Por Paco Fariñas
En Perú, la oligarquía y el gran capital han tomado control de las riendas del Estado, con una intensidad comparable a la vivida durante la época de Fujimori. La acción más reciente es la promulgación de la ley de impunidad, por la cual los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002 podrán prescribir. Esto afectaría a más de 600 casos pendientes de violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías durante el conflicto armado interno. Sin embargo, esta no es la única medida impopular de Boluarte. El Ejecutivo ha aprobado también un decreto que otorga a la Policía Nacional la facultad de investigar sin la intervención de un fiscal, lo cual constituye un atentado contra el estado de derecho. Asimismo, el paquete de 26 leyes aprobado por el Ejecutivo y el Legislativo impulsa reformas que benefician al gran empresariado con ventajas tributarias, fomentan la minería informal, la deforestación de la selva peruana, y pretenden solidificar un sistema reaccionario en el ámbito educativo (1). No contenta con esto, Boluarte ha solicitado al Tribunal Constitucional que no se le investigue por el caso de los relojes Rolex ni por las muertes de manifestantes a manos de policías y militares.
Boluarte, sin embargo, no tiene el poder que aparenta; es una testaferra de las clases dominantes que, ante la falta de un liderazgo más fuerte, la mantienen en el sillón presidencial. Esto se evidenció cuando, en marzo pasado, el Ministerio Público del Perú allanó a combazos su domicilio. El operativo se llevó a cabo en el marco de las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la funcionaria. La prensa internacional centró su atención en este operativo, inusual tratándose de una presidenta en funciones. Lo que podría interpretarse como una muestra de la perfecta separación de poderes, en la que el Ministerio Público realiza su trabajo sin amedrentarse ni siquiera ante la Presidenta de la República. En realidad no lo es. Este operativo expresaba, más bien, la fragilidad de una mandataria que ha sido colocada como testaferra en el Sillón de Pizarro por la derecha y el gran empresariado. Anteriormente, ya había caído su ex primer ministro, Otárola, por un caso de corrupción. Esto parece indicar que una fracción de la derecha intenta aferrarse al poder, pero aún no lo ha logrado del todo.
El hecho que Boluarte sea juzgada por poseer relojes de la marca Rolex que no ha declarado roza lo hilarante. Los relojes Rolex son solo un pequeño símbolo de la riqueza que un presidente puede acumular a través de la corrupción. Estamos hablando de millones de dólares que los funcionarios públicos reciben en coimas por otorgar licitaciones públicas o concesiones mineras, petroleras y forestales. En comparación, los relojes Rolex son un chancay de a sol. Pero la historia ya lo ha demostrado: Al Capone no cayó por sus actividades criminales, sino por evasión de impuestos.
Los golpes contra este gobierno responderían más a ambiciones personales de una fracción de la derecha que al descontento del gran empresariado por su mandato, y es así como debe caracterizarse cualquier ataque a la actual presidenta peruana que provenga de los grupos de poder y sus representantes. Lo que ocurre con Dina Boluarte, quien desde su asunción al cargo que ocupa se ha comportado como un fiel alfil del gran capital y la derecha vende patria (2), solo evidencia que el poder real dispone y ejecuta en la sombra protegiendo sus intereses económicos, y que sus funcionarios visibles son apenas piezas de recambio que caen cuando les dejan de ser útiles por cualquier motivo. Esta es una ley de la historia, y no solo en el Perú, que solo la ambición y oportunismo nublan y hacen pensar en lo contrario.
Otro hecho más que desnuda la naturaleza del gobierno de la derecha en el Perú es el indulto a Alberto Fujimori, quien se encontraba en una cárcel dorada (hospital) por delitos de corrupción y lesa humanidad. En contra de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, de no indultar a Fujimori, el gobierno lo liberó. Aunque se argumentaron supuestas razones humanitarias, en realidad, la liberación de Fujimori responde a un pacto político con sectores de la derecha y el empresariado que buscan mantener su control sobre el país. Fujimori, lejos de mantener un perfil bajo, ha expresado su intención de postular a la presidencia en las elecciones de 2026.
