Más de 6 mil indígenas de 173 etnias protestan en Brasilia desde el domingo pasado, de cara a la votación prevista en el Tribunal Supremo Federal (STF) sobre el Marco Temporal, otro frente de ataque de las clases dominantes y el imperialismo contra el pueblos originarios.
Desde la Constitución de 1988, se han concedido formalmente derechos a los pueblos originarios, pero, como sólo puede ocurrir en un Estado burgués, nunca se han aplicado y garantizado de manera efectiva. El artículo 231 establece que “A los indios se les reconoce su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y corresponde a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes”. ”. Sin embargo, como sabemos, el antiguo Estado brasileño nunca cumplió consistentemente con estas determinaciones, ya que sirve a intereses opuestos, en particular los de los grandes terratenientes.
Según el Consejo Indígena Misionero (Cimi), actualmente existen en Brasil 1.296 tierras indígenas, cifra que incluye tierras ya demarcadas (401), en cualquiera de las etapas del procedimiento de demarcación (306), tierras que caen en categorías distintas a el de tierras tradicionales (65) o incluso tierras sin acción alguna del Estado para iniciar su demarcación (530).
Desde el gobierno del tucán Fernando Henrique Cardoso, la aprobación de tierras viene cayendo cada vez más, pasando por un descenso considerable en el gobierno del PT Lula, la caída se mantuvo en el gobierno de su sucesora Dilma, hasta llegar a cero en el gobierno del golpista Temer y la secuencia con el actual gobierno de Bolsonaro.
Y desde 2009, ha surgido otro dispositivo legal para garantizar que los derechos indígenas sean usurpados.
La decisión del STF en 2009, en el conflicto entre indígenas y agricultores por la Tierra Indígena Raposo Serra do Sol, en Roraima, creó la tesis del Marco Temporal, en la que se justificaba que esos pueblos indígenas ya estaban en las tierras en el momento de la la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988.
Aprovechando esa jurisprudencia, la Procuraduría General de la República (AGU), en 2017, paralizó los casi 30 procesos de demarcación de tierras indígenas, con el pretexto de esperar una definición del propio STF.
Uno de los casos utilizados para esta medida fue el de los Xokleng, quienes luego de ser expulsados de sus tierras en la primera mitad del siglo XX, lograron regresar parcialmente a ellas en 1996, estableciendo la Tierra Indígena Ibirama La-Klãnõ, en Santa Catarina. Su área fue reclamada por la Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente y el proceso contó con el apoyo de numerosas organizaciones y entidades del latifundio brasileño.
Este es el caso que será juzgado por el Tribunal Supremo Federal esta semana y, de ser aprobada la tesis del Marco Temporal, guiará todas las disputas de este tipo.
El objetivo es claro, dificultar al máximo cualquier posibilidad de demarcación de nuevas tierras indígenas, como ocurre con otras acciones como el PL 490 , y también amenazar la seguridad, incluidas las Tierras Indígenas ya aprobadas.
Este proceso es parte de una serie de ataques del viejo Estado brasileño contra los pueblos indígenas, que, a partir de una serie de leyes en tramitación en el Congreso, buscan dificultar la demarcación de tierras, legalizar el acaparamiento de tierras reclamadas por indígenas, autorizar la minería en territorios indígenas, extinguir el licenciamiento ambiental, entre otras medidas.
La intención es muy clara: concluir el largo genocidio del que los pueblos indígenas han sido blanco desde la invasión del colonialismo portugués; El Estado brasileño y sus jefes de turno vienen profundizando los ataques desde hace décadas y asegurando que los derechos indígenas no sean más que letra muerta en la constitución, para que sus tierras sean entregadas definitivamente a los latifundios y a sus mayores socios, los monopolios imperialistas. , para apropiarnos de todas las riquezas naturales de nuestro país.
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