Últimamente, la derecha colombiana y la representación política de la mafia arreciaron con sus discursos, llamados y movilizaciones por la paz. Luego del atentado a Miguel Uribe Turbay -uno de sus alfiles- vienen siendo los precursores y acérrimos defensores de la paz en Colombia, por supuesto aprovechando estos sucesos para sus intereses políticos y electorales.
Sin embargo, su marcha del silencio, así como su actuar da cuenta de que su paz tiene un sello de clase, porque claro, califican como inadmisible el atentado a Miguel Uribe Turbay, pero no dicen una sola palabra acerca de la violencia contra el pueblo; al contrario, utilizan este hecho para justificar la represión y criminalización de las masas y por ahí derecho, para convencer al pueblo de que el gobierno reformista permite la violencia y por ende, de nuevo el régimen de la mafia es la opción.
Pero recordemos muy por encima cuál fue el comportamiento de la violencia durante el régimen de la mafia entre 2002 y 2022. Según Indepaz, las masacres durante este período se mantuvieron básicamente inmutables, eso sí con aumento en el número de municipios afectados en un 51% para 2022 cuando ya finalizaba el gobierno de la mafia. A eso, se sumaron los asesinatos selectivos y de líderes sociales, con un alarmante aumento desde 2016, alcanzando 1 450 víctimas hasta marzo de 2023 y con un promedio de más de 100 asesinatos anuales en los últimos años. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Putumayo siguen concentrando la mayoría de estos crímenes, siendo Tumaco y varias localidades del Cauca los municipios más afectados.
También en el régimen de la mafia la agudización de la criminalización de la protesta y el terrorismo de Estado ocupó vastos episodios de la realidad nacional. Según las cifras de la Comisión de la Verdad, desde 1958 hasta 2021 se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos, es decir, más de tres veces el aforo de la Plaza de Bolívar en Bogotá, episodios que sinceramente aterran y demuestran el tipo de paz que pregonan los violentos. Y si contamos los asesinatos de líderes y excombatientes después del Acuerdo de paz, hasta marzo de 2022 han sido asesinadas 1 327 personas que ejercían el liderazgo social o la defensa de derechos humanos, según Indepaz. Cifras también escalofriantes, sobre todo para la derecha que está hablando de paz, pero que ni apoyó el Acuerdo en su momento y mucho menos lo validaría, pues ya habíamos previsto que estos acuerdos serían la condena de muerte para muchas de las bases de las extintas FARC.
Y si esto no es suficiente, existen 588.484 hechos de amenaza registrados por el Registro Único de Víctimas (RUV), siendo la época más violenta el período comprendido entre 1995 y 2004, esto teniendo en cuenta que el dato general reportado por el RUV no refleja la real dimensión de esta violación de derechos humanos. Pero hay más, el terrorismo de Estado también actuó con detenciones arbitrarias que para el período que nos ocupa, se registraron los siguientes datos:
«CINEP: entre 1990 y 2002 hubo 10.732 víctimas; Comisión Colombiana de Juristas: desde 1990 hasta el año 2016, se registraron 5 985 detenciones arbitrarias; Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: entre 2002 y 2004 se registraron 6 590 víctimas; Centro de Cooperación Indígena: 2 493 víctimas indígenas entre 1974 y 2004. En Tolima, entre 1974 y 1984, cuando se tituló el primer resguardo, más de 280 indígenas fueron detenidos arbitrariamente.»
A las cifras de amenaza se suman las de desaparición forzada que oscila entre 121.768 y 210.000 víctimas desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016.
Indiscutiblemente, otro hecho violento entre 2002 y 2022 tiene que ver con el desplazamiento forzado, que según el RUV tiene un acumulado histórico de casi 8.219.403 víctimas de desplazamiento forzado por eventos ocurridos desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021. Así como los crímenes de Estado, llamados falsos positivos, que infamemente cobraron la vida de 6 402 hijos del pueblo.
Sinceramente podríamos quedarnos contando innumerables hechos violentos en el período en que la mafia fue gobierno, incluso estas cifras no relatan los datos de violencia en medio del levantamiento popular entre 2019 y 2021, que por encima contaron muertes violentas a manifestantes hombres y mujeres jóvenes, afrodescendientes, periodistas y defensores de derechos humanos; así mismo, hubo violencia sexual hacia mujeres y comunidad LGBT+; heridas de bala, heridas oculares y violencia desmedida del entonces ESMAD y de la «gente de bien», todo ello durante el declive del régimen mafioso que ostentaba el poder con el títere Iván Duque. Estos datos en definitiva demuestran que la violencia contra líderes sociales y activistas continúa siendo una lacra y que es la forma en que el Estado y sus fuerzas militares y paramilitares atentan contra la protesta social, deslegitimándola y desmovilizándola.
Analizando entonces este asunto -como se ha dicho en el período en que la mafia fue gobierno-, resulta increíble que los representantes de la derecha y también de la mafia que incluso se mantienen en las instituciones del Estado burgués, salgan a hablar de paz, cuando han sido los verdugos más violentos y crueles contra el pueblo.
María Fernanda Cabal y su discurso de odio:
El discurso de la derecha y de la mafia y sus arrebatos de paz, son solo un sofisma de distracción para dividir al pueblo y enfrentarlo no solo en las urnas, sino, con ideologías ajenas que no se corresponden con los intereses de los desposeídos llevándolos por un camino fangoso, donde los llaman a defender los intereses de los parásitos capitalistas y su poder político, apartándolos del camino de la lucha por sus reivindicaciones aun no resueltas.
Y precisamente este último es el camino que las masas laboriosas y populares necesitan seguir, y por eso el poder popular desde abajo sigue siendo la tarea principal, poder popular que se concrete en las Asambleas Populares, como forma de organización y, en el Paro General Indefinido como forma de lucha. Solo así mejoraremos las condiciones para que los desposeídos puedan emprender la noble tarea de dotarse de su organización de vanguardia, para combatir organizadamente contra los violentos y edificar bajo el Socialismo la paz para los de abajo.
