El latifundio se refiere a la concentración de mucha tierra en pocas manos, grandes propiedades en manos de terratenientes y al carácter feudal de esta gran propiedad.
Republicamos aquí una traducción no oficial de un artículo publicado originalmente en el periódico popular y democrático colombiano Nueva Democracia.
En Colombia subsisten relaciones de explotación semifeudales, basadas en un capitalismo impulsado por el imperialismo, principalmente yanqui, y a su servicio, que no ha resuelto las tareas democráticas inherentes a las revoluciones burguesas, siendo la principal la democratización de la tierra, pero que, como lo explican los documentos de la Internacional Comunista dirigida por Lenin, ha mantenido esta estructura como base de su dominación:
El capitalismo surgió y se desarrolló sobre una base feudal, adoptando formas incompletas, transitorias y bastardas que otorgan preponderancia, especialmente, al capital comercial y usurario. (…) De esta manera, la democracia burguesa emprende un camino tortuoso y complejo para diferenciarse de los elementos feudales-burocráticos y feudales-agrarios. (…) El imperialismo extranjero no deja de transformar, en todos los países atrasados, a las capas superiores feudales (y en parte semifeudales y semiburguesas) de la sociedad nativa en instrumentos de su dominación. (…) El imperialismo, que tiene un interés vital en obtener el mayor número de beneficios con el menor gasto posible, mantiene hasta su última instancia en los países atrasados las formas feudales y usurarias de explotación del trabajo. (IV Congreso del Comité Internacional, 1922)
José Carlos Mariátegui, gran pensador marxista y revolucionario peruano, caracteriza al Perú (país que comparte similitudes en su proceso histórico con Colombia) como una sociedad semifeudal y señala que el latifundio, la servidumbre y el gamonalismo son tres expresiones de ésta.
El latifundio se refiere a la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos, grandes latifundios en manos de grandes terratenientes y al carácter feudal de estos. Esta concentración de tierras, según él, es la base sobre la que se desarrollan las relaciones de servidumbre y esclavitud.
La servidumbre se refiere a la supervivencia sistemática de las relaciones de producción precapitalistas. Los campesinos no son propietarios de la tierra, y mucho menos del trabajo que producen, sino que deben ceder la mayor parte a los terratenientes a cambio de poder trabajar o incluso alimentarse. En otras palabras, los campesinos son siervos que prestan un servicio sin recibir un salario ni una remuneración adecuada por su trabajo.
El gamonalismo es la expresión política del latifundio. Es el poder absoluto que el terrateniente ostenta sobre la vida económica, social y política de los campesinos, solo posible mediante la concentración de la tierra.
El marxismo explicó que las relaciones de producción están determinadas por la propiedad de los medios de producción. En las zonas rurales, la gran mayoría de la tierra está en manos de grandes terratenientes. Por lo tanto, mientras sobrevive el latifundio feudal, también sobreviven la servidumbre y el gammonalismo, bajo diversas formas y nombres. Examinemos algunas de las formas en que se expresa el semifeudalismo en Colombia.
Ciertamente, las condiciones de vida de las masas campesinas son extremadamente precarias. En el campo colombiano, más de 3 millones de personas trabajan. Según datos del Dane, el desempleo rural en enero de 2025 era del 8,6 %. Si analizamos superficialmente estos datos, podríamos decir que hay empleo en el campo. Pero la realidad es más compleja. La tasa de informalidad en el campo es del 84,1 %. Esta informalidad, en la mayoría de los casos, no es la del exitoso «empresario agrícola», sino la del campesino que debe sobrevivir con tan solo 300.000 pesos al mes. Es la informalidad de los bajos salarios, la alta explotación y las mayores ganancias para los grandes terratenientes y los muy ricos.