Los tiempos preelectorales agudizan las pugnas entre los diversos sectores de la derecha, y uno de estos ve con buenos ojos que, ante el reiterado fracaso de Keiko Fujimori, sea su mismo padre quien tome directamente las riendas del camino de las clases dominantes.
Dictadura congresal
Boluarte se granjeó aún más la confianza de la derecha tras reprimir violentamente las manifestaciones que estallaron después del golpe contra el gobierno de Pedro Castillo, con un saldo de más de 60 muertos. Con la calle despejada, la coalición de ultraderecha gobernante busca el control absoluto para gobernar sin contrapesos. Su objetivo principal es apoderarse de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que reemplazó al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y que tiene la función de nombrar y sancionar a jueces, fiscales y autoridades electorales. Para lograr el control de la JNJ, la coalición ha destituido a dos de sus miembros: Aldo Vásquez e Inés Tello, con argumentos absolutamente ilegales, dentro de la estructura jurídica en que se mueven. Ambos miembros les resultaban incómodos, especialmente Inés Tello, conocida por haber emitido sentencias contrarias al fujimorato cuando era jueza. El control de la JNJ les permitiría dominar toda la administración de justicia en el país, incluyendo el Poder Judicial y la Fiscalía. Esto le daría un poder sin precedentes para perseguir a sus opositores y consolidar su proyecto político. En las últimas horas, el Poder Judicial ha ordenado la restitución de los dos juristas en la JNJ, por lo que se prevé un nuevo enfrentamiento entre el Congreso y un juez que aún mantiene su independencia.
Para evitar problemas futuros en la implementación de su agenda, la coalición de ultraderecha necesita sofocar cualquier estallido social y desmovilizar las protestas masivas. Con ese objetivo, el régimen de Dina Boluarte presentó un proyecto de ley ante el Congreso que busca modificar el Código Penal para aumentar las penas de cárcel por delitos cometidos durante el estado de emergencia. Las modificaciones incluyen sanciones más severas para delitos como extorsión, daño a bienes artísticos y culturales, entorpecimiento de servicios públicos, peligro por incendio o explosión, fabricación de materiales peligrosos y violencia contra la autoridad. Además, se amplía el plazo de detención policial y se establece la posibilidad de detención preliminar o judicial por 10 días durante el estado de emergencia, así como juicios inmediatos para detenidos reducidos a 48 horas.
Estas acciones se alinean estrechamente con la reescritura de la historia que intentan llevar a cabo respecto a los hechos del conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000. El 19 de mayo del año pasado, el Congreso aprobó una ley que declara de interés nacional «la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país». De esta manera, se busca imponer un pensamiento único sobre lo acontecido en el país, suprimiendo el pensamiento crítico e imponiendo como única verdad la «memoria salvadora de las Fuerzas Armadas». En la misma línea van los cercos contra las actividades culturales de sello disidente al poder en el país; como, por ejemplo, se evidencia en los recortes a los estímulos económicos otorgados anualmente desde el Ministerio de Cultura, empezando por el cine independiente, y ante lo cual han habido ya algunas sonadas protestas públicas como la acontecida en la inauguración del 28° Festival de Cine de Lima contra la ministra del sector (https://www.swissinfo.ch/spa/la-ministra-de-cultura-es-abucheada-durante-la-inauguraci%C3%B3n-del-festival-de-cine-de-lima/86457717).
