Estados Unidos rearma su papel de “sheriff” mundial
En una semana, Washington ha autorizado operaciones militares contra cárteles en el extranjero y duplicado la recompensa por el presidente Nicolás Maduro. Más que medidas de seguridad, parecen pasos calculados en una estrategia de dominación global.
POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
En los últimos días, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado dos movimientos políticos y militares que, aunque aparentemente distintos, forman parte de una misma estrategia global: la utilización del poder militar y judicial como herramientas de dominación internacional.
Por un lado, el presidente Donald Trump ha firmado un decreto que faculta al Pentágono para emprender operaciones militares directas contra cárteles de la droga en el extranjero.
Por otro, Washington ha incrementado a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de narcotráfico, sin para ello presentar ningún tipo de pruebas.
Leídas de manera aislada, estas acciones podrían interpretarse como medidas puntuales en el marco de la “lucha contra el crimen organizado”. Sin embargo, cuando se analizan en conjunto, aparecen como engranajes de un mismo mecanismo: el reforzamiento del papel de Estados Unidos como policía del mundo, interviniendo en los asuntos internos de otros países con la justificación de proteger su seguridad nacional.
EL PRETEXTO DE LA “LUCHA CONTRA LAS DROGAS”
La orden de Trump de desplegar al ejército contra cárteles extranjeros no es un acto improvisado. Desde hace décadas, la “guerra contra las drogas” ha sido un argumento recurrente para legitimar intervenciones militares en América Latina.
México, Colombia y Centroamérica han sido escenarios constantes de operativos con presencia directa o indirecta de fuerzas estadounidenses. Lo novedoso en este caso es que el decreto da una base legal interna para operaciones armadas en territorio extranjero sin necesidad de un mandato internacional.
En términos geopolíticos, esto significa que Washington se arroga el derecho de actuar militarmente allí donde considere que existe una amenaza vinculada al narcotráfico, un concepto que puede interpretarse de manera amplia y acomodaticia. Así, la frontera entre una operación contra criminales y una intervención política contra gobiernos incómodos se vuelve difusa.
VENEZUELA COMO OBJETIVO PERMANENTE
El aumento de la recompensa por Maduro encaja perfectamente en esa lógica. Desde 2020, Estados Unidos ha ofrecido dinero por información que lleve a su captura, pero la cifra actual es una de las más altas jamás ofrecidas contra un jefe de Estado en funciones. El gobierno venezolano lo ha calificado como una “cortina de humo ridícula” y una agresión directa a su soberanía.
El discurso oficial de Washington sostiene que Maduro lidera una red de narcotráfico internacional. Sin embargo, la ausencia de pruebas sólidas y el momento político del anuncio sugieren que el objetivo real es presionar a Caracas y debilitar su legitimidad interna e internacional. No es casual que estas medidas coincidan con un endurecimiento de sanciones económicas y con un contexto electoral en Estados Unidos, donde la retórica contra Venezuela puede sumar apoyos en ciertos sectores.
EL “SHERIFF GLOBAL»
La prensa crítica, ha señalado que este comportamiento refleja la autopercepción de Estados Unidos como “sheriff” global. El uso de recompensas millonarias y de operaciones militares extraterritoriales no es una novedad en su política exterior. La llamada “guerra contra el terrorismo” en Afganistán e Irak ya demostró cómo las justificaciones de seguridad nacional pueden usarse para desplegar fuerza militar a miles de kilómetros de sus fronteras, con consecuencias devastadoras para las poblaciones locales.
Ahora, ese patrón se replica en el contexto latinoamericano, donde la lucha contra el narcotráfico sirve como coartada para intervenir y para moldear gobiernos afines a los intereses estratégicos de Washington.
IMPLICACIONES PARA LA SOBERANÍA REGIONAL
Más allá de la coyuntura, estas acciones reabren un debate histórico sobre la soberanía en América Latina. Desde la Doctrina Monroe en el siglo XIX, pasando por las intervenciones en Centroamérica y el Caribe en el siglo XX, hasta los recientes bloqueos económicos y sanciones, la región ha sido escenario de una constante presión estadounidense. Las recompensas por líderes políticos y las operaciones militares unilaterales son solo las expresiones más recientes de esa política.
Además, en el actual sistema internacional, donde el derecho internacional debería primar sobre la fuerza, el hecho de que un Estado se arrogue la potestad de actuar militarmente en cualquier lugar del mundo debilita los principios básicos de la convivencia entre naciones.
Esto sienta un precedente peligroso: si una potencia puede declarar un objetivo legítimo fuera de sus fronteras y actuar sin consenso internacional, otras podrían intentar hacer lo mismo.
LA DIMENSIÓN INTERNA
No se puede pasar por alto que estas medidas también tienen un componente de política interna. El endurecimiento contra los cárteles y contra Maduro puede proyectar una imagen de liderazgo fuerte y decidido de cara a los votantes estadounidenses. La “mano dura” en política exterior suele ser una carta electoral efectiva, sobre todo cuando se acompaña de un discurso que asocia enemigos externos con amenazas directas a la seguridad del país.
Los anuncios recientes de la Casa Blanca no son hechos aislados ni simples gestos contra el crimen organizado. Forman parte de una estrategia más amplia de reafirmación del poder global de Estados Unidos, que combina el uso del aparato militar con instrumentos judiciales y económicos para intervenir en otros países.
El caso de Venezuela, con una recompensa récord contra su presidente, es solo el ejemplo más mediático de una política que, bajo diferentes pretextos, sigue una lógica constante: mantener la hegemonía y garantizar que ningún gobierno de la región escape a su influencia.
