Desde décadas, nuestro país padece de un sistema energético deficitario y
corrupto al que el pueblo ha tenido que soportarle la fatiga de largas
tandas de apagones.
Pero los apagones no solo generan incomodidad, sino, sobre todo,
importantes pérdidas económicas, tanto a nivel de los hogares como del
comercio: daños en aparatos eléctricos, en alimentos refrigerados,
paralización de la producción; llegar inclusive a provocar incendios, con
sus respectivas consecuencias.
De todo esto se deriva la reducción de la calidad de vida, quiebras de
negocios, desempleos y atrasos generalizados, alicientes suficientes para
frenar el desarrollo.
Los apagones han sido utilizados como tema de campañas por los partidos
de la oposición, quienes tratan de capitalizar el descontento generado por
los mismos para transformarlo en votos. Atribuyen así toda la
responsabilidad al gobierno de turno, olvidándose de que en sus gestiones
la situación no era menos dramática. En tanto, el partido en el poder trata
de justificarlo aunque que se vea precisado a utilizar los argumentos más
baladíes posibles, como aquellos de que las chichiguas y los tenis colgados
sobre las redes eran los responsables de los cortes energéticos.
Balaguer, por ejemplo, atribuía los mismos a sabotajes provocados por los
trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores de la
Corporación Dominicana de Electricidad (SITRACODE). Claro, su propósito
no era otro que el de destruir el sindicato, uno de los más consistentes de
la época. Y para lograrlo, designó a Ramón Pérez Martínez (Macorís), ex
jefe de la Banda Colorá, como director de la Corporación. Con el sindicato
destruido y los apagones sin resolverse, había que buscar nuevos
argumentos, y no tardaron en aparecer: El Estado es ineficaz y corruto, la
CDE debe pasar al sector privado.
Y en el año 1998, el presidente de entonces, Leonel Fernández Reina,
aprovechando los vientos neoliberales provenientes de otros lares, Chile,
por ejemplo, e impuestos por el capital financiero internacional, inicia,
bajo el eufemismo de capitalización, el proceso de privatización de las
empresas del Estado, a la que no escapó la Corporación Dominicana de
electricidad (CDE).
Las consecuencias funestas de este concierto privatizador son
prácticamente de todos conocidos: seguimos bajo el reinado del caos y el
desasosiego, tarifas eléctricas cada vez más caras, servicio energético
deficitario y mayor inversión estatal en subsidios y pago del consumo de
las instituciones públicas, además de las millonadas de dinero puestas en
bolsillos de algunos funcionarios de entonces que vendieron, tal como
dicen por ahí, a precio de vaca muerta.
Y no conforme con todo esto, los auspiciadores de la privatización,
procuran dar otra estocada al patrimonio público, empezando por el
propio presidente, Luis Abinader, al plantearse la venta de la distribución
de la energía puesta en manos de las Edes.
Para que se tenga una idea de lo dañino que ha resultado para la
economía del país la privatización, resulta idóneo señalar que antes de
esta, el Estado tenía todo el control del sistema eléctrico y aunque solo
cubría el 70 % de la demanda de entonces, no se pagaba el consumo de
las instituciones Públicas y el costo del subsidio era tan solo de 205
millones de pesos mensuales.
En la actualidad, el consumo público se paga con recursos del Estado y el
subsidio mensual se aproxima a los RD$4,916.67 millones, es decir 23
veces más que antes de la privatización.
Los cortes en el suministro energético que se iniciaron en la década de
1970 han tenido momentos relevantes, y todos los gobiernos surgidos,
desde entonces, no escapan a los mismos.
Así, entre los años 1988-2009, se registraron 87 apagones generales. En
los años 90 ocurrieron cortes de hasta 20 horas; en 2008 estos alcanzaron
hasta 13 horas continuas.
Como se puede apreciar todo este desastre responde a un mal del
sistema, propio de una nación donde no opera el más mínimo respeto a la
institucionalidad; donde la autocracia se enseñorea; una nación que
marcha sin rumbo, con una clase dominante que no confía en su país,
atada de pies y manos, al igual que los gobiernos de turnos, a las
directrices del imperialismo estadounidense, al cual consideran su
protector.
De ahí la necesidad de luchar por una sociedad de Nueva Democracia,
donde no solo se respete la necesaria institucionalidad como garantía del
progreso, sino también el respeto a la autodeterminación y a todos
aquellos derechos dignificantes de la vida humana.
Con la instauración de un gobierno de esta naturaleza, respetuoso además
de los derechos del pueblo y preocupado por la calidad de vida de los más
vulnerables y el desarrollo general de la nación, será posible el fin de los
apagones y de los demás males que afectan a las grandes mayorías.
