¿Un ensayo general del «Gran Reajuste» para precarización de los asalariados y preparar las condiciones para competir con China?
La eliminación de los derechos de negociación colectiva para más de un millón de empleados federales en Estados Unidos no es solo un conflicto doméstico. Con esta orden ejecutiva, la administración Trump lanza una señal preocupante al mundo: los sindicatos son un obstáculo a derribar en la nueva era del poder corporativo global .¿Un avance preparatorio de la ofensiva del «Gran reajuste»
Por ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Ni un día sin que Donald Trump dé motivos para ocupar la cabecera de los periódicos. La firma de la orden ejecutiva por parte del flamante presidente estadounidense el pasado 27 de marzo marca un antes y un después en la historia reciente de los derechos laborales en EEUU.
Bajo el argumento de proteger la «seguridad nacional», la Casa Blanca ha eliminado los derechos de negociación colectiva de más de un millón de empleados federales, afectando a trabajadores de agencias clave como el Departamento de Defensa, de Energía, de Seguridad Nacional o de Asuntos de Veteranos.
Detrás de la medida, la Administración se ampara en la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978, una legislación que hasta ahora solo se había aplicado a organismos como la CIA o el FBI. El movimiento, que amplía drásticamente esta restricción, ha sido interpretado como una respuesta directa al papel activo que muchos sindicatos han jugado en la resistencia a las políticas de Trump.
Desde la Casa Blanca no se oculta la intención represiva de esta acción. En una hoja informativa oficial se acusa a los sindicatos de haber declarado la guerra a la agenda presidencial, afirmando que presentan quejas «masivas» para frenar las iniciativas del gobierno. La justificación es clara: acallar a quienes osan desafiar el poder establecido.
LA HISTORIA COMO CLAVE PARA ENTENDER EL PRESENTE
Para comprender la gravedad de este ataque, conviene recordar de dónde venimos. La negociación colectiva en Estados Unidos ha sido, históricamente, un campo de batalla central en la lucha de los trabajadores. Desde las primeras huelgas del siglo XIX hasta la icónica revuelta de Haymarket en 1886, donde se reclamaba la jornada de ocho horas, las conquistas laborales se han logrado a base de organización y resistencia.
El verdadero punto de inflexión llegó con la Ley Wagner de 1935, que otorgó a los trabajadores del sector privado el derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente. Sin embargo, y de forma muy significativa, los empleados públicos quedaron fuera de estas protecciones. Aunque algunos estados avanzaron con normativas propias que les otorgaban ciertos derechos, a nivel federal los márgenes siempre han sido estrechos.
La orden de Trump no solo perpetúa esta exclusión histórica, sino que profundiza la herida. Lo que alguna vez fue un espacio limitado de negociación para los empleados federales, ahora se ha convertido en un terreno baldío, donde las decisiones se toman de manera unilateral desde las oficinas del poder.
EL TESTIMONIO DE QUIENES LO SUFREN EN PRIMERA PERSONA
Más allá de las cifras y las leyes, están las vidas concretas que esta decisión afecta. Un trabajador del Departamento de Energía, que por temor a represalias prefirió mantenerse en el anonimato, describió así la situación en declaraciones a la agencia Associated Press:
«Esta orden ejecutiva nos deja sin voz en el lugar de trabajo y pone en riesgo nuestra capacidad para abogar por condiciones laborales seguras y justas».
Sus palabras reflejan una preocupación extendida entre los empleados federales: sin la protección de la negociación colectiva, las posibilidades de defender mejoras salariales, condiciones dignas o incluso la seguridad en el trabajo, se evaporan. La medida, en esencia, rompe el equilibrio de fuerzas y deja a los trabajadores desamparados frente a las decisiones unilaterales del gobierno.
RESPUESTAS SINDICALES: RESISTENCIA EN MARCHA
Ante este golpe, la respuesta de los sindicatos ha sido contundente. Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), calificó la orden como un «ataque de represalia» y anunció la presentación inmediata de acciones legales.
«Estas amenazas no funcionarán», afirmó Kelley, subrayando la determinación del sindicato por luchar «sin descanso para proteger nuestros derechos».
Desde la AFL-CIO, la federación sindical más grande del país, su presidenta Liz Shuler fue aún más tajante:
«Esta orden ejecutiva es la definición misma de antisindicalismo«, denunció. Según Shuler, la administración Trump busca directamente silenciar a los sindicatos que han cuestionado sus políticas más perjudiciales.