Los sectores más industrializados de la producción agrícola son las agroindustrias del banano, la caña de azúcar y la palma, que ocupan solo el 6,9 % del total de hectáreas destinadas a la agricultura en Colombia. Y aunque son los sectores más industrializados, presentan rastros de feudalismo: «En la agricultura, el establecimiento del salario y la adopción de maquinaria no borran el carácter feudal del latifundio. Simplemente perfeccionan el sistema de explotación de la tierra y de las masas campesinas» (Mariátegui).
En nuestro país, existen varios ejemplos de este refinamiento de la explotación: por ejemplo, en la agroindustria del aceite de palma, no todos los trabajadores son contratados mediante un contrato formal; se les paga por lo que hacen durante la jornada laboral, pero se les impone un límite a lo que pueden hacer, controlando así sus ingresos para asegurar la retención de la fuerza laboral: si el trabajador gana demasiado, la empresa corre el riesgo de que el agricultor inicie su propio negocio. Así, al limitar la cantidad de trabajo y, por ende, los salarios, las empresas atrapan a los trabajadores rurales.
Además, existen denuncias presentadas por asociaciones campesinas y víctimas que vinculan a grandes empresas agroindustriales con la expropiación de tierras campesinas, llevada a cabo por grupos paramilitares que han cometido amenazas, asesinatos, masacres y otros crímenes contra campesinos y sindicalistas, para despojarlos de sus tierras o reprimir la lucha por mejores condiciones laborales en el campo. Un ejemplo de esto es la multinacional estadounidense Chiquita Brands, empresa agroindustrial bananera, que fue condenada hace unos años por financiar al paramilitarismo en Colombia. Otro ejemplo es la empresa Urapalma, empresa agroindustrial palmicultora, donde varios socios y miembros de su junta directiva fueron condenados por «concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y invasión de tierras, con vínculos comprobados con grupos paramilitares» (Contraloría General de la República). Las pocas empresas condenadas por vínculos con grupos paramilitares son solo la punta del iceberg; muchas otras han logrado evadir la justicia.
Las empresas imperialistas y la gran burguesía, ambas terratenientes, sea porque detentan los títulos de propiedad de las grandes propiedades o porque, en la práctica, son ellas quienes explotan y se benefician de esas propiedades, mantienen la gran propiedad, se enfrentan al poder feudal de los terratenientes y lo protegen, sometiendo a sus trabajadores a relaciones de producción semifeudales.
En el campo colombiano, quienes poseen grandes extensiones de tierra y un capital sustancial no han desarrollado una agroindustria que produzca para el país y emplee la mano de obra de miles de campesinos pobres que solo tienen sus manos para trabajar y anhelan tierra para sembrar y vivir con dignidad. La agroindustria emplea a una porción mínima de la población rural, y la gran mayoría de los trabajadores rurales son campesinos pobres, es decir, campesinos sin tierra o sin ella, sometidos a trabajo informal y servil como consecuencia de la estructura de tenencia de la tierra de nuestro país. Nuestro campo es altamente improductivo, donde la tierra sigue siendo, como en la época feudal, un medio para mantener el poder local, un feudo económico y político. La tierra no se utiliza para la producción, sino principalmente para el arrendamiento de diversas maneras.
El Caribe colombiano no escapa a la realidad nacional descrita anteriormente. En departamentos como Magdalena, Bolívar, Sucre y Cesar, la gran mayoría de los campesinos carecen de tierra, ya sea porque fueron desposeídos por el poder armado paraestatal y estatal, o porque nunca la han poseído. Estos campesinos sufren una severa explotación de diversas maneras, todas las cuales reproducen relaciones de producción semifeudales. Presentaremos algunos de los ejemplos más ilustrativos de este fenómeno.
Arrendamiento de tierras
En el Caribe y en varias regiones del país, incluyendo algunas zonas de Antioquia, es una práctica común y sistemática permitir que los campesinos trabajen y vivan en una parcela de tierra a cambio de entregar parte, a veces casi la totalidad, de su trabajo al terrateniente. Esta práctica varía, pero generalmente consiste en que el terrateniente cede una parcela de tierra a los campesinos por un período determinado para que la trabajen. En la mayoría de los casos, se trata de una parcela que pueden usar por periodos muy cortos, por lo que solo pueden sembrar cultivos temporales. Lo que el terrateniente exige es que la tierra le sea devuelta «civilizada», es decir, limpia de rastrojos, o sembrada con pasto para el ganado. En ocasiones, también exige una parte de la cosecha y, en otras ocasiones, dinero. Todos los gastos de la cosecha y todos los riesgos que conlleva son asumidos íntegramente por el campesino. El terrateniente, a su vez, independientemente del éxito de la cosecha para el campesino, se beneficiará por igual.
Esto, en sí mismo, es una práctica escandalosamente retrógrada que expresa trabajo libre y servidumbre, es decir, relaciones de producción semifeudales. Pero, además, a menudo ocurre que el terrateniente rompe el acuerdo —generalmente verbal— y expulsa al campesino de la tierra antes de que pueda cosechar los frutos de su trabajo. Los campesinos informan que una forma común en que el terrateniente los expulsa es obligando a las vacas a pastar en los cultivos recién plantados, arruinándolos. O pueden imponerles condiciones nuevas y más difíciles, como exigirles una parte de la cosecha o dinero en efectivo. Así, basándose en el trabajo libre del campesino, arrendando tierras aquí y allá para la deforestación, el terrateniente mantiene su latifundio.
Carbón
En el norteño departamento de César, existe otra forma de servidumbre vinculada a la producción de carbón. Un campesino nos cuenta:
No tengo tierra. Empecé a trabajar duro en el campo a los 16 años. Ahora tengo 64 y todavía no he tenido dónde plantar una yuca. Trabajo donde me pagan un día, no un sueldo fijo, dos o tres días. Llevo tres meses sin hacer nada y no me da nada. Ahora me dedico a hacer carbón con leña, ese es mi trabajo, porque no hay trabajo. Recojo la leña, la apilo, le echo tierra y la quemo. Eso es lo que nos da de comer ahora… Los ricos que limpian los pastos para mantener la maleza alejada, para que su ganado no se moleste, nos dejan llevar esa leña. Esto beneficia al dueño de la finca, porque limpiamos la tierra, y también nos beneficia a nosotros, porque la aprovechamos, producimos arroz. No nos dan nada por limpiar la finca; hacemos el trabajo gratis. Estamos contentos con el dueño de la finca; le agradecemos que pueda comer gracias a él. No nos damos cuenta de… Trabajo que hacemos para él. ¿Nos paga? No nos importa, porque extraemos el carbón; nuestra ganancia es venderlo.
Para hacer carbón, se trabaja día y noche; es el mejor dinero que se gana. No se duerme ni se descansa, vigilando el carbón para que no se rompa (se convierta en ceniza). Limpiamos el terreno, talamos los árboles con un hacha, lo recogemos, lo apilamos, lo cubrimos con tierra y le prendemos fuego. Después de tres o cuatro días, empezamos a sacarlo. Pero esto lleva unos 15 días en total, y compran la bolsa por entre 10,000 y 8,000 pesos, según el estado, y con eso compramos el arroz. Tengo siete hijos, de 8 años en adelante, y todos ayudan a hacer carbón.
Como consecuencia de su falta de tierras, los campesinos de la región se ven obligados a prestar trabajo gratuito, un servicio al terrateniente sin recibir remuneración alguna. Así, los terratenientes se aprovechan de la pobreza de los campesinos y utilizan su poder sobre la tierra para someterlos a condiciones de servidumbre.
