Por Olmedo Beluche (autor invitado), Panamá
Beluche es sociólogo, profesor y organizador antiimperialista en Panamá. Escribe aquí sobre la lucha de clases actual en su país. Envió este artículo a Workers World el 19 de julio.
En momentos en que supuestamente deberían estar volviendo a la normalidad las actividades afectadas por las protestas y huelgas que sacuden al país desde abril pasado, el gobierno de José R. Mulino, actuando con total impunidad dictatorial, ha ordenado a través del Ministro de Trabajo la disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Afines (SUNTRACS); y a través del Ministro de Educación, ha continuado el proceso de despido de 700 activistas y dirigentes magisteriales, utilizando a la policía para impedirles regresar a sus escuelas.
La pancarta de SUNTRACS dice: ‘Grande, clasista, combativo y revolucionario’.
Para redondear el ataque a los derechos laborales y la libertad sindical, el mismo día que “ordenaron” la disolución del SUNTRACS, la transnacional bananera Chiquita Brands, actuando con la total complicidad del gobierno, confirmó el despido de más de 1.000 trabajadores de sus plantaciones en Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.
En todos estos casos, así como en las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Bocas del Toro y Darién, el gobierno que preside Mulino está actuando en violación de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y laborales y las leyes nacionales.
El gobierno “investiga” (o fabrica acusaciones), juzga y castiga con total desprecio al debido proceso, en un país donde el fiscal general es el abogado personal del presidente, la Corte Suprema y los jueces están al servicio de grandes firmas de abogados estilo “Panamá Papers” y la Asamblea Legislativa está comprada con dudoso financiamiento y favores, bajo la “mirada vigilante” de la Contraloría de la República (según el diario La Prensa).
Estos actos criminales del gobierno son posibles gracias a tres factores internos: el apoyo incondicional de la burguesía financiera panameña, que garantiza la servidumbre de los principales medios de comunicación locales y del estamento militar-policial. Entre los factores externos se encuentran la corriente ultraderechista y neofascista a la que pertenece Mulino (al igual que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente argentino, Javier Milei) y el respaldo del imperialismo estadounidense, liderado por Donald Trump, a quien Mulino y su gobierno se han entregado como fieles sirvientes.
En Panamá, la afirmación de Karl Marx y Vladimir Lenin de que la «democracia burguesa» es la «dictadura del capital» nunca ha sido tan clara como hoy. Incluso personas sin mucha formación política comentan que el objetivo de Mulino es beneficiar al empresariado aplastando todos los derechos de los trabajadores. Destruir el SUNTRACS significaría destruir el convenio colectivo de trabajo más completo y mejor remunerado del país.
Los fiscales y jueces que ordenan arrestos y juicios acelerados contra dirigentes sindicales con acusaciones falsas son los mismos que, con la complicidad del presidente Mulino, facilitaron la fuga del expresidente Ricardo Martinelli, quien había sido condenado a 10 años de prisión por corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero.
Son las mismas autoridades de la Fiscalía y del sistema judicial las que no han hecho nada para garantizar que Martinelli pague la multa de 19 millones de dólares que se le impuso en esa condena, a pesar de sus múltiples propiedades en Panamá. Sin mencionar al expresidente Laurentino Cortizo y a su vicepresidente, José G. Carrizo, sospechosos de malversar grandes sumas de dinero de la administración pública.
La clase trabajadora enfrenta una situación difícil, pero no está derrotada. Esto a pesar de que dos de sus líderes se encuentran asilados en embajadas, entre ellos el secretario general del sindicato, Saúl Méndez. Otro líder se encuentra en una prisión de máxima seguridad, y el líder histórico Genaro López se encuentra bajo arresto domiciliario, junto con varias decenas de activistas que enfrentan procesos judiciales. A pesar de esto, el SUNTRACS se moviliza.
Con el apoyo de otros sectores sindicales, SUNTRACS ha convocado conferencias de prensa, ha reunido a sus estructuras intermedias y próximamente celebrará una Asamblea General. Ha organizado piquetes en las principales obras de construcción del país, ha convocado elecciones para su directiva y ha anunciado el inicio de una nueva sesión de negociación colectiva con la patronal.
La dirigencia docente también sigue movilizada y ha recibido el apoyo del estudiantado, lo que ha impedido la normalización de las clases en muchas escuelas. Organizaciones de derechos humanos siguen recopilando denuncias sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en Bocas del Toro.
A ello se suma el apoyo del movimiento obrero y popular de muchos países de América Latina y el Caribe, e incluso de Europa, que se identifican con la lucha de los sindicatos y el movimiento popular panameño por el respeto, por la libertad sindical, por la defensa de los sistemas de pensiones frente al neoliberalismo, por la lucha contra la explotación extractiva de la naturaleza y contra la remilitarización del mundo mediante bases militares (Memorando de Entendimiento) y el aumento del gasto militar de la OTAN.
En Panamá, ningún defensor honesto de las libertades democráticas puede permanecer en silencio ante estos nuevos abusos de la dictadura de Mulino. Ningún sindicato ni asociación puede dejar de defender al SUNTRACS y a los educadores sancionados. Todos debemos estar listos para salir a las calles en las manifestaciones que se convocarán próximamente.