La Federación Estadounidense de Maestros también se sumó a la condena. Su presidenta, Randi Weingarten, enfatizó que
«esto no tiene nada que ver con la seguridad y tiene todo que ver con silenciar a quienes no están de acuerdo con el gobierno».
Recordó que entre los afectados se encuentran educadores, personal sanitario y trabajadores que sostienen infraestructuras esenciales del país.
EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EE.UU. COMPARADO CON EL RESTO DEL MUNDO
Para entender mejor la magnitud del golpe que supone esta orden ejecutiva, es útil mirar hacia fuera de las fronteras de Estados Unidos. Comparando con otras naciones, queda claro que el país ya estaba rezagado en materia de derechos laborales, especialmente para los empleados públicos.
En Europa, por ejemplo, países como Dinamarca, Francia o la propia España cuentan con sistemas de protección para los trabajadores del sector público. La negociación colectiva no solo está permitida, sino que se considera una herramienta fundamental para garantizar la estabilidad laboral y la calidad de los servicios públicos. Además, los países citados protegen derechos complementarios como licencias parentales, vacaciones pagadas y acceso universal a la sanidad, que fortalecen la posición de los trabajadores.
En América Latina, aunque la situación es desigual, existen ejemplos de avances importantes. En países como Uruguay o Argentina, la negociación colectiva está amparada por la ley para amplios sectores del empleo público. Estos modelos contrastan fuertemente con la realidad estadounidense, donde el derecho de sindicación de los trabajadores del sector público nunca ha estado plenamente garantizado a nivel federal.
De hecho, un informe de Oxfam América ubicó recientemente a Estados Unidos en el puesto 32 entre 38 países de la OCDE en cuanto a respeto por los derechos de sindicación. La conclusión es clara: lejos de avanzar, el país se sigue alejando de los estándares internacionales en derechos laborales.
UNA MEDIDA QUE REVERBERA MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS
La ofensiva de Trump no es solo un asunto interno. Por el peso que tiene Estados Unidos en la economía mundial, este tipo de acciones pueden marcar tendencia. Las políticas antisindicales en una de las principales potencias del planeta pueden envalentonar a gobiernos que buscan justificar medidas similares bajo pretextos de eficiencia, austeridad o, como en este caso, «seguridad nacional».
Amnistía Internacional ya ha alertado sobre esta peligrosa deriva. Desde la organización se advierte que debilitar los sindicatos socava los derechos humanos básicos y erosiona los pilares democráticos que sostienen las sociedades abiertas. En otras palabras, cuando se debilitan las defensas colectivas de los trabajadores, se allana el camino para una concentración todavía mayor del poder económico y político en manos de las élites.
¿UNA PIEZA MÁS DEL «GRAN REAJUSTE»?
Todo indica que la orden ejecutiva de Trump no es un movimiento aislado, sino que forma parte de un proceso más amplio de reorganización económica y política en beneficio de los grandes capitales. Lo que algunos ya denominan el «gran reajuste» se está materializando en medidas que buscan despojar a los sectores populares de sus instrumentos de defensa, para facilitar la profundización de un modelo basado en la precariedad laboral, la concentración de la riqueza y la exclusión social.
El ataque a los derechos sindicales de los trabajadores federales es, en este sentido, un ensayo general para la extensión de estas políticas al conjunto de la clase trabajadora estadounidense. Si logran desarticular a los sindicatos en el sector público, donde históricamente han tenido cierta fuerza, el mensaje para el resto del mundo laboral será claro: nadie está a salvo.
La tendencia global a la desregulación del trabajo, impulsada por las grandes corporaciones y sostenida por gobiernos afines, se acelera cuando se desmantelan las resistencias internas. Por eso, la lucha de los trabajadores federales de Estados Unidos, y de los sindicatos que los respaldan, no es solo una defensa de sus propios derechos: es también una batalla por mantener vivas las esperanzas de millones de personas que, dentro y fuera del país, aún creen en la posibilidad de un trabajo digno y unas condiciones de vida justas.
EL DESAFÍO CONTINÚA
La ofensiva está en marcha, pero ¿lo está también la resistencia? Las demandas judiciales ya se han presentado, las campañas de presión pública parecen intensificarse y las alianzas entre sindicatos nacionales e internacionales anuncian buscar reforzarse frente a la tormenta.
Como expresó la presidenta de la AFT, Randi Weingarten,
«estos son los trabajadores que mantienen el país en funcionamiento».
Defender sus derechos es, en última instancia, defender los intereses del conjunto de la sociedad frente a un proyecto que busca concentrar aún más el poder y la riqueza en unas pocas manos.
