Breve repaso de amenazas y agresiones recurrentes
Por Alberto Acosta
Fuentes: Rebelión – Imagen: El presidente ecuatoriano Velasco Ibarra (de traje oscuro) en la base militar de Estados Unidos en Baltra (Seymour) Islas Galápagos, 2 de septiembre de 1944.
“La historia es la enseñanza del porvenir: ignorar los tiempos pasados es no ser aptos para los venideros.” Las Catilinarias, Juan Montalvo.
La concreción para entregar una base en Galápagos a fuerzas armadas de los Estados Unidos, por parte del presidente Daniel Noboa, debería sacudir a la sociedad, más allá de quienes ingenuamente quieren ver en ese paso una posible solución a los graves problemas de inseguridad que vive el país. Esta decisión atropella el espíritu y la letra de la Constitución de Montecristi, que proclama y defiende categóricamente la “cultura de la Paz”. Y esta disposición ubica al Ecuador, cual peón de ajedrez, en medio de un brutal enfrentamiento interimperial.
Son justamente los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos los que priman, una vez más. No es una casualidad que, simultáneamente, en Perú, donde ya existen cinco bases militares yanquis, se haya concretado un nuevo acuerdo con Washington para construir el puerto espacial más grande de la región en la Base Aérea de Talara, en el departamento de Piura. No cabe duda alguna que, coincidiendo Luis Córdova Galarza,
“ambos proyectos están relacionados a nivel geoestratégico y constituyen nuevos enclaves militares para fortalecer la posición de dominio y control de los Estados Unidos en la región, ante un eventual conflicto armado con la República Popular China o sus aliados”.[1]
Esta es una cuestión de especial cuidado cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, al iniciar su segundo mandato, ha renovado las pretensiones expansionistas de su país. Públicamente propone retomar el control del Canal de Panamá y anexar Groenlandia. Incluso ha afirmado que Canadá y México deberían pasar a ser dos estrellas más de la Unión. Al tiempo que ha abierto la puerta a una acelerada guerra de aranceles en contra sus socios en el T-MEC: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sucesor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN); guerra que la extiende a productos chinos. Mientras tanto ha desatado una brutal persecución en contra de migrantes indocumentados, a los que les deporta de la forma más ruin, atropellando sus Derechos Humanos, llegando incluso a trasladar a algunos migrantes a la prisión de máxima seguridad para terroristas en Guantánamo.
Tenemos entre manos un gobernante que alienta una suerte de gobierno de oligarquías transnacionales, cuyo poder se expande desde el control de medios de comunicación masivos, apuntalados en tecnologías de alcance global, con tentáculos en una diversidad de actividades económicas en el planeta. Oligarquías que no ocultan sus pretensiones de conquista y colonización en el espacio sideral.
Esa intención no es nueva. Empresas privadas, como SpaceX (Elon Musk) y United Launch Alliance (Boeing y Lockheed Martin), beneficiarias de enormes contratos gubernamentales, proporcionan gran parte de la capacidad de lanzamiento de cohetes estadounidenses, tanto para misiones científicas como militares. Aunque los estrechos vínculos entre las industrias de defensa y aeroespacial no son nada novedosos, nos encontramos en una fase decididamente nueva. Hoy inciden los avances tecnológicos, las nuevas prioridades políticas y el auge de esas oligarquías transnacionales. Con este proceso, aceleradamente se erosiona la visión del espacio exterior como bien común. El capitalismo estadounidense ha colocado su mira en el Universo en un intento por mercantilizarlo –empezando con la extracción de minerales de los asteroides[2]-, al tiempo que trata de consolidar sus posiciones de dominio, sobre todo militar, en la Tierra.
Llegados a este punto no se puede olvidar lo que significó y significa aún la combinación de la “Doctrina Monroe” con las ideas del Destino Manifiesto, que sentó un precedente y las bases mismas para la expansión de Estados Unidos en el continente americano e inclusive fuera de él. Ese es el sustento ideológico de dicho imperialismo que disputó el poder a las viejas potencias europeas. Ideología que ahora nutre el empeño por recuperar e inclusive ampliar la supremacía global de los Estados Unidos.
Primeros aleteos del águila yanqui en territorio del Ecuador
Para comprender mejor la complejidad de la decisión entreguista del gobierno de Daniel Noboa, que empezó a fraguarse en el gobierno de Guillermo Lasso, hagamos un breve recuento de las pretensiones imperiales, que cuentan con una larga historia de amenazas e inclusive agresiones.
Cuando Ecuador recién daba sus primeros pasos republicanos, el año 1852, un grupo de maleantes, encabezados por el “pirata del Guayas”, Manuel Briones, asaltó la goleta norteamericana “George Howland”, en Galápagos. Los asaltantes fueron capturados y ajusticiados. El hecho dio lugar a un reclamo de casi 40 mil dólares por parte de la misión diplomática estadounidense en Quito. Su exigencia no obtuvo respuesta durante una década.
En 1862, luego de largos años de silencio y ante las nuevas presiones norteamericanas, el entonces presidente Gabriel García Moreno firmó un convenio para atender estas reclamaciones, comprometiéndose a pagar en nueve años. Como el país no pudo cumplir con esa demanda, las continuas presiones del representante norteamericano desembocaron en amenazas, inclusive de intervención armada. Este llegó a sugerir, en abril de 1866, que, de su larga experiencia en este país, le llevaba a concluir que la deuda no será nunca pagada, a menos que nuestro gobierno evidencie su disposición de respaldar su demanda con la fuerza. La propuesta fue motivo de discusión en el Congreso norteamericano, órgano al que recurrió el presidente Andrew Johnson, quien expresó que las “deudas de un gobierno a otro son justamente consideradas como algo sagrado y como medidas diplomáticas ulteriores no son en este caso susceptibles de ser exitosas, someto a vuestra consideración la conveniencia de autorizar otros procedimientos”.[3]
Frente a tamaña amenaza, los gobiernos de Chile y Perú intervinieron ante Washington para conseguir un plazo mayor en favor de Ecuador. Para entonces había estallado la Guerra del Pacífico, enfrentando una alianza peruano-chilena contra España. Esta actitud de los dos gobiernos latinoamericanos permitió solucionar el problema, a pesar de que el gobierno ecuatoriano, el de García Moreno, se había declarado neutral en el conflicto del Pacífico, permitiendo el aprovisionamiento de las naves hispanas en los puertos nacionales. Recuérdese que también los norteamericanos se mantuvieron neutrales en esa guerra, lo que significó mucho para la flota española, que se encontraba lejos de sus bases.
