actual presidente español, Pedro Sánchez, dio un ultimátum al gobierno venezolano, tratando de presionarlo para que presentara de forma inmediata su dimisión y diera paso al «presidente» Juan Guaidó, designado por el entonces mandatario Donald Trump.

   Sin embargo, aquella estrategia fracasó debido a la resistencia interna en Venezuela y al apoyo de actores internacionales clave como Rusia y China. Tal fracaso, sin embargo, no ha terminado de disuadir a los gobiernos occidentales de seguir utilizando herramientas diplomáticas y económicas para intentar derrocar al gobierno de Maduro. La reciente petición de los expresidentes se inscribe en esta línea de acción, representando otro intento por recuperar el control sobre los vastos recursos naturales de Venezuela, especialmente su petróleo.

– LA TRAYECTORIA DE LOS RUBRICANTES Y SUS INTERESES

Felipe González: De la izquierda al neoliberalismo

    Felipe González, expresidente del Gobierno de España por el Partido Socialista Obrero Español   desde su retirada de la política activa, ha terminado virando hacia posturas cada vez más cercanas al neoliberalismo,  alineándose con políticas promercado y vinculándose estrechamente con grandes corporaciones, para las que trabaja profesionalmente. Desde hace años, ha sido un crítico vehemente del chavismo y de Maduro, promoviendo sanciones y apoyando movimientos desestabilizadores en Venezuela. Cabe preguntarse si su participación en esta petición responde a un genuino interés en la defensa de los derechos humanos o si está alineada con sus vínculos con el capital financiero y empresarial, que ve en la caída del gobierno de Maduro una oportunidad para la explotación de los inmensos recursos venezolanos.

José María Aznar: aliado de los intereses de Estados Unidos

    José María Aznar, expresidente del Gobierno por el Partido Popular (PP), fue uno de los más firmes aliados de Estados Unidos en Europa, especialmente durante la administración de George W. Bush. Su implicación en la guerra de Irak en 2003 fue un claro ejemplo de cómo Aznar antepuso los intereses geopolíticos de las grandes potencias occidentales a las preocupaciones nacionales. En el caso de Venezuela, Aznar ha mantenido una postura dura, atacando constantemente al gobierno de Maduro y defendiendo abiertamente la necesidad de un cambio de régimen. Dada su trayectoria, es evidente que su firma en esta petición está en sintonía con los intereses empresariales y geopolíticos occidentales, que buscan un acceso privilegiado a los recursos naturales de Venezuela.

Mariano Rajoy: Continuidad en la trayectoria proimperial

    Mariano Rajoy, también del Partido Popular, mantuvo las políticas neoliberales durante su mandato, enfrentándose a las crisis económicas en España mediante recortes y privatizaciones. En el ámbito internacional, Rajoy apoyó las sanciones impuestas a Venezuela por la Unión Europea y, aunque no tuvo una presencia tan activa como Aznar en los asuntos latinoamericanos, se alinea con la política del PP de respaldo a la intervención extranjera en Venezuela. Su firma en esta petición no es sorprendente y refleja la continuidad en las posiciones imperialistas de su partido.

– LOS PROPÓSITOS OCULTOS DE UNA PETICIÓN

     Detrás de esta petición, hay claros indicios de que los verdaderos intereses de los firmantes no están motivados por la defensa de los derechos humanos, sino por el control económico de los recursos venezolanos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, lo que la convierte en un objetivo estratégico para las potencias occidentales, en particular para Estados Unidos y la Unión Europea, que buscan asegurarse el acceso a estos recursos en un momento en que la competencia geopolítica por la energía es cada vez más feroz.

     El documento firmado por estos expresidentes forma parte de un intento de crear las condiciones necesarias para una intervención directa o indirecta en Venezuela, justificándola bajo la bandera de los derechos humanos. Sin embargo, es revelador que estos mismos líderes no hayan pedido sanciones ni acciones judiciales contra otros países que han cometido crímenes   graves, como Israel en su conflicto con Gaza, donde 40 mil civiles han sido asesinados. Este doble rasero pone en duda la autenticidad de las intenciones detrás de la petición y refuerza la tesis de que el verdadero objetivo es el control económico de Venezuela.

– PARALELISMOS CON LA «OPERACIÓN GUAIDÓ»

   El «caso de Juan Guaidó» es un ejemplo claro de cómo los intereses de las grandes potencias, han tratado de intervenir en los asuntos internos de Venezuela bajo el pretexto de restaurar la democracia. En 2019, Guaidó fue rápidamente reconocido por una serie de países occidentales, a pesar de que no había sido elegido presidente en ningún proceso democrático legítimo. Este movimiento, impulsado por Estados Unidos y apoyado por la Unión Europea, pretendía deslegitimar el gobierno de Maduro y allanar el camino para un cambio de régimen favorable a los intereses extranjeros.

    Al igual que en el caso de Guaidó, esta nueva petición parece formar parte de una estrategia para aumentar la presión sobre Maduro, buscando su destitución mediante mecanismos legales internacionales como la CPI. Sin embargo, como sucediera con Guaidó, la legitimidad de esta operación es cuestionable, ya que parece estar motivada más por intereses económicos que por un verdadero deseo de mejorar la situación de los venezolanos. La explotación del petróleo venezolano sigue siendo el principal objetivo de estas maniobras, y el respaldo de figuras como González, Aznar y Rajoy no hace más que confirmar esta hipótesis.

   En esta misma línea, hace apenas unas horas, mientras redactábamos el presente artículo, el presidente español Pedro Sánchez gestionó con el Gobierno venezolano, el asilo político del candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo Gonzalez Urrutia, que acaba de aterrizar en Madrid a bordo de un avión de las fuerzas aéreas españolas.

    Este hecho ha venido a confirmar dos supuestos, que en un próximo artículo trataremos de comentar:

    1) El abierto compromiso del Ejecutivo español con los sectores de la extrema derecha venezolana.

    y 2) la insólita e inexplicable conducta del propio Gobierno venezolano que, al igual que sucediera con Juan Guaidó, un siniestro personaje que se paseaba libremente por las calles de Caracas llamando a Washington a que invadiera su país, ahora otorga la posibilidad de refugiarse en España a un personaje cuya acción conspirativa provocó la muerte de 24 ciudadanos venezolanos, poniendo al país al borde de un precipicio. 

https://canarias-semanal.org/art/36710/tres-expresidentes-espanoles-piden-que-maduro-sea-detenido-de-inmediato