Pobreza
Una de las mayores críticas al gobierno de Pedro Castillo fue su desempeño económico. Se le atribuían problemas como el incremento de precios que tenían su origen en factores externos, producto de una escena internacional complicada como la guerra entre Rusia y Ucrania. La gestión de Boluarte, con el respaldo de todos aquellos que pedían desde el primer día la cabeza de Castillo, no solo no ha mejorado el desempeño de la anterior administración, sino por el contrario ha llevado al Perú a su peor momento en varias décadas, ya que hemos entrado en recesión. La economía peruana se halla en una situación crítica, impactando principalmente en los hogares de las familias más pobres. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), la producción nacional cayó en 0,55% en 2023. En el sector Manufactura la producción cayó en -6,65%, Pesca cerró con -19,75% y Agricultura con -2,91%. Según el Instituto Peruano de Economía, la pobreza alcanzó en 2023 el 29% de la población y la pobreza extrema 5.7%. Estas cifras son casi las mismas que se alcanzaron durante la pandemia (3).
Esta coyuntura ha golpeado directamente a las familias peruanas, con una disminución real de los salarios que no se ajustan a la inflación, provocando una reducción de los ingresos. Tal situación también ha llevado a una restricción en el consumo de alimentos de la población. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 70% de los hogares ha experimentado una disminución en el consumo de alimentos en los últimos meses. Además, la recesión ha conllevado una reducción en las oportunidades de empleo y opciones de negocio, lo que ha impactado en los estándares de vida y la capacidad adquisitiva del pueblo, lo cual ha repercutido en el crecimiento económico del país.
Precisamente, una de las principales demandas de la población que se levantó contra el régimen de Boluarte en diciembre de 2023 fue el cambio de Constitución, para abandonar un modelo económico que mantiene una situación de dependencia de las exportaciones primarias. La población busca un nuevo marco legal que permita un desarrollo más diversificado y sostenible para el país.
Perspectiva
A pesar de todo lo dicho y los avances de la coalición de ultraderecha conformada por el Congreso y el Poder Ejecutivo, el pueblo sigue luchando y manifestando su repudio al régimen de Boluarte. Sin embargo, su acción masiva está ahora debilitada. Tras el estallido social, reprimido sangrientamente por las fuerzas policiales y militares, las expresiones de disidencia se han reducido a grupos más pequeños, pero aún así contundentes. Ejemplos de esta resistencia incluyen el enfrentamiento de dos mujeres con Boluarte en Ayacucho, el repudio a Oscoirima, presidente regional de Ayacucho, y la expulsión de la congresista Patricia Chirinos de un bar en Barranco, entre otras espontaneas protestas ciudadanas mencionadas en el presente informe.
Por otro lado, en el ámbito de los grupos de poder, las pugnas internas comienzan nuevamente a intensificarse. Todo lo cual anuncia nuevos vientos de rebelión en el territorio nacional, que de seguro irán incrementándose al compás de la represión ejecutada como arma principal para controlar la situación social explosiva que se incuba y viene manifestándose, más aún en tanto se aproxime otro periodo de recambio electoral en un país secularmente desigual y oprimido por fuerzas internas y externas coaligadas que solo saben especular y actuar según sus egoístas intereses de clase.
Notas:
(1) Ver artículo sobre paquete de leyes en: https://ojo-publico.com/5201/congre…
(2) Dentro del Congreso peruano, cuando ya se hacían planes para vacar al otrora presidente Castillo, hubo un sector de la coalición opositora que planteaba también destituir a Dina Boluarte. A ella se le cuestionaba que, como ministra de Promoción Social, había firmado una autorización a favor del club Apurímac al cual pertenecía. De esta manera, vacando a los dos, se allanaba el camino para que el presidente del Congreso, que era parte de la coalición opositora, se pusiera la banda presidencial. Sin embargo, las pugnas pesaron más en la coalición opositora y no se pusieron de acuerdo en quién debía asumir la presidencia. De esa manera, Dina Boluarte asumió el mandato. En su discurso de asunción oficial, dijo unas palabras que fueron tan fatales como premonitorias: juró culminar su mandato en 2026.
(3) https://www.ipe.org.pe/portal/ipe-p…
http://eldiariointernacional.com/spip.php?article4530
