¿Qué consecuencias tiene para los movimientos sociales y sindicales la continuidad de esta ley represiva?
Han pasado diez años, y la ley Mordaza sigue viva. Ni el PSOE, ni Sumar, ni el gobierno que se autodenomina «progresista» han cumplido su palabra. Mientras, sindicalistas y manifestantes son golpeados, multados y juzgados. ¿Quiénes traicionan realmente a la izquierda?
Por CÉSAR JARA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Diez años han pasado ya desde que el gobierno corrupto y reaccionario del Partido Popular, presidido por el inútil Mariano Rajoy, aprobara la conocida como ley Mordaza, una norma legal para amedrentar, reprimir y, por tanto, controlar, las protestas sociales y políticas en las calles, en medio de la gran crisis-estafa derivada de la denominada burbuja inmobiliaria.
Su derogación fue anunciada y prometida, varias veces, por Pedro Sánchez cuando sólo era el joven líder renovado del PSOE, mucho antes de llegar, vía moción de censura contra Rajoy, a presidir un gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos.
La intención de derogar esa ley represiva se quedó sólo en eso y, tras las elecciones de julio de 2023 y de formar un nuevo gabinete, esta vez entre el PSOE y Sumar (Izquierda Unida incluida, pero sin Podemos), ahí sigue, dando base a las fuerzas policiales en muchos casos a actuar de forma arbitraria y abusiva contra quienes protestan o se manifiestan en las calles, como se está viendo las últimas semanas en la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz y en otros muchos lugares conflictivos.
Un gobierno progre que mantiene una norma represiva, reaccionaria, de un gobierno de la derecha.
Y ello con Marlaska al frente del Ministerio de Interior, un titular claramente poco de izquierdas y que hace lo mismo en tal sentido que hicieron sus colegas del PP.
Los intentos de otras organizaciones de izquierdas (Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, Bloque Nacionalista Galego) para plantear la derogación, total o parcial, de la ley Mordaza han chocado en el parlamento con la resistencia del PSOE y el escaso interés de sus socios de gobierno.
Una auténtica vergüenza para el conjunto de la izquierda y un placer para la derecha.
No es sólo otra promesa electoral incumplida; es el colmo de un gobierno que se llama progresista y usa leyes reaccionarias incompatibles con un estado realmente democrático.
Mientras tanto, cientos de ciudadanos y organizaciones sociales son sancionados con abultadas multas o se les instruyen procesos penales en base a arbitrariedades policiales.
Decenas de sindicalistas son reprimidos, cuando ejercen su derecho constitucional a formar piquetes de huelga, y en algunos casos acaban viéndose ante el juez y arrastrando sentencias de prisión.
¿Hasta cuándo? De esta forma, se le abre aún más el paso a la derecha y al fascismo, pues eso es lo que acarrea no hacer realmente políticas de izquierda.
Luego nos dirá Pedro Sánchez que le votemos para parar a las derechas.