Venta de salario
La persistencia de relaciones semifeudales no es solo un problema campesino. En nuestro país, el atraso es generalizado y existe un segmento social masivo que no puede ser absorbido como fuerza laboral, ya que no hay desarrollo industrial que ocupe a esta fuerza laboral. La situación es tal que este estrato social se ve obligado a renunciar a su trabajo por una miseria para sobrevivir. Hemos visto algunos ejemplos de lo que sucede en el campo, pero ahora presentaremos un ejemplo que ocurre en lo que nuestros censos nacionales llaman «centros urbanos». En un municipio de Bolívar, personal de limpieza, guardias de seguridad y secretarias en instituciones gubernamentales locales son contratados por meses. Estos trabajadores denuncian: «Cada vez que se renueva el contrato, como es el caso de la prestación de servicios, nos roban un mes o incluso más. Como estamos necesitados y es tan difícil encontrar trabajo porque no hay, queremos cuidar nuestros empleos y seguimos trabajando aunque no nos hayan renovado el contrato, y siempre nos lo renuevan con fechas que no son las que realmente trabajábamos». Este es un mecanismo sofisticado, perfeccionado durante décadas de práctica. Los funcionarios locales no renuevan los contratos dentro del plazo estipulado, y el trabajador continúa trabajando uno o dos meses sin cobrar. Este tiempo de trabajo sin remuneración se factura al estado, pero no va a parar al trabajador, sino a los funcionarios encargados de la contratación. Los trabajadores son plenamente conscientes de esta práctica, pero, ante el desempleo, se ven sometidos a una servidumbre, y las autoridades locales pueden continuar con el robo constante de sus salarios.
Además, los trabajadores denuncian que sus salarios se retrasan constantemente. Ante esto, algunos empleados municipales han creado un negocio para robarles los salarios atrasados: la «compra de salarios». Los trabajadores, sin posibilidad de ahorrar dinero porque tienen menos de lo necesario para subsistir, se ven obligados a «vender sus salarios» a estos empleados municipales. Los «compradores de salarios» entregan el 80% o el 90% del salario al trabajador atrasado, como una especie de préstamo, y, al ser empleados municipales, mediante sus trámites burocráticos, cobran directamente el 100% del salario de la otra persona. Los trabajadores denuncian que son los propios empleados municipales, es decir, los «compradores de salarios», quienes retrasan deliberadamente sus pagos. Es un negocio muy completo.
En la costa caribeña, el clientelismo y la política son prácticamente la única vía para conseguir trabajo. Los conocidos «clanes tradicionales» deciden, prácticamente por nombramiento, todos los puestos dentro de las instituciones gubernamentales. Quienes soportan la mayor carga son quienes obtienen los trabajos peor pagados y más difíciles: guardias de seguridad, secretarias y personal de limpieza en instituciones estatales que, dada la falta de industria, dependen de estas instituciones como su única fuente de empleo formal. En palabras de las masas: «para conseguir un trabajo así, hay que ser un buen político».
Mariátegui llama la atención sobre el sistema guerrillero, sello distintivo del semifeudalismo. Este rasgo está sin duda arraigado en el imaginario colectivo a través de la figura de un terrateniente arrogante cuya palabra es ley, al mejor estilo de Álvaro Uribe.
Precisamente, la cuestión del gamonalismo es la del poder terrateniente feudal. La clase terrateniente, al amparo de la gran burguesía y el imperialismo, utiliza todos los mecanismos existentes para imponer su propia ley. La ley burguesa defiende la propiedad privada. La clase terrateniente puede apropiarse de tierras campesinas mediante sus ejércitos paramilitares y salirse con la suya, a pesar de haber violado la propiedad ajena. En otros casos, puede apropiarse de tierras mediante títulos falsos, mediante un sistema notarial que favorece sus procedimientos fraudulentos, mediante un sistema legal que, a cambio de favores económicos y políticos, incluso a sabiendas de la «ilegalidad» de sus acciones, los beneficia legislativamente y mediante fuerzas represivas estatales que protegen sus intereses.
