Por Amy Goodman y Denis Moynihan
Un huracán azota Luisiana, incendios forestales que queman California y Grecia, inundaciones y deslizamientos de tierra en el sudeste asiático: los impactos de la emergencia climática que se agrava están en todas partes, y la evidencia científica de que la actividad humana es la principal causa de la destrucción es rechazada solo por los negacionistas más acérrimos del cambio climático. Las negociaciones formales para abordar la crisis están en marcha, pero no se están produciendo con la suficiente rapidez. El planeta está en un punto de inflexión, al borde de la destrucción climática acelerada por ciclos de retroalimentación irreversibles. Los activistas climáticos participan cada vez más en acciones directas no violentas, exigiendo cambios. Muchos se enfrentan a procesos judiciales, prisión, violencia e incluso la muerte en represalia.
“Mi función, como defensora, es presionar a las élites para que adopten medidas radicales que nos alejen de los combustibles fósiles y nos acerquen a sistemas que beneficien a toda la sociedad”, escribió Nonhle Mbuthuma, ganadora sudafricana del Premio Goldman 2024, en su introducción al nuevo informe de Global Witness, “Voces perdidas: el borrado violento de los defensores de la tierra y el medio ambiente”.
Global Witness es una organización no gubernamental internacional que investiga y expone los abusos ambientales y de los derechos humanos en las industrias extractivas, como la minería y los combustibles fósiles, así como los profundos vínculos políticos y financieros con esos abusos.
Este último informe detalla los asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra el año pasado, con 196 asesinatos documentados a nivel mundial.
“Desafortunadamente, 2023 fue otro año terrible para quienes quieren proteger sus tierras y su medio ambiente”, dijo Laura Furones, asesora principal de la campaña de defensores de la tierra y el medio ambiente de Global Witness, en el programa de noticias de Democracy Now!. “Estamos viendo que los niveles de violencia son cada vez más frecuentes en todo el mundo. Realmente tememos que esto se intensifique a medida que las consecuencias de la crisis climática se hagan más evidentes”.
Más del 70% de los asesinatos en 2023 ocurrieron en solo cuatro países: Brasil, Colombia, Honduras y México, siendo Colombia el país que encabeza la lista con 79 asesinatos, o el 40% del total reportado.
“El caso de Colombia es particularmente trágico”, dijo Furones. “Si miramos hacia atrás y analizamos todos los datos históricos que Global Witness ha recopilado desde que comenzamos a registrar casos en 2012, todavía vemos a Colombia en el primer lugar. Estamos hablando del pueblo nasa, del pueblo nahua, del pueblo indígena. La mitad de todos los asesinatos en Colombia y, de hecho, la mitad de todos los defensores asesinados en el mundo, el 49% a nivel mundial, son pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”.
Ella explicó: “Esto no es una coincidencia… La ciencia nos dice muy claramente que los pueblos indígenas son particularmente buenos en la protección de las tierras en las que viven. Por lo tanto, la cantidad cada vez menor de recursos naturales que tiene el planeta, a medida que continuamos extrayéndolos, todavía se encuentran en sus tierras”.
La minería es, con diferencia, la principal causa de muertes y desapariciones de defensores de la tierra, y la mitad de esas muertes vinculadas a la minería se produjeron en América Latina. Sin embargo, como informa Global Witness, los activistas ambientales también corren un gran riesgo en África y Asia.
El informe de Global Witness incluye el asesinato de un defensor de la tierra en Estados Unidos en 2023: Manuel Esteban Terán. Conocido como Tortuguita, el activista de 26 años fue asesinado por la policía, que le disparó 57 veces mientras protestaba pacíficamente contra el proyecto multimillonario de construir un centro de entrenamiento policial en Cop City, Atlanta, Georgia. Ningún agente ha sido acusado.
Si bien el asesinato de un defensor de la tierra dentro de los Estados Unidos es inusual, los activistas climáticos en Europa Occidental y América del Norte enfrentan severas sanciones por tomar acciones no violentas.
“En varios de estos países democráticos ricos, las sentencias que se aplican a los manifestantes por el clima están alcanzando un nivel verdaderamