Al serle denegada su peticion, el jefe de la trama de las «18 Lovas» ha iniciado una huelga de hambre
La reciente detención de Yino Alemán, acusado de liderar redes de prostitución de menores, ha reabierto el debate sobre la aplicación de la Ley Trans. Tras solicitar su traslado a un módulo femenino alegando un cambio de sexo registral, este caso ilustra alguna de las consecuencias negativas de una legislación que elimina los controles, generando situaciones que pueden poner en grave riesgo a las mujeres reclusas (…).
Por ARTURO INGLOTT PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La pasada semana, Agustín Alemán Barreto, conocido como «Yino»– presunto cabecilla en el caso de la trama de prostitución de menores en Gran Canaria conocida como «18 Lovas»– era enviado a prisión acusado de liderar otra red también dedicada a la explotación sexual de menores, en el marco de la «Operación policial Íncubo».
La reciente detención de Yino Alemán destapó una red que captaba menores en situación vulnerable para prostituirlas y suministrarles sustancias ilícitas.
Además de los cargos por explotación sexual, Alemán fue identificado como líder de la agencia «18 Lovas», implicada en casos similares desde 2016, en un proceso en el que también están siendo investigados, como presuntos clientes del proxeneta, personajes como el poderoso empresario grancanario Eustasio López, propietario del Grupo Lopesan.
YINO ALEMÁN SE HA AUTOCONVERIDO AHORA EN UNA MUJER
Tras su ingreso en prisión, «Yino»– solicitó ser trasladado al módulo femenino del Centro Penitenciario Las Palmas II, la prisión de Juan Grande, argumentando que su reciente cambio de sexo registral ya lo acredita actualmente como mujer.
Sin embargo, la dirección del penal rechazó esta solicitud, remitiéndose a los protocolos actuales que evalúan la «identidad sexual aparente» y la apariencia externa. Esta decisión provocó la protesta de Alemán, quien ha iniciado una huelga de hambre alegando discriminación.
Su caso ilustra cómo las leyes de autodeterminación, al permitir cambios registrales sin controles ni evaluaciones, abren la puerta a situaciones que pueden vulnerar los derechos de otros colectivos, en este caso, las mujeres internas en cárceles.
Y es que, aunque en esta ocasión la dirección de la prisión negó la petición del preso, no ha sucedido lo mismo en otros casos.
CASOS QUE ILUSTRAN EL PROBLEMA: MÁS ALLÁ DE YINO ALEMÁN
El caso de Yino Alemán, en efecto, está lejos de ser único. Otro caso especialmente polémico en las islas Canarias fue el Jonathan Robaina, quien asesinó brutalmente a martillazos y violó a su prima en Fuerteventura, intentando luego usar la “autodeterminación de género” como defensa en su juicio, alegando que como mujer «no podía haber cometido agresión sexual».
Los peritos médicos concluyeron que Robaina no padecía disforia de género. Una actuación que, de aplicarse consecuentemente la actual legislación, iría en contra de una ley que excluye cualquier tipo de evaluación externa sobre la “autodeterminación” para evitar la «patologización».
![[Img #82467]](https://canarias-semanal.org/upload/images/01_2025/4027_robaina.jpg)
Yonathan Robaina, quien tras asesinar a martillazos a su prima y violarla se autodeterminó como «mujer»
Robaina pidió ser llamado «Lorena» y solicitó ser tratado como mujer durante el juicio. Esta reclamación, que provocó una compresible indignación en la familia de la asesinada, fue defendida por la vicepresidenta de «Euforia/Colectivo de familias trans» Zaida García, quien afirmó, en una entrevista sobre el caso concedida a Radio Insular, que «sería una falta de respeto» que no se dirigieran a él en el Tribunal y los medios de comunicación llamándolo «Lorena».
En otros casos, hombres investigados por delitos de violencia machista y agresiones sexuales también han iniciado procesos de cambio registral tras la aprobación de la ley. Incluso en países con leyes similares, como Reino Unido, se han documentado casos de violadores que, tras autoidentificarse como mujeres, ingresaron en cárceles femeninas y cometieron nuevos abusos. Estos incidentes demuestran que los riesgos no son hipotéticos, sino una realidad tangible.
EL MAGISTRADO MATÍAS MARTÍNEZ, TRAS EL CAMBIO DE “SEXO” DE YINO ALEMÁN: «EL CAMBIO NO DEBERÍA SER AUTOMÁTICO»
En relación al cambio registral de «sexo» del (presunto) proxeneta y corruptor de menores Yino Alemán el magistrado Matías Martínez, conocido por cuestionar la aplicación automática de la Ley Trans, ha señalado que estas normativas carecen de mecanismos para evitar fraudes de ley.
Según Martínez, es preciso “pensar en el riesgo de exponer a mujeres a posibles agresiones de delincuentes sexuales que obtienen acceso a cárceles femeninas».
Antes de la aprobación de la conocida como Ley Trans, el cambio de sexo registral requería informes médicos y psicológicos que acreditaran la existencia de disforia de género. Este proceso, aunque imperfecto, garantizaba un cierto nivel de control y evitaba usos fraudulentos de la normativa. Con la nueva legislación, cualquier persona mayor de 16 años puede cambiar su sexo en el registro civil con una simple declaración y una ratificación tres meses después, sin necesidad de informes ni diagnósticos.
Esta simplificación, diseñada con la justificación de evitar la «patologización» de las personas trans, ha suscitado críticas desde diferentes sectores.
Según el juez Martínez, tras la entrada en vigor de la nueva ley, el perfil de solicitantes cambió drásticamente:
«Antes veíamos personas con disforia genuina que buscaban tranquilidad para vivir conforme a su identidad. Ahora llegan hombres de mediana edad con barba, que no cumplen ningún criterio de transición, y que buscan cambios registrales para beneficios laborales, legales o sociales».
MÁS ALLÁ DE LOS CASOS EXTREMOS: UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Sea como fuere, no es necesario recurrir a los casos más graves de delincuentes que se “autodeterminan como mujeres” para pedir su inclusión en los módulos femeninos de las prisiones, para evidenciar los problemas de esta “autodeterminación”.
En España han surgido asociaciones de «trans no normativos», hombres que se identifican como mujeres pero que mantienen su identidad masculina, como una forma de desafiar la legislación.
Estas asociaciones han sido denunciadas por colectivos LGTBI+ como fraudulentas y “tránsfobas”. Esto, sin embargo, genera una paradoja irresoluble.
¿Por qué la “autodeterminación” no se considera válida en estos casos y sí en otros similares? ¿Quién puede estar legitimado para cuestionarles si la propia ley establece que nadie, ni siquiera los profesionales médicos especializados en el tema, puede hacerlo?
Bajo la nueva legislación, los profesionales de la salud enfrentan un dilema que afecta al propio ejercicio de su profesión. Si plantean dudas sobre la identidad de género de un paciente, corren el riesgo de ser acusados de aplicar «terapias de conversión», enfrentando fuertes multas o incluso la inhabilitación para ejercer su trabajo. Esto no solo limita su capacidad para ejercer su labor, sino que también priva a los pacientes afectados por la disforía de género de un acompañamiento adecuado.
EL FALSO DILEMA ENTRE DERECHOS Y CONTROL
La narrativa dominante mantiene que cuestionar estas leyes equivale a negar los derechos del colectivo trans.
Sin embargo, esta postura no se sostiene desde un punto de vista lógico. Es posible defender los derechos de las personas trans sin eliminar los mecanismos de control médicos que, en cualquier caso, siempre son susceptibles de ser mejorados.
Los menores con disforia de género, por ejemplo, merecen un tratamiento respetuoso y profesional, que no tiene que incluir la receta de bloqueadores hormonales y cirugías en edades tempranas.
Por más que la ideología dominante convertida en ley se empeñe en imponer este mantra, cuestionar la autodeterminación irrestricta de género no implica transfobia.
El caso de Yino Alemán y otros similares, constituyen solamente la punta más dramática de un iceberg que demuestra que leyes de autodeterminación de género requieren una revisión profunda.
Proteger los derechos de las personas trans no debe hacerse a costa de ignorar los riesgos de abuso ni de vulnerar los derechos de otros colectivos, como las mujeres en espacios segregados por sexo.
Un enfoque más integral, que combine respeto, evaluación profesional y criterios claros, resulta esencial.
