De Comité de Familiares de los detenidos en el operativo Olimpo

¡EXIGIMOS RESPETO A LOS DERECHOS DE NUESTROS FAMILIARES DETENIDOS!

Los familiares de los presos políticos -Caso Olimpo- nos dirigimos al pueblo peruano y a la opinión pública nacional e internacional, decimos:

El 2 de diciembre del año pasado, en un ilegal operativo policial conocido como «Olimpo», fueron detenidos nuestros familiares imputándolos sin razón el delito de pertenencia a organización terrorista.

Lo real es que se trata de un acto arbitrario, expresión de la persecución macartista montado por la policía política -DIRCOTE- propio de un Estado explotador, corrupto y policiaco, incapaz de tolerar la pluralidad de ideas, menos de permitir voces discrepantes, situación que en los últimos tiempos se ha impuesto en nuestro país por el impulso de los sectores más recalcitrantes de la derecha peruana, expertos en negar derechos económicos, laborales, políticos y fundamentales, y en crear riesgos, armando inestabilidades y creando supuestas personas peligrosas, terruqueándolos, lo que han extendido a otros sectores del pueblo, tal como se ha podido constatar, principalmente, a lo largo de la segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales, donde no vacilaron en montar el burdo y siniestro psicosocial del VRAEM con la complicidad de los captores de nuestros familiares para levantar un supuesto peligro terrorista, tan usado por la corrupta ultraderecha en su negra campaña electoral a falta de argumentos; lo que también prueba la crisis de la democracia, manifestación de la crisis general que afecta a la sociedad peruana.

Con la detención de nuestros familiares, también se buscó ocultar la grave crisis política que se vivía por las pugnas de los que mandan en nuestro país, así como ocultar las luchas y demandas del pueblo por sus derechos conculcados y por la satisfacción de sus demandas básicas como salud, educación, vivienda, trabajo y alimentación pospuestos por décadas; se buscó ocultar el clamor del pueblo por el cambio, el pueblo no quiere seguir viviendo con hambre, miseria y explotación, quiere cambio, lo que ha quedado perennizado en la reciente lid electoral ¡clamor vigente y vivo!

Entonces, sin duda, la detención de nuestros familiares es derivado de la persecución política contra el MOVADEF; el Autoapertorio de instrucción penal que, posteriormente, ordenó el juez violando principios judiciales, el principio de legalidad y el debido proceso, pretendiendo convertir el ejercicio de derechos constitucionales en ilícitos, convertir actos atípicos en típicos, respondieron a consideraciones políticas discriminatorias antes que a razones jurídicas.

Con el mismo criterio y posición política se ha actuado en los mandatos de detenciones preventivas dictadas contra la mayoría de los 77 detenidos, generalizando dicha medida cautelar, es decir, asumiéndolo como una regla, cuando es la excepción, para lo cual, con planteamientos ajenos a los exigidos por la norma, inventó supuestos peligros procesales, cuando no lo había, con el claro objetivo de encarcelar a nuestros familiares, plan de encarcelamiento que ya se venía denunciando.

De esa manera, un órgano jurisdiccional del desprestigiado Poder Judicial a cargo del juez Rafael Martínez Vargas, aplicando el Derecho Penal del Enemigo envió ilegalmente a nuestros seres queridos a la cárcel, mandato impugnado por la defensa, pues, asiste el derecho para que un organismo superior pueda revisar y corregir el ilegal mandato de prisión preventiva.

Denunciamos que, a ocho meses de las detenciones, hasta el momento, el juez de la investigación preparatoria a cargo del caso «Olimpo», no ha cumplido con notificar, menos elevar la Resolución transcrita, tal como la Constitución establece.

De esa manera, también impide que una instancia superior pueda revisarla, atentando contra los derechos constitucionales de la pluralidad de instancias y el derecho de defensa, ya que con premeditación e injustificadamente está impidiendo que los argumentos de defensa contra las prisiones preventivas se puedan exponer en la instancia superior.

Consideramos que no existe razón para que, a ocho meses de las detenciones no se haya elevado los actuados de la apelación, cuando el Código Procesal Penal, en su Artículo 278, inciso 1, le obliga a hacerlo dentro de las 24 horas luego del dictado de la Resolución, más de medio año sin elevar lo actuado viola, también, el derecho al plazo razonable que el Código Procesal Penal reconoce en el título Preliminar en su Artículo 1.1, lo que también esta reconocido en el Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 13.3, normas internacionales que el Estado peruano está obligado a cumplir.

Denunciamos la persistente negación de los derechos constitucionales que le asisten a nuestros familiares, ya que se les concibe como personas sin derechos, como no-ciudadanos, sin dignidad, a quienes se les debe discriminar y marginar manteniéndolos fuera de la vida social cotidiana.

Con ese afán de mantenerlos en prisión, el juez Rafael Martínez, no ha vacilado en violar el Artículo 139, inciso 5,6 y 14 de la Constitución, el Código Procesal Penal, normas internacionales, incumpliendo, también, con el mandato constitucional Artículo 138 que ordena a todo órgano jurisdiccional actuar «con arreglo a la Constitución y a las leyes», lo que el juez del caso no hace, deviniendo en persistente prevaricador.

En nuestra condición de familiares, con justa preocupación y derechos persistiremos en nuestra lucha por la libertad de nuestros seres queridos, sabiendo que se encuentran detenidos por causas políticas, por haber asumido posiciones contrarias a los intereses de los explotadores, corruptos y vende patria que han entregado nuestros recursos naturales a la voracidad de los monopolios transnacionales.

Nuestros familiares son del pueblo y siempre se han identificado con sus demandas e intereses, son los gestores de la lucha por la democratización de la sociedad peruana, por una Nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente, torrente que creció hasta convertirse en un clamor mayoritario que asusta a sus detractores neoliberales que buscan ensombrecerlo, cuestionándolo, usando el apoyo de una prensa totalmente para metrada; pero, en contrario, el clamor existe, es vigente y las mayorías populares exigen su concreción.

En el bicentenario de nuestro país, cuando es evidente la fragmentación de nuestra sociedad, atizada por fuerzas oscuras y antihistóricas que actúan con anteojeras y sin ninguna visión de nación, replicamos los planteamientos de nuestros seres queridos que propugnan cerrar heridas del pasado en función de una verdadera Reconciliación Nacional, para que nuestro país se desenvuelva en el Bicentenario sin políticas de odio, venganza ni persecución.

Finalmente, llamamos a nuestro querido pueblo, a las organizaciones y personas progresistas, democráticas y de recta conciencia a solidarizarse con nuestra demanda:

¡Por la libertad de nuestros seres queridos!

¡Abajo la política de odio, venganza y persecución contra nuestros familiares!

¡Exigimos respeto a los derechos de nuestros familiares!

¡Libertad para los detenidos del Caso Olimpo!

27 de julio del 2021

Comité de Familiares de los detenidos en el operativo Olimpo