El estado de excepción provocó graves violaciones de los derechos de las personas. La inviolabilidad del domicilio quedó suspendida en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, además del Distrito Metropolitano de Quito y la ciudad de Camilo Ponce Enríquez.
Por el equipo editorial de AND
El presidente reaccionario de Ecuador, Daniel Noboa , fue reelegido el 13 de abril tras un proceso marcado por varios síntomas de un país en crisis: tropas del Ejército fueron lanzadas a las calles de varias capitales del país por un decreto de Estado de Excepción firmado por Noboa y, tras la victoria, la candidata opositora Luíza González acusó a Noboa de fraude.
El estado de excepción provocó graves violaciones de los derechos de las personas. La inviolabilidad del domicilio quedó suspendida en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, además del Distrito Metropolitano de Quito y la ciudad de Camilo Ponce Enríquez.
Militarización
Esto convierte a estas elecciones en las segundas marcadas por una fuerte militarización del país. En 2023, los militares y la policía también fueron llamados a intervenir luego de que el candidato presidencial Fernando Villavicencio fuera asesinado por grupos paramilitares. En su momento, las organizaciones revolucionarias afirmaron que el Estado llamaba a los militares a reprimir al pueblo y que el tráfico y el asesinato, utilizados como justificaciones, en realidad eran mantenidos por las clases dominantes y los propios políticos.
“La crisis del antiguo Estado burgués-terrateniente se agrava. Todo está contaminado por el narcotráfico y el crimen organizado. La policía, las Fuerzas Armadas, los ministerios, la presidencia. La corrupción es la panacea. Ahora, hemos entrado en una nueva fase de la disputa, donde los ataques y asesinatos son los medios utilizados para resolver las contradicciones”, declaró el Frente de Defensa de las Luchas del Ecuador (FDLP-EC) .
Fraude en las elecciones farsescas
Esta crisis entre las clases dominantes y el gobierno continúa. Tras la victoria de Noboa este fin de semana, la opositora Luíza González denunció que se perdieron votos para su candidatura, que hubo manipulación de actas, apagones inesperados en lugares donde tendría más votos, intimidación militar para impedir el trabajo de «observadores e investigadores independientes», cambios de lugares de votación y otras irregularidades.
Las acusaciones parecen haber tenido repercusiones internacionales. Según el periódico OperaMundi, el gobierno brasileño aún no decidió si reconocerá la victoria de Noboa.
Esta es la primera vez que el partido de Luíza González acusa las elecciones ecuatorianas de fraude, lo que no quiere decir que sea la primera vez que ocurre un fraude, sino que la pugna entre los distintos grupos de poder en Ecuador se ha incrementado. Durante años, las organizaciones revolucionarias del país han denunciado el carácter fraudulento de las elecciones y del voto como mecanismo para legitimar el viejo orden en el país.
Nuevo mandato reaccionario
Con su reelección, Noboa enfrenta la perspectiva de cuatro años más de violaciones de los derechos del pueblo y un endurecimiento del viejo orden en el país. Durante su último mandato, Noboa incluso decretó una intervención militar y sugirió enviar soldados estadounidenses a Ecuador para aumentar la represión contra el pueblo.
La justificación de la represión fue el nivel de actividad del narcotráfico, pero esto no se sostuvo: información publicada en la prensa este año mostró que la familia Noboa está involucrada en el narcotráfico, y que el propio Daniel favorecía los negocios de la familia. Un claro ejemplo de que los principales sustentadores del narcotráfico son precisamente las clases dominantes.
Incluso antes de conocerse la información, organizaciones como el Partido Comunista del Ecuador – Sol Rojo (PCE-SV) denunciaron en un comunicado la participación activa de dirigentes políticos y de las Fuerzas Armadas y policiales ecuatorianas, operando con apoyo financiero de la banca y apoyo logístico de los puertos, estableciendo así una variante de la burguesía burocrática que utiliza el poder del Estado para promover el narcotráfico.
Durante la intervención militar fueron detenidas 12.000 personas, varias de las cuales sufrieron torturas y violencia sexual, y jóvenes inocentes fueron ejecutados sumariamente. Al liderar el nuevo gobierno en medio de una crisis institucional aún más aguda, es probable que Noboa intensifique la represión contra las masas y aquellos que abogan por un cambio real en el país.