La autoridad gamonal está por encima de cualquier pomposa «constitución política» llena de palabras dulces, que son un burdo intento de engañar a las clases trabajadoras. El trabajo libre, del que hemos visto algunos ejemplos, no está escrito en ninguna ley, y sin embargo es una práctica sistemática en el campo y las ciudades de nuestro país. El poder gamonal estableció esta ley. Existe un orden aparentemente «natural», leyes no escritas que pesan sobre los campesinos y los pobres de nuestro país. Este orden «natural» es precisamente la ley gamonal, la autoridad gamonal, que dicta, según sus intereses, cómo funcionan las cosas. Hay lugares en nuestro país donde, hasta hace unos años, hace menos de una década, el terrateniente seguía reivindicando el derecho a la pernada (una práctica en la que el señor feudal exige a sus siervos el derecho a tener relaciones sexuales con todas las mujeres recién casadas). En otros lugares, los capataces de los terratenientes tienen el poder de agredir físicamente a los campesinos, a plena luz del día y bajo la mirada cómplice de la policía.
Recordamos un hecho aberrante, capaz de darnos una idea de cómo se materializa este poder gamonal: el caso de Osmario Simancas. Esto es lo que informó Noticias UNO en 2017:
Todo empezó el 26 de noviembre, cuando Rosa Cecilia Beltrán recibió noticias desgarradoras sobre su hijo (…) vinieron y me dijeron que lo habían cortado. Osmario era conocido en la región como un joven honesto con un gran deseo de ser boxeador. Esa tarde, el joven decidió ir con su amigo (…) otro joven (también) de 14 años a jugar por las fincas (…) llegaron a la finca Campo Alegre 2. Entonces apareció un hombre a caballo, diciendo que ustedes son los que roban aquí. Mi amigo le dijo que lo respetara, que él no era uno de esos. Así que dije: «Vámonos», y no vinimos, y el hombre a caballo comenzó a gritar a la gente. Osmario relató que, a partir de ese momento, corrieron porque pensaron que los iban a matar. Dice que cada uno tomó rutas diferentes para escapar. Su amigo logró escapar. Seguí corriendo y me encontré con el hombre, quien me intentó golpear con un hacha. Cuando lo esquivé con el brazo, me cortó el brazo izquierdo. El joven dijo que durante el ataque también le cortaron la otra mano. Después, el dueño de la finca llamó a la policía para que se lo llevaran (…) a pesar de su herencia, siempre estuvo consciente, por lo que pude identificar a sus agresores. Uno de ellos era Edurdo Núñez, conocido como el administrador de la finca. La policía apoyó a los niños sin preguntarle nada a Osmario hasta que lo mutilaron.
Esta propiedad, ubicada en el Caribe, en Arjona, Bolívar, estaba en peligro de extinción, perteneciente a un personaje conocido como «El Gato». Aún hoy, en esta región del país, los campesinos denuncian que «el clan del gato» sigue controlando latifundios que, en teoría, ya están en manos de la SAE (Guardia Nacional). Aunque se presentó la denuncia, sus agresores permanecieron libres, a pesar de su evidente culpabilidad. Osmario fue metido en la parte trasera de una patrulla y conducido hasta el pueblo, tendido en el suelo, mutilado y sangrando.
La tierra está concentrada en manos de unos pocos; los campesinos no tienen tierra ni capital para arrendarla; no hay industria que emplee su mano de obra. Con base en estas condiciones, especialmente la concentración de la tierra, surgen relaciones de servidumbre y esclavitud servil como expresión del semifeudalismo: donar mano de obra durante varios meses del año para intentar asegurar un empleo estable en un lugar donde no existe; ver con gratitud cómo el terrateniente les roba su trabajo; arrendar tierras con el riesgo de que el terrateniente cambie las condiciones antes de la cosecha; no poder sembrar por falta de dinero para pagar la renta. Esta es la subyugación en la que la esclavitud servil mantiene a los campesinos mediante la posesión de la tierra, y los somete a quienes pueden ofrecerles ciertas «condiciones favorables» en medio de la falta de tierra, trabajo y pobreza. Todo este panorama nos muestra que las relaciones semifeudales aún existen en Colombia, y que solo pueden erradicarse mediante la abolición del latifundio.