El Ecuador pagó su deuda, reconociendo un interés de mora del 1%. Para entonces la deuda ya ascendía a casi noventa y cinco mil dólares por obra y gracia de alegres cuentas, tal como lo presentó el historiador Jorge W. Villacres Moscoso:
“el buque valía tanto: Intereses sobre el valor primitivo, tanto más: densas sumas. Pudo hacerse una presa de tantas ballenas, tanto: intereses sobre lo que pudo pescarse, tanto: enormes cifras. Con el aceite pudieron hacerse tales y cuales negocios, tanto: intereses sobre los negocios que pudieron hacerse: tanto. Sendos guarismos: incomprensibles cantidades”.[4]
Un punto a tener muy en cuenta. La amenaza o incluso la utilización de mecanismos no pacíficos para cobrar las deudas externas marcan las relaciones históricas de Nuestra América con las potencias imperiales, sobre todo con los Estados Unidos. Son muchos los casos en los que los reclamos de los acreedores fueron respaldados abiertamente con las armas, como sucedió con la invasión anglo-francesa-española a México en 1862; el despojo a México de casi dos millones de kilómetros cuadrados -Texas, Nuevo México, California, entre otros estados de la Unión- en las décadas de 1840-1850 por parte de los Estados Unidos; el bombardeo de los puertos venezolanos en 1903, por parte de una flota anglo-germano-italiana (con aprobación de los Estados Unidos); el secuestro por parte de marines de las aduanas de la República Dominicana en 1907 y de Haití en 1917, para mencionar apenas unos pocos ejemplos. [5]
Así, a lo largo del tiempo se han repetido las amenazas para forzar el servicio de la deuda, siempre a tono con las apetencias de los acreedores. De las misiones militares se pasó a las misiones de expertos de los organismos multilaterales de crédito, como el FMI y el Banco Mundial, a las que cada vez más se suman algunas ONG que lucran del canje deuda por Naturaleza, como veremos más adelante.
No nos olvidemos que la historia de la deuda externa engarza con un axioma menos conocido de Klaus von Clausewitz: “La guerra es un acto de violencia cuyo objetivo es forzar al adversarlo a hacer nuestra voluntad”. Objetivo que se consigue con el manejo imperial de la deuda en el ámbito de la política económica. Ya no se requiere enviar tropas, sino que se imponen condiciones de política económica, en función de las demandas de los acreedores, manteniendo, de paso, a nuestras economías como suministradoras de materias primas.
No solo eso, en la práctica, muchas veces, los acreedores ven asegurados sus intereses con el empleo de la fuerza pública de los propios países deudores… fuerza pública encargada de aplacar las protestas y mantener el “orden”, cuando el servicio de dichas deudas provoca los justificados reclamos populares ante las graves afectaciones sociales que desatan las políticas económicas de austeridad impuestas. No nos olvidemos que muchas de esas deudas son corruptas, usurarias u odiosas, casi siempre impagables.
La deuda, en este sentido, ha sido y es un instrumento para obligar a hacer la voluntad de los acreedores. Esa perversa lógica la encontraremos a continuación, teniendo a las Galápagos en la mira de los intereses imperiales.
Una compleja y poco conocida historia de pretensiones imperiales
El Archipiélago de Colón -o simplemente las Galápagos- pertenece al patrimonio ecuatoriano desde 1832. Antes de formar parte del territorio ecuatoriano e incluso décadas después, este archipiélago fue utilizado como guarida de piratas, que saqueaban sus riquezas, sobre todo animales. Estas islas también fueron objeto de importantes investigaciones científicas, como la de Charles Darwin (1835), llegando incluso, por su increíble y única biodiversidad, a ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, en 1978, por la UNESCO.
Hay que reconocer que el ejercicio de la soberanía nacional en dicho territorio insular registra muchas tribulaciones. Las pretensiones imperiales por despojarnos del archipiélago han estado presentes una y otra vez. Y la incapacidad de los gobernantes para defender la soberanía nacional ha sido casi una constante. Durante mucho tiempo no se consideró la significación de su biodiversidad y menos aún los derechos de su población. Las islas llegaron a ser consideradas como económicamente yermas, lo que condujo a que sean empleadas como colonias de criminales, llevados allá desde el continente.
Los anhelos de varios imperios de anexarse, controlar o al menos poner un pie militar en las islas Galápagos es larga. En el gobierno del general José María Urbina (1852 – 1856), la Casa Blanca propuso explotar el guano en las Galápagos, a pesar de que era sabido que no había cantidades significativas como en el Perú. Realmente eran otros lo intereses de Washington.
No solo están en la lista los ambiciosos vecinos del Norte. Francia en algún momento de la historia, justamente cuando el presidente Gabriel García Moreno trató de convertir a Ecuador en su protectorado, mostró su interés por esas lejanas islas. Justamente en 1859, cuando existían cuatro gobiernos en Ecuador, y su integridad estaba amenazado por las pretensiones territoriales del vecino del sur, el caudillo conservador García Moreno buscó respaldo militar en Francia. Escribió tres cartas al encargado de negocios francés, Emilie Trinité, expresándole el deseo de que Ecuador esté protegido por el Imperio francés.
García Moreno buscaba “la felicidad de este país”, pues consideraba que Francia, entonces gobernada por el emperador Napoleón III, quién poco después invadiría México con el pretexto de cobrar una deuda externa, garantizaba “la civilización en la paz y la libertad en el orden” y así, además, se podía “frenar el torrente asolador de la raza anglo-americana”. Cuando ya había pasado el peligro de fragmentación, el mismo presidente García Moreno volvió a insistir sobre la posibilidad de que Ecuador se convierta en protectorado francés, con otra misiva, en tono similar a la anterior, en 1861, dirigida a Aimé Fabre, sucesor de Trinité.
El destacado historiador Alfredo Pareja Diezcanseco[6], profundo estudioso de esos episodios, desnudó el significado de estas cartas: “Ninguna desesperación del momento le hizo dar ese paso [a García Moreno]. Por el contrario, fue proyecto reflexivo, de mandatario extraño, en tierra de indios. Qué Francia no haya querido recibir el regalo, es otra cosa…”
Alguna vez también se dijo que incluso Alemania estaría interesada, pero quienes nunca ha desistido de esa pretensión son los gobiernos de Washington. Tan esa sí, que, en 1883, el Senado norteamericano declaró a las islas como “tierra de nadie” (res nullius), considerando la existencia de serias dudas sobre la existencia de la soberanía de Ecuador sobre el archipiélago. La lista de estos intentos es interminable, en estas breves páginas solo se resaltan algunos considerados los más relevantes.[7]
Pragmatismo o sumisión: las Galápagos a cambio de la deuda
En la tercera década del siglo XX, como en tantas otras ocasiones en la larga historia de la deuda eterna[8], los responsables gubernamentales tuvieron que enfrentar problemas derivados del endeudamiento externo. Nepalí Bonifaz, a la sazón presidente del Banco Central, manifestó en un informe reservado a la Asamblea Constituyente, el 21 de enero de 1929, que la situación económica estaba encerrada “en un dilema que no tiene salida”. Por su trascendencia, bien vale conocer algunos detalles de dicho documento:
“O nos quedamos con la enorme deuda exterior de más de cien millones de sucres, esclavizados por tiempo indefinido, sin poder realizar las obras públicas, tan justas como necesarias, prometidas a las provincias; o, si queremos cancelar la primera y ejecutar las segundas, tendremos que aceptar, para obtener un empréstito, condiciones tan vergonzosas y humillantes que, prácticamente, daríamos al traste con la autonomía nacional.
“Nuestra deuda está garantizada por las aduanas, con el ferrocarril y con la responsabilidad del Gobierno ecuatoriano; es decir con todas las garantías compatibles, hasta cierto punto, con nuestra independencia, aunque ellas no dejen de ser un tanto humillantes.
“Sin embargo, los acreedores han sido permanentemente burlados. Hace pocos días, lo iban a ser de nuevo cuando se propuso suspender el pago de los cupones.
“El poquísimo tiempo que llevamos de cumplir con nuestros compromisos, no puede lavamos de nuestra conducta secular, ni puede inspirar confianza alguna para prestarnos dinero. Con semejantes antecedentes, para acordamos un empréstito, es seguro que se nos pedirá, por lo menos, la entrega de nuestra principal Aduana a un representante de los prestamistas. Lo cual equivaldría para nosotros a firmar un ‘Documento de Concertaje’, que nadie en el Ecuador, querría suscribir”.
Bonifaz completó su informe, que fue leído en el Congreso, proponiendo algo que
“puede herir la susceptibilidad de algunas personas; pero juzgo mi deber, cualesquiera que sean las consecuencias, el indicar a la Asamblea el único medio que nos queda, no sólo para remediar, nuestra situación actual, sino para subir, en pocos años, a una prosperidad a la que no llegaremos de otro modo antes de un siglo.
“Los ecuatorianos debemos, dejando a un lado el romanticismo -enfermedad común de toda raza latina- mirar frente a frente, con la calma que lo requiere, el problema de la venta de Galápagos al Gobierno Americano, antes de que éste, con su tradicional política, se apodere del Archipiélago, porque así lo exigen los vitales intereses de su gran país”.
Y Bonifaz concluyó en la necesidad de la venta de las islas Galápagos, aduciendo
“que esas Islas no nos pertenecen… sino moralmente, pues no tenemos medios de ejercer en ellas nuestra soberanía: que no están habitadas; que quizás no haya uno por cincuenta mil ecuatorianos que las conozcan; que sus tierras son estériles; y, por último, que no nos ocasionarían sino gastos hasta el día en que el Coloso del Norte se apodere de ellas. Cosa que tardará más o menos en suceder, pero que sucederá fatalmente si nuestros políticos no lo impiden negociándolas de una manera voluntaria.
“Como consecuencia de la venta tendríamos: La desaparición de esa vergüenza llamada deuda externa”.
El Congreso, luego de largas deliberaciones, mantuvo la decisión de “sostener el quijotismo de conservar Galápagos a todo trance y por todos los medios”, como dejó sentado el historiador conservador Luis Robalino Dávlla. [9]
Lo curioso es que la actitud de Bonifaz pareció servirle para terciar, poco después, como candidato conservador en las elecciones para la Presidencia de la República, y ganarlas. No se llegó a posesionar, pues el Congreso Nacional lo descalificó en vista de sus orígenes peruanos, mencionados alguna vez por el propio Bonifaz. Su descalificación, para cerrar este triste capítulo, desembocó en “la guerra de los cuatro días”, que se libró en Quito del 29 de agosto al 1 de septiembre de 1932, con cientos de víctimas.
Recuérdese que la pretensión de entregar parte del territorio nacional para servir la deuda externa, no era nueva. Entre los primeros arreglos de la conocida como “deuda inglesa” o “deuda de la Independencia”, en 1854, se planteó ceder territorios en la Costa y en la Amazonía a los acreedores, alentando, simultáneamente, la colonización europea; con una cláusula que reconocía una creciente tasa de interés a medida que subía el número de colonos. Este intento exacerbó las tensiones con el Perú, lo que incluso llegó a provocar el mencionado conflicto armado en 1859.
Del ataque japonés a Peral Harbor a Galápagos: Baltra – Base Beta
La importancia estratégica de las Galápagos cobró aún más fuerza desde la construcción del Canal de Panamá, que, como bien sabemos, surgió de una acción imperial, que propició el desmenbramiento del territorio colombiano para dar paso a la creación del Estado de Panamá.
Los Estados Unidos mantenían sus expectativas para llegar a controlar las Galápagos. Ya desde el año 1919, buques de su armada realizaban misiones de cartografía y de mediciones batimétricas en el Archipiélago. Incluso, en 1921, se habló oficialmente de la necesidad que las islas formen parte de la administración del Canal de Panamá.
En el año 1935, el presidente Franklin D. Roosevelt, preocupado por razones de geo-estrategia y ante la no aceptación de Ecuador para vender las islas, buscó concretar esa aspiración esgrimiendo argumentos cobijados en la protección de la biodiversidad allí existente. Se sugería la sesión de soberanía para que sea la Unión Panamericana -surgida de la IV Conferencia Interamericana, celebrada en 1910, en Buenos Aires- la responsable del patrullaje de las islas y la encargada de financiar el proyecto conservacionista.
Muy pocos años después, en diciembre de 1941, se registró la llegada masiva de tropas yanquis a territorio ecuatoriano. El continente americano estaba consternado por el ataque japonés a Pearl Harbor, el domingo 7 de dicho mes. En ese contexto, con parte del territorio ecuatoriano ocupado por tropas peruanas, y sin que el Estado ecuatoriano hubiera aún concedido oficialmente la autorización, desembarcaron los contingentes de la marina y del ejército norteamericano. Esas tropas extranjeras ocuparon posiciones estratégicas en Baltra (Seymur), en la Islas Galápagos, y también en Salinas, en la costa ecuatoriana.
De hecho, ya en el año 1938 el gobierno ecuatoriano había suscrito algunos acuerdos secretos -sin el consentimiento del Congreso Nacional- para permitir la presencia de soldados norteamericanos en el Archipiélago. Tropas que ya en el año 1940, en número muy reducido se habían estacionado precariamente en la isla Baltra.
