Fuentes: CLAE
Javier Milei enfrentó su primer paro general a tan solo seis semanas de haber asumido la presidencia con un plan de gobierno que apunta a una reducción mínima del Estado, estableciendo una nueva pusmarca, tras romper la marca de tres meses que ostentaba Fernando de la Rúa. La luna de miel del ultraderechista Javier Milei con la sociedad argentina dejó al descubierto algunos signos de agotamiento.
Con una demostración de articulación y convocatoria inédita, las centrales sindicales CGT y ambas CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajdores de la Economía Popular y más organizaciones llegaron a la plaza del Congreso Nacional para protestar contra el gobierno de Milei, el ajuste económico, el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus.
La convocatoria resultó multitudinaria con cientos de miles de personas en las calles del centro porteño, entre las avenidas 9 de Julio y Callao. El primer paro general contra Milei dijo ‘no’ al desmantelamiento del Estado, bajo la consigna “La patria no se vende”.
La huelga empezó al mediodía con la multitudinaria movilización al Congreso en Buenos Aires y se repicó con protestas y marchas en todo el país. Miles de personas se congregaron sobre la avenida de Mayo, una arteria del centro de Buenos Aires que conecta el Congreso con la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, y ocuparon varias calles adyacentes a la sede legislativa.
La manifestación se encontró con un gran despliegue de fuerzas de seguridad que tenían el encargo de cuidar una de las obsesiones del gobierno: que el tránsito de la capital no se corte por las manifestaciones. Los agentes también pueden realizar controles en el transporte para buscar manifestantes, y esta mañana revisaron los autobuses que circulaban por los ingresos a la capital y prohibieron el paso a quienes querían cruzar a pie el puente Avellaneda, en el sur de la ciudad.
El paro del transporte público -buses, metro y trenes- empezó a las 19 para “facilitar la posibilidad de concentrar y desconcentrar” a los manifestantes. Los aeropuertos han seguido operando, pero algunas empresas, como la estatal Aerolíneas Argentinas que Milei quiere privatizar, anunciaron cancelaciones y reprogramaciones de vuelos: más de 20.000 pasajeros se quedaron en tierra. Además, en grupos de WhatsApp circuló la propuesta de no consumir en “ningún negocio” que estuviera abierto.
La represora ministra de Seguridad Patricia Bulrrich señaló en su red social que “Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei.. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”.
La Patria no se vende
La aplicación, a toda velocidad, del feroz programa de ajuste tuvo este miércoles como contracara una huelga de 12 horas y movilizaciones en las calles de todo el país para frenar el intento del ultraderechista presidente de reducir el Estado e implementar medidas económicas en perjuicio de toda la nación.
Milei obtuvo en las elecciones de noviembre un respaldo abrumador. Un 55% de los argentinos confió en las promesas de este excéntrico economista ultraliberal para acabar con una crisis económica que se prolonga desde hace ocho años. Y dejando de lado sus críticas se rodeó de antiguos ministros del expresidente neoliberal Mauricio Macri, y se dispuso a darle la vuelta al país.
La destrucción de los derechos laborales del DNU, escrito por los representantes de la Unión Industrial Argentina, explican el por qué de la huelga general. Asimismo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a una inflación en alza. Los 100 días de «luna de miel” que suelen concederse a los nuevos gobiernos, como plazo de gracia para iniciar su gestión sin sobresaltos, se vieron drásticamente recortados.
Todo ello confluyó en la decisión política de las centrales sindicales, organizaciones sociales, de artistas, científicos para realizar el paro con movilización. El paro replicó en diferentes países del mundo, donde decenas de manifestantes se reunieron frente a las embajadas argentinas para reclamar contra las medidas impulsadas por la gestión ultraderechista recién asumida.
Para la académica Victoria Basualdo, la jornada es de una demostración de fuerza muy significativa. «La movilización tiene como objetivo ser un freno a una transformación antidemocrática de las relaciones laborales, económicas, sociales y políticas en Argentina. Históricamente, la movilización en las calles tiene efecto. Los que tienen que votar en el Congreso van a tomar nota de una movilización como la de este miércoles”, señaló.
Tras devaluar el peso más de un 50%, presentó un megadecreto y una “Ley Ómnibus” que entierran derechos históricos de los trabajadores y desregulan varios sectores estratégicos de la economía para beneficiar al empresariado nacional y trasnacional. Como todo plan de choque, el DNU y la Ley Ómnibus llegaron acompañados de una ultrarrepresiva normativa “antipiquetes” que obliga a realizar las manifestaciones por las aceras y sanciona a aquellos que corten las calles en las protestas.
Con un fuerte mensaje al gobierno y a la insistencia del Ministerio de Seguridad de impedir las movilizaciones, el dirigente sindicalista Pablo Moyano le advirtió al oficialismo que “no criminalicen la protesta porque les va a costar en todo el mundo. Nada se construye con palos, para gobernar es necesario estar abierto al debate, tener templanza y equilibrio.”
La devaluación ha hecho mella ya en los bolsillos de los ciudadanos. En una economía bimonetaria como la argentina, muy dependiente del dólar, los saltos cambiarios abruptos impactan de una manera drástica en los precios de productos y servicios básicos.
Fue una masiva demostración de fuerza en la antesala al debate legislativo por la Ley Ómnibus; un mensaje directo y contundente al gobierno, pero también a los diputados que deliberarán el megaproyecto en el recinto. El gobierno prometió descontarle el día de paro a los trabajadores, presentar denuncias en la Justicia por considerarlo “ilegal” y hacer cumplir el “protocolo antipiquete”.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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