Luchas del pueblo
Marco Valbuena | Director de Información | Partido Comunista de Filipinas
El arresto ayer del ex presidente filipino Rodrigo Duterte en virtud de una orden emitida por la Corte Penal Internacional, y su posterior traslado a La Haya es una victoria significativa para el pueblo filipino que durante mucho tiempo ha clamado por justicia y castigo por los innumerables crímenes del tirano durante su reinado de terror de seis años como presidente, y más como alcalde de la ciudad de Davao.
Nos unimos al pueblo filipino en su lucha por el juicio de Duterte ante la CPI sin demora. Deben seguir manifestándose y exigiendo colectivamente la condena y el castigo de Duterte y sus principales aliados militares y policiales. Deben perseverar en su búsqueda de justicia para las miles de víctimas de asesinatos injustos cometidos por militares, policías y grupos parapoliciales bajo el pretexto de la llamada guerra contra las drogas y la brutal y sangrienta represión política desatada por el régimen de Duterte.
Es absolutamente engañoso que Duterte y su equipo afirmen que Filipinas no está sujeta a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y que su arresto viola la soberanía filipina. En una flagrante muestra de hipocresía, pasa por alto convenientemente que fue él mismo quien retiró a Filipinas de la CPI en 2019, dos años después de que ya se presentaran casos en su contra en 2017 por los miles de asesinatos sancionados por el Estado bajo su régimen, en una maniobra egoísta para evadir la rendición de cuentas.
El arresto de Duterte se retrasó mucho porque Marcos, quien se alió con los Duterte en las elecciones de 2022, se había opuesto públicamente a cooperar con la CPI. Sin embargo, la alianza «Uniteam» Marcos-Duterte comenzó a fracturarse a mediados de 2023, impulsada por disputas sobre contratos gubernamentales, la división del poder burocrático y desacuerdos sobre nombramientos militares y policiales.
El conflicto entre Marcos y Duterte continuó intensificándose el año pasado, marcado por las investigaciones del Congreso sobre la guerra contra las drogas y el uso indebido de fondos públicos, así como por amenazas de golpes de Estado y asesinatos. Estas contradicciones se intensificaron a medida que Marcos intentaba consolidar y monopolizar el poder político, con el inicio de las elecciones de mitad de mandato y el impeachment de Sara Duterte el 5 de febrero de 2025.
La cooperación del gobierno filipino con la Interpol para lograr el arresto de Duterte es, de hecho, un testimonio del oportunismo político de Marcos, al contribuir a su objetivo estratégico de socavar a los Duterte y su plan para volver al poder en 2028, así como a su objetivo de consolidar el poder. Sin embargo, esto no invalida el hecho de que el arresto de Duterte es un resultado importante de la continua demanda popular de que Duterte rinda cuentas por sus crímenes.
El pueblo filipino debe intensificar su lucha por la justicia y la defensa de los derechos del pueblo en Filipinas. Los abusos y crímenes cometidos por las fuerzas estatales siguen proliferando bajo el régimen de Marcos. La arraigada cultura de impunidad, que Duterte explotó para desatar su sangrienta guerra contra las drogas y su despiadada campaña de represión, persiste, ya que ningún militar o policía ha rendido cuentas, sido juzgado o castigado por estos crímenes contra el pueblo.
Bajo el gobierno de Marcos, se produjeron ejecuciones extrajudiciales, secuestros y desapariciones forzadas, detenciones ilegales y torturas, así como bombardeos aéreos y ametrallamientos en las inmediaciones de granjas y comunidades, especialmente en miles de aldeas que Marcos ordenó someter a régimen militar, en su vano intento de declarar al país «libre de insurgencia». Muchos de estos crímenes se documentaron durante las audiencias del Tribunal Internacional de los Pueblos celebradas en Bruselas en mayo de 2024. Desde entonces, se han registrado decenas de nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles.
El arresto de Duterte anima al pueblo filipino a proseguir su lucha por la justicia y los derechos humanos. Ante los continuos y sangrientos crímenes perpetrados por las fuerzas estatales, el pueblo filipino está cada vez más decidido a exigir responsabilidades a Marcos, al igual que a Duterte, por los graves crímenes que las fuerzas militares y policiales siguen cometiendo con impunidad tras el manto de la política de Marcos de «contrainsurgencia» y «seguridad nacional».
Con el juicio de Duterte ante la CPI, se abre una nueva frontera de lucha para el pueblo filipino. Se han hecho y se intensifican los llamados a reincorporarse a la Corte Penal Internacional, ya que esta sirve como recurso crucial para el pueblo filipino que sufre bajo el Estado neocolonial, para exigir responsabilidades a todos los tiranos del pasado y del futuro, así como a sus cómplices, y para llevarlos ante la justicia por todos sus crímenes y atrocidades.
Sin embargo, el recurso definitivo para el pueblo filipino sigue siendo librar una lucha revolucionaria para derrocar la tiranía de la gran burguesía compradora, los grandes terratenientes y los burócratas capitalistas. Solo poniendo fin al estado fascista que emplea la violencia terrorista para perpetuar el sistema semicolonial y semifeudal opresivo y explotador, podrá realizarse plenamente su aspiración de auténtica libertad y justicia social.