En esos días, el Ecuador vivía una gravísima crisis política. Su provincia sureña de El Oro estaba invadida por tropas peruanas; agresión con la que Lima trataba de imponer un arreglo limítrofe. Ese ataque peruano en contra de Ecuador no preocupaba en la región. Los países americanos estaban movilizados para “defender la democracia” amenazada por los países del eje: Alemania, Italia, Japón. La solidaridad panamericana estaba en su apogeo. La defensa colectiva del continente, inspirada en los convenios multilaterales de Lima y la Habana, se complementaba con varios convenios bilaterales, anteriores al ataque nipón.
El presidente liberal-conservador Carlos Alberto Arroyo del Río, incapaz de dar una respuesta a la doble invasión, se sumó a esa solidaridad internacional, reclamando inclusive “el procerato de la lealtad…” a Washington. En la práctica toleró la ocupación del territorio nacional por las tropas yanquis y aceptó las imposiciones peruanas.
Recién el 24 de enero de 1942 se firmó el convenio para normalizar la presencia de tropas de los EEUU en Salinas y el 2 de febrero en Baltra. Entre estas dos fechas, con la presencia de soldados peruanos en territorio ecuatoriano y con una enorme presión panamericana, el 29 de enero de 1942, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, con el que el Perú intentó dilucidar la larga disputa de límites con su vecino.
Cuando ya se avizoraba el fin de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos trataron de prolongar la ocupación de esas dos bases por 99 años, con un pago de 20 millones de dólares. Esas negociaciones con el gobierno liberal-conservador de Quito se frustraron por la revuelta popular del 28 de mayo de 1944, conocida como “La Gloriosa”.
Con el nuevo régimen del doctor José María Velasco Ibarra se mantuvieron las pretensiones de la gran potencia del norte. Empero, en la Asamblea Constituyente de 1944 se exigió buscar una salida que evite al país “la más humillante ofensa a la dignidad soberana”. Las presiones y negociaciones continuaron. Inclusive fueron parte de la agenda en los debates de otra Asamblea Constituyente, la de 1946. El gobierno de Velasco Ibarra no cedió a las pretensiones de Washington, que ofrecía recursos económicos para ayudar a solventar los graves problemas económicos existentes. Sería en ese año, el primero de julio cuando se retiraron las tropas norteamericanas.
Al salir sus soldados dejaron desmanteladas las instalaciones militares y en escombros las construcciones, botando al mar gran parte de los equipos que no pudieron o quisieron retirar. Las afectaciones al ambiente deben estar documentadas en informes del propio gobierno norteamericano; se conoce que se aplanó una montaña (¿el cráter?) en Baltra; que se aceleró la destrucción del hábitat de muchas especies nativas con la construcción e las pistas de aterrizaje, las carreteras y las viviendas para la tropa e incluso que su presencia contribuyó a la llegada de varias especies extrañas en ese entorno. Quedaron también los restos de varios aviones estrellados en el mar de las Galápagos, en cuyo fondo inclusive se han detectado bombas y otros instrumentos de guerra.
Una historia similar, pero de mucho menor magnitud, se repitió en medio de otra grave crisis. Luego del terremoto de 1987, que destruyó el oleoducto transecuatoriano, ahondando las graves dificultades desatadas por el peso de la deuda externa, llegaron reservistas yanquis para ayudar en la construcción de una vía amazónica. Su aporte real fue prácticamente nulo. Lo que buscaban es aprender cómo se construyen carreteras en territorios selváticos. Y aún cuando el Congreso Nacional dispuso su salida, el presidente socialcristiano León Febres Cordero permitió que continúen para cumplir con el plazo que él había acordado con los Estados Unidos.
La experiencia de la base militar norteamericana en Manta
Años después, en 1999, cuando el Ecuador, durante el gobierno del democristiano Jamil Mahuad, vivía otra de sus mayores crisis, de forma reservada, sin autorización del Congreso Nacional, se permitió la instalación de lo que se conoció como Base de Manta, cuyo nombre oficial fue Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, Forward Operating Location).
En esa época, los Estados Unidos pretendían, una vez más, consolidar su hegemonía en la región. Empezaba la ejecución del Plan Colombia con el afán de enfrentar el narcotráfico, como rezaba el discurso oficial. Eran los años en los que se vendía desde la Casa Blanca la idea de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Por igual les preocupaba en Washington la consolidación del régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Y adicionalmente, entre otros factores, el Pentágono se sentía presionado porque los Estados Unidos estaban forzados a dejar la Base Howard, en Panamá, como consecuencia de los Tratados Torrijos-Carter. En este entorno, como pretexto oficial, la base de Manta incluía la operación de aeronaves para controlar el narcotráfico.
Luego de 10 años de su operación, dicha base, a contrapelo de quienes sostienen lo contrario, no contribuyó a resolver o al menos a disminuir el flagelo del narcotráfico. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó. Los envíos de droga se triplicaron. Decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis. En suma, se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos y la respuesta de la sociedad mantense, en su mayoría, era contraria al mantenimiento de dicha instalación militar extrajera, como informó el INREDH, en el año 2007.[10]
Es más, como se demostró, las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en muchos casos estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y la interdicción de emigrantes ecuatorianos; muchas veces en acciones sin conocimiento de las autoridades ecuatorianas.
Lejos quedó el sueño de transformar a Manta en una suerte de Miami en el Pacífico. Los empleos que se crearon tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto, o sea ocho meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga. El crecimiento del turismo y el comercio, que se esperaba, llegó para pocos, en un escenario en el que aumentaron los bares, discotecas y cabarets. Es más, las tropas allí instaladas, que gozaban de privilegios diplomáticos, consumían escasos productos locales.
En el año 2009, no se renovó el convenio y se produjo la salida de las tropas norteamericanas Manta, en cumplimiento de una disposición constitucional, en concreto de su artículo 5:
“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.”
Debe quedar claro que en la Asamblea Constituyente de Montecristi se tomó esta decisión como resultado de un largo proceso de resistencia en el país, desplegado desde el año 1999, con el liderazgo de la Coalición No Bases – Ecuador. Este impulso ecuatoriano posibilitó la creación de la Red No Bases Mundial, que se formó en marzo del año 2007, con el fin de desarrollar una estrategia internacional para el cierre de todas las bases militares extranjeras: meta que no ha perdido para nada su vigencia.
