Tras el asesinato al candidato presidencial y ex asambleísta, Fernando Villavicencio, la madrugada del 10 de agosto -coincidiendo con el primer grito de independencia- Guillermo Lasso decreta el estado de excepción en la totalidad del territorio nacional, por un periodo de 60 días.
La narrativa mediática que se impuso después del condenable atentado en contra de la vida de Villavicencio -uno de los alfiles de la burguesía proimperialista en el Ecuador- resulta innegable la estrategia política que utiliza la violencia y el sicariato para fines explícitos de impulsar ciertas candidaturas.
Este conjunto de eventos podrían catalogarse como un crimen de Estado, ya que también fue ejecutado bajo custodia policial el principal sospechoso del crimen. ¿Cómo garantizar investigación y justicia, si el mismo Estado interfiere y altera el debido proceso? El estado de derecho dejó de existir hace tiempo en el país.
Desde un análisis leninista, la misma burguesía sacrificó a uno de sus peones en nombre de su proyecto: la guerra interna en el Ecuador. El asesinato a Fernando Villavicencio, termina siendo una jugada maestra de la burguesía.
La democracia burguesa se consume en su propio marco de posibilidades, en un sistema absolutamente caduco y que impide la continuación de la vida para el pueblo. Se reafirma la necesidad de construir organización y poder popular que esté a la altura del proyecto político de la clase trabajadora.
FUENTE: REVISTA CRISIS ECUADOR