En este punto cabría traer a colación que luego del desmantelamiento de la Base de Manta, los norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia, en donde en la actualidad ya existen 7 bases, sin que se haya logrado parar el narcotráfico. Es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde ya funcionan 5 bases militares norteamericanas, a las que se sumará la base para control espacial en Talara. Es bueno conocer que, el Imperio norteamericano cuenta con cerca de un millar de bases e instalaciones militares en todo el mundo, con las que asegura su poder y bienestar económico. Con ese despliegue de poderío militar Washington no ha conseguido restringir la expansión de la droga, tal como se promete ahora con el establecimiento de una base militar estadounidense en las Galápagos, como consecuencia de los acuerdos a los que han llegado los gobiernos conservadores – neoliberales de Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
Lo que ahora sorprende es que, en realidad, como afirmó el embajador norteamericano Todd Chapman, el año 2019, al finalizar sus funciones en Quito, con las nuevas tecnologías, los desafíos en la lucha contra el narcotráfico, no requieren de una base militar estadounidense en Ecuador, como ocurría con la base de Manta. Este diplomático, en esa entrevista, afirmó categóricamente que “no es del interés de EE.UU. usar los métodos del pasado para confrontar los desafíos de hoy”.[11]
Entonces, a todas luces aquello de que la base norteamericana en Galápagos estaría orientada a combatir el flagelo del narcotráfico pierde fuerza. Priman, sin duda alguna, los intereses geoestratégicos de Washington en medio de la disputa del poder mundial con las otras grandes potencias imperialistas.
Con una nueva gran crisis, otra oportunidad propicia para Washington
Ahora, en medio de otra crisis de enormes proporciones, que ha desembocado en niveles insostenibles de violencia e inseguridad provocados por el crimen organizado, en medio de un grave colapso social y económico,[12] como que aparecen nuevamente las condiciones para otro desembarco de tropas norteamericanas en Ecuador. La declaración del “conflicto interno armado” del presidente Noboa empata con las pretensiones de Washington, siempre presto a profundizar los lazos de sumisión de su patio trasero, sobre todo en la actualidad cuando las grandes potencias mundiales están empeñadas en consolidar sus espacios de influencia y de ser posible ampliarlos.
Los Estados Unidos, lo sabemos muy bien, están metidos hasta el cuello en una larga e inútil guerra contra el narcotráfico; bastaría con recordar su aparatosa derrota en lo que se conoce como “la guerra del opio” en Afganistán, el año 2021. Empero, lo que interesa es entender que su guerra contra el narcotráfico es parte de su geo-estrategia para expandir su control por el mundo, sobre todo en nuestra región. Le sirve de pretexto para muchas intromisiones y acciones en función de sus intereses imperiales.
Como ya lo señalamos, desde la salida de la base militar estadounidense de Manta, casa adentro se ha mantenido una campaña de diversas fuerzas políticas para que se autorice su retorno. Y en años recientes, representantes del Comando Sur han ofrecido de forma reiterada la “colaboración” militar. Hubo varios acercamientos cobijados con lo que significa la coordinación en la lucha contra el narcotráfico. Incluso, no faltaron los aplausos desde el Norte a las acciones del gobierno de Rafael Correa, tratando de congraciarse con un gobernante que mantuvo una línea soberana en su política internacional.
Sin embargo, sería en ese gobierno cuando el Ecuador se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), lo que condujo a una reducción sustantiva del mar territorial. Esta decisión, favorecería, de acuerdo a Marcelo Larrea, uno de sus mayores críticos, la depredación que provocan las flotas pesqueras extranjeras, la explotación de minerales del subsuelo marino, al tiempo que se dan mayores facilidades para el tráfico de sustancias ilícitas en aguas consideradas por la Convención como internacionales. Al perder la soberanía sobre el mar territorial, reducido por la adhesión a la CONVEMAR de 200 a 12 millas desde la línea de costa del continente y de las Galápagos, Ecuador renuncia a la vez a sus derechos territoriales sobre sus fondos marinos y el agua suprayacente, a sus derechos de soberanía aérea y espacial en esas 188 millas, establecidas en la evolución de su legislación marina desde 1830 hasta 1986.
Recordemos que la larga disputa por la soberanía marítima de 200 millas, que se inició en los países del sur de América: Ecuador, Chile, Perú y Colombia, dio lugar a varias confrontaciones. La historia registra inclusive ¨la guerra del atún”, cuando en los años sesenta y setenta del siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones económicas a Ecuador por haber capturado buques pesqueros estadounidenses -154 en total- dentro de la zona de las 200 millas reclamada por el Ecuador.
Este enfrentamiento se desarrolló con diversos grados de intensidad desde el gobierno de Carlos Julio Arosemena, quien inició la defensa del mar territorial en 1963 al detener numerosos buques estadounidenses, que se encontraban pescando dentro de las 200 millas. Continuó en los gobiernos de Clemente Yerovi, Otto Arosemena y José María Velasco Ibarra. Este último obtuvo una victoria definitiva cuando unió a América Latina y derrotó a la administración de Richard Nixon en la OEA (Organización de Estados Americanos), lo que obligó a los Estados Unidos a someterse a las leyes ecuatorianas para liberar sus buques detenidos por “pesca ilegal”.
Marcelo Larrea, quien denuncia los riesgos que se ciernen para la soberanía nacional e incluso para la sostenibilidad de las Galápagos, considera que, con la adhesión a la CONVEMAR, suscrita el 24 de octubre del 2012, no solo se habría perdido un millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, sino que se sientan las bases que permiten la nueva llegada de tropas extranjeras al territorio ecuatoriano.[13]
Las acciones para conseguir una mayor coordinación entre los militares de los dos países avanzaron rápidamente en el gobierno de Guillermo Lasso, justo cuando desde la Embajada norteamericana en Quito se denunciaba el accionar de narco-generales en la fuerza pública. En ese contexto, mientras se profundizaba (¿toleraba?) la infiltración del crimen organizado en la institucionalidad estatal y de los narco-dólares en toda la economía, se redobló el paso para la preparación de un “Plan Ecuador”, emulando el “Plan Colombia”, que tuvo incluso nefastas repercusiones en Ecuador. Según Fernando Carrión, uno de los mayores expertos en estos temas, “la aplicación del Plan Colombia, generó un doble efecto globo: por un lado, el traslado de la producción de cocaína y, por otro, de las nuevas rutas hacia el territorio ecuatoriano”.[14] En síntesis, dicho Plan, que no sirvió para resolver la cuestión del narcotráfico en Colombia, si puede ser visto como un detonante que provocó la creciente presencia de las bandas delictivas transnacionales en Ecuador.
En junio de 2022 se concretó un primer acuerdo entre Washington y Quito. En diciembre del mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”, estableciendo un plazo de medio año para que el Departamento de Estado propusiera un plan de acción concreto. Posteriormente, el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa entre ambos países, a mediados del 2023, propuso invertir más de 3.100 millones de dólares en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con un plazo de 7 años de duración.
Se aceleraba el paso. En mayo del mismo año, en el régimen de Lasso se firmó un acuerdo para la interceptación aérea. En setiembre se firmó otro acuerdo para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas. Ambos tratados, por dictamen de la Corte Constitucional, no fueron conocidos, ni aprobados por la Asamblea Nacional. En ese mismo 2023, una vez más, a espaldas de la sociedad, en octubre, el canciller ecuatoriano y el embajador de Estados Unidos firmaron el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas”, que había recibido luz verde por parte de la Corte Constitucional.
Dicho acuerdo fue ratificado por el presidente Noboa, cuyo gobierno aprobó el 10 de diciembre del 2024 el Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular y el Instructivo para la Aplicación de los Acuerdos de Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos. De esta manera se operativiza el establecimiento de una base militar en las Galápagos para “combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas conexas entre los grupos narcoterroristas vinculados a los cárteles internacionales”.
Estas decisiones del órgano encargado de velar por la vigencia plena de la Constitución, la Corte Constitucional, sorprenden, por decir lo menos. Por mandato constitucional están prohibidas bases o instalaciones extranjeras con fines militares en el territorio nacional; en realidad no se trata de una prohibición para tener tropas extranjeras en un espacio físico reducido, sino de una clara prohibición de tropas foráneas en el Ecuador, declarado, por la Constitución del 2008, como “un territorio de Paz”.
Lo grave es que la Corte Constitucional determinó que este acuerdo no constituye un acuerdo militar, sino más bien es solo un “compromiso de asistencia” en el marco del enfrentamiento al crimen organizado. Por lo tanto, no ameritaría debate alguno en la Asamblea Nacional, tal como sucedió con la Base de Manta en el año 1999. Es decir, se dejó abierta la puerta para que este acuerdo fuera ratificado directamente por el presidente Noboa. Como de hecho sucedió.
Quizás como una anotación para la historia queda el voto salvado de tres magistrados de la Corte que resaltaron la magnitud y la trascendencia de los compromisos acordados y los privilegios concedidos a una fuerza militar extranjera, que comprometen la soberanía nacional y que al menos debió ser tratado por el parlamento ecuatoriano. Intentar confundir el aporte militar de los Estados Unidos como un simple apoyo policial es una conclusión realmente audaz; ese subterfugio legal sirve para no cumplir con el claro mandato constitucional del artículo 419, que establece que para suscribir tratados internacionales políticos o militares, se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional.
Las evidencias son contundentes. Los propósitos militares y los privilegios otorgados en los acuerdos son inocultables y merecen ser conocidos en detalle. Aquí apenas unos cuantos puntos seleccionados. El acuerdo se aplica a personal militar, tanto como al personal civil y contratistas estadounidenses que intervengan en diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria, con una serie de prerrogativas e inmunidades. Se obvia la jurisdicción penal sobre ese personal. Se acepta la resolución de conflictos de acuerdo a las leyes estadounidenses y no a las ecuatorianas. Se establecen exenciones fiscales para el personal norteamericano. También se entrega el uso gratuito del espectro radioeléctrico. Se libera del pago de todo tipo de derechos a las embarcaciones de los Estados Unidos, que inclusive no están obligadas a usar los servicios de peritaje en los puertos ecuatorianos. Se establece la vigencia de la ley del Estado del agente a bordo, no la del Estado ecuatoriano, de una manera casi generalizada. Se establecen normas no solo para la interdicción de sustancias prohibidas, sino para interceptar embarcaciones con personas en calidad de emigrantes. Se autorizan sobrevuelos en todo el territorio nacional, incluyendo la permanencia en la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil y en otros aeropuertos; trato similar recibirán las embarcaciones norteamericanas que podrán acoderar en todos los puertos. Lo que resulta evidente, esto es clave, se asegura el libre movimiento de vehículos, en especial aviones y buques; en otras palabras, las tropas norteamericanas no necesitarían una base específica, podrán recorrer todo el territorio nacional… siempre que informen al Estado ecuatoriano sobre sus actividades, algo que, como bien recordamos cuando estaba la Base de Manta, no era la norma.
Un dato adicional importante. El tan mencionado Plan Fénix, al que se ha referido con frecuencia el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, para enfrentar el crimen organizado, a la postre parece ser apenas “un plan de seguridad de cinco años para Ecuador”, elaborado sobre todo por el Pentágono. Plan al que se lo bautizó como la Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad, según declaró la jefa del Comando Sur de los EEUU, Laura Richardson. Ella, adicionalmente, al celebrar la aceptación de este acuerdo y al tiempo de participar en la ceremonia de entrega de una nueva donación de equipos militares de los Estados Unidos, declaró que “estoy orgullosa de servir con ustedes en el equipo democracia”, refiriéndose a los militares ecuatorianos presentes.
No puede pasar desapercibido el paquete de otros intereses del águila imperial del norte. El año 2022, al inaugurar la Conferencia Sudamericana de Defensa, reunida en Quito, la misma generala señaló públicamente que China y Rusia son “amenazas malignas” para el hemisferio. Inclusive clasificó a la pesca ilegal como un riesgo para la región, refiriéndose las flotas pesqueras chinas, a las que se les abrió la puerta con la CONVEMAR. Ténganse presente, también, que esta funcionaria, en repetidas ocasiones, ha manifestado que los recursos de América Latina son estratégicos para la seguridad de su país. Democracia, seguridad, desarrollo… todos conceptos con los que con frecuencia se disfrazan las apetencias imperiales.
Controlar Galápagos con el pretexto de proteger su Naturaleza
Con bombos y platillos, el presidente Guillermo Lasso anunció solemnemente durante la COP 26, celebrada en Glasgow, al finalizar el año 2021, que se incrementará la reserva marítima del Archipiélago de Galápagos en 60.000 kilómetros cuadrados, gracias a recursos que se conseguirían con un canje de deuda externa. Aparentemente una buena noticia. Tan es así que los aplausos hasta del jet set mundial no se hicieron esperar.
La realidad, una vez más, quedó muy lejos de la propaganda. El ruido fue más que las nueces.[15] Sin minimizar la importancia de ampliar el área de protección en el Archipiélago, la propuesta financiera no ofreció nada nuevo, ni resultó tan potente como se la intentó posicionar. Algo similar sucede con el reciente canje de deuda externa para proteger la Amazonía.
De hecho, la idea de cambiar deuda externa para financiar inversiones ambientales es muy conocida en muchas partes del mundo. En el Ecuador se practicó hace algunas décadas. La idea de canjear deuda para inversiones ambientales, que tiene mucho recorrido. Fueron grupos ambientalistas los que comenzaron a idear cómo hincarle el diente al problema para sacar recursos que les permitan impulsar inversiones en su área de su preocupación. Thomas Lovejoy, representante del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en 1984, propuso la conversión de deuda externa a cambio de actividades de conservación de la Naturaleza. La lista de proyectos cristalizados de esta manera es larga.
Si abordamos el tema más allá de su publicidad, constatamos que estas operaciones financieras no resuelven las cuestiones de fondo. Es decir, no enfrentan los orígenes y las repercusiones que derivan del endeudamiento externo en tanto herramienta de especulación y hasta de control y subordinación de los países deudores. Es más, en la práctica estas operaciones no discriminan entre deudas legítimas e ilegítimas, como son las deudas usurarias, odiosas o desde el inicio impagables. Con la intervención de organismos no gubernamentales, incluso extranjeros, en muchos casos, se merma la capacidad de respuesta del Estado. Así, no faltaron momentos en los que la soberanía nacional fue puesta en entredicho por la presencia y poder adquirido por determinados grupos privados de dentro y fuera del país. Y, adicionalmente, los recursos liberados no son para nada suficientes con el fin de remediar los imparables daños ambientales de los diversos extractivismos, por ejemplo.
Además, los anuncios oficiales sugerían que el propósito central del gobierno no es necesariamente la conservación de Galápagos per se. El gobierno de Lasso reconoció su preocupación porque “cada día se vuelve más relevante e importante la sostenibilidad de los destinos para los turistas”. Sus islas, a no dudarlo, son un importante punto de atracción del turismo… de élite. Tampoco pasó desapercibida la afirmación del entonces presidente ecuatoriano, quien aseveró que se tomó esta decisión luego de consultar a representantes de los intereses pesqueros.
En concreto, primó más el afán económico-mediático que el efectivamente conservacionista. Cabría incluso recordar que Lasso estaba empeñado en duplicar la tasa de extracción de crudo en la Amazonía, al tiempo que forzaba la mega-minería en el país. Actividades extractivas que depredan del ambiente y atropellan los derechos de las comunidades circundantes, con una serie de impactos nocivos en otros espacios de la vida nacional. Algo similar acontece con su sucesor, Daniel Noboa, quien porfiadamente está decidido a irrespetar las consultas populares que prohíben la explotación de minerales metálicos en los cantones Girón y Cuenca, en la provincia del Azuay, así como en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. Gobernante que incumple con el mandato popular que prohíbe seguir extrayendo el crudo en el Yasuni-ITT, a pesar de que se había comprometido a hacerlo siendo candidato presidencial.
Podemos concluir, entonces, que las “soluciones” basadas en transacciones financieras, como las que emergen desde los canjes deuda-Naturaleza, o desde los mercados de carbono y de servicios ambientales, son cantos de sirena. Con esas narrativas se sigue expandiendo y legitimando la acumulación capitalista al pasar de la conservación del ambiente al terreno de los negocios. El aire, los bosques, los mares, la Tierra misma e inclusive el espacio sideral se vuelven más y más vulgares mercancías. Lo que implica ampliar el “capitalismo verde”, permitiendo, perversamente, que quienes más han coadyuvado a deteriorar el entorno natural, ahora incluso puedan acumular mitigando o remediando los destrozos que ellos mismos provocaron.
Más allá de todas esas cuestiones de fondo, cabe anotar que, el manejo de los recursos a ser utilizados en Galápagos, se hará a través de una suerte de fideicomiso manejado por un directorio en donde representantes extranjeros tienen la mayoría de los votos: una clara pérdida de soberanía nacional. El Consejo Director del Galápagos Life Found está compuesto por 11 miembros, de los cuales 6 son actores privados extranjeros, representantes de la industria local del turismo y de la pesca, así como, de la investigación. Los cinco restantes provienen del gobierno ecuatoriano. Por lo tanto, el sector privado es mayoritario y podrá imponer sus intereses.
Para redondear el tema, no se trata de una anulación de deudas, sino de una reestructuración de las mismas transformadas en nuevas deudas, con condiciones sumamente costosas: una verdadera estafa.[16] Es, en definitiva, una acción de sesión de soberanía, cobijada como una bienvenida respuesta ambiental, como fue la “preocupación ecologista”, que mostró el presidente Franklin D. Roosevelt en 1935.
Ecuador territorio en disputa de intereses geoestratégicos
Aceptemos que, si los capitales del crimen organizado han transformado al Ecuador en una plataforma de sus transnacionales negocios, los Estados Unidos mantienen su lógica geoestratégica. Desean, en lo que podría ser visto como parte de un Plan Cóndor del Siglo XXI, que las fuerzas armadas del Ecuador -así como las de otros países de la región- asuman papeles policiales para combatir al narcotráfico, al terrorismo y a otras amenazas para sus intereses. Esta realidad se constata en muchas partes de Nuestra América, incluso en países con gobiernos progresistas, como México.
Este devenir nos recuerda aquellos viejos principios de la Seguridad Nacional, orientados a fortalecer esquemas de contrainsurgencia -quien sabe si también apuntalados con agrupaciones paramilitares-, que se los puede maquillar como de lucha contra el crimen organizado.
Como para redondear este breve análisis cabría anotar el posicionamiento del gobierno de Daniel Noboa -nacido en Miami- a favor de objetivos e intereses norteamericanos. Mientras cada vez más gobiernos levantan al menos su voz de preocupación e incluso de rechazo por las brutales violaciones de derechos desatadas por el sionismo en contra del pueblo palestino, el gobierno de Noboa apoya la posición del gobierno de Netanyahu y profundiza la cooperación en el ámbito de la asistencia policial que recibe Ecuador de Israel. Igualmente, el hecho de que Ecuador haya intentado entregar arnas de origen ruso y ucraniano a los Estados Unidos a cambio de nuevo armamento norteamericano, implica tomar una posición en ese conflicto europeo, que tiene, sin lugar a dudas, series repercusiones en la geopolítica mundial. No falta, por cierto, la renovada declaración oficial de asumir partido en la compleja situación política de Venezuela, que es aprovechada por todas las potencias para expresar, a su manera, su preocupación por “la democracia” en ese país, cuando en realidad lo único que les mueve es el acceso a las enormes reservas de petróleo y minerales venezolanos.
En la actualidad, la pretendida entrega de un pedazo de territorio de Galápagos a las fuerzas armadas de Estados Unidos, tiene que ser leída en este contexto geoestratégico, sin perder de vista la enorme fragilidad ecológica de ese maravilloso territorio insular, que podría sufrir brutales impactos por la presencia de bases militares, profusamente documentados en las islas de Hawai, en la isla de Vieques en Puerto Rico o en Panamá mismo. No se trata de una base temporal. El enfrentamiento inter-imperial será largo y complejo. Además, la lucha contra el narco tráfico y el crimen organizado -sobre todo por la vía militar- está condenada al fracaso. Y, esta ocasión, las destrucciones ambientales pueden ser mucho mayores, si se considera que el armamento nuclear y químico es una característica cada vez más presente en los arsenales modernos.
Sin minimizar la necesidad de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, la salida de esta compleja encrucijada no pasa por la instalación de bases militares extranjeras de cualquier procedencia, por la militarización de la sociedad[17] y por el populismo penal, que terminan por crear las condiciones para perseguir a grupos empobrecidos y racializados, que inclusive sirve para reprimir a los pobladores que defienden sus territorios de los extractivismos… Tampoco es tolerable la transformación del Ecuador en una suerte de protectorado de Washington en función de sus intereses imperiales, puesto que, bien sabemos, que la geoestrategia para enfrentar el narcotráfico solo sirve para controlar territorios, cuerpos, subjetividades, sin que se logre erradicarlo.
Estamos advertidos. Ojalá no sea cierto aquello que afirmaba el filósofo británico Aldous Leonard Huxley, de que “quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia.”
Notas:
[1] Sobre este tema se pueden consultar los análisis de Luis Cordova Galarza (2025); “Nuevos enclaves militares en Perú y Ecuador ¿Por qué EE.UU. se instala en Talara y Galápagos?” (1 de enero) https://ordenconflictoyviolencia.org/estados-unidos-en-la-mira/ y “Galápagos: un eslabón en la conquista del poder espacial y marítimo” (13 de enero) https://planv.com.ec/historias/politica/galapagos-un-eslabon-en-la-conquista-del-poder-espacial-y-maritimo/
[2] Ya no como un ejercicio de ciencia ficción, ese capital oligárquico transnacional, demostrando su asombroso y perverso ingenio para buscar y encontrar nuevos ámbitos de explotación, en un renovado esfuerzo expansionista, se dispone a extraer recursos minerales fuera de los límites de nuestro planeta e inclusive a crear colonias extraterrestres. Consultar en Peter Bloom, Alberto Acosta (2021); “Fase superior de los extractivismos – Minería en el más allá”. https://rebelion.org/mineria-en-el-mas-alla/
[3] Ver House oí representattves. 39 th. Congress. 1 st. Scssion. Ex Doc. N 112 Republic oí Ecuador, Library of Congress. Washington, tomado de Manuel Medina Castro (1984); La otra historia: el Ecuador contra la dependencia y la intervención, Edición auspiciada por loas amigos del autor, Guayaquil.
[4] Jorge W. Villacres Moscoso (1982); Historia diplomática de la Repúblia del Ecuador, Tomo III, Universidad de Guayaquil.
[5] Un breve recuento se encuentra en el artículo de Alberto Acosta (2003); “La increíble y triste historia de América latina y su perversa deuda externa”. https://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_019.htm https://www.lainsignia.org/2002/diciembre/econ_022.htm
[6] Alfredo Pareja Diezcanseco (1990); Ecuador – Historia de la República, Editora Unidad Nacional, Quito.
[7] Un interesante y recomendable recuento de esta atribulada historia -lammentablemente sin la una adecuada presentación de las referencias bibliográficas, se encuentra en el libro de Hugo Idrovo (2008); Baltra – Base Beta – Galápagos y la Segunda Guerra Mundial, Ministerio de Cultura, Quito.
[8] Alberto Acosta (1994), La deuda eterna – Una historia de la deuda externa ecuatoriana, Colección Ensayo, Libresa, cuarta edición íntegramente revisada y actualizada, Quito. https://drive.google.com/file/d/148d0JuDc65crqfao-1aVfcZfkfxkbD1Q/view
[9] Luis Roballno Dávlla (1973); El 9 de Julio de 1925, Editorial La Unión, Quito.
[10] Luis Ángel Saavedra, Liset Coba (2007); “¿Operaciones de avanzada o base militar operativa? Un análisis de la Base de Manta”, INREHD, Quito. Disponible en https://www.inredh.org/archivos/manta.pdf
[11] Ver las entrevista en VISTAZO, 10 de junio del 2019: “No se requiere una base militar (americana) en Ecuador”. https://www.vistazo.com/actualidad/no-se-requiere-una-base-militar-americana-en-ecuador-IEVI139331
[12] Leer el artículo de Natalia Sierra, Alberto Acosta (diciembre 2024); “Ecuador: ¿Un Estado en disolución? Consecuencias de un sistema político y económico fallido”, Revista Ecuador Debate, Número 123, CAAP, Quito. https://drive.google.com/file/d/11Z6GFq7YWUHOgC1Qa9VvPo9v52_9_STK/view?usp=sharing
[13] La lista de intervenciones de Marcelo Larrea sobre esta cuestón es muy larga. Aquí como botón de muestra se sugiere escuchar esta entrevista del 23 de diciembre del año 2024: https://www.youtube.com/live/LQEzkJ6uJ0g?si=UMCbZkFs8_DzWbSu
[14] Fernando Carrion (2022), “La violencia en el Ecuador, una tendencia previsible” , Revista Ecuador Debate, número 117, CAAP, Quito. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/19199/1/REXTN-ED117-02-Carrion.pdf
[15] Ver en Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2021); “Galápagos, más ruido que nueces ¿Un canje deuda-Naturaleza nada novedoso?” https://ecuadortoday.media/2021/11/22/opinion-galapagos-mas-ruido-que-nueces-un-canje-deuda-naturaleza-nada-novedoso/
[16] Entre otros muchos trabajos sobre el tema se puede consultar el de Anne Theisen (2023); “La estafa del Canje de «Deuda por Naturaleza» en un Ecuador sobreendeudado”, CADTM. https://www.cadtm.org/La-estafa-del-Canje-de-Deuda-por-Naturaleza-en-un-Ecuador-sobreendeudado
[17] Consultar el artículo de Natalia Sierra, Alberto Acosta (diciembre 2024); “De la excepción del Estado a la militarización de Ecuador”, en la Revista descolonialidad del poder, buenos vivires y diálogo de saberes, Número 2, México. https://img1.wsimg.com/blobby/go/0e7a4d39-5b8c-4564-ab6f-2944d834cc52/downloads/9ff5131c-62ff-46ca-bae2-fae43c9266e5/SIERRA~1.PDF?ver=1735525209913
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013). Autor de varios libros y artículos.
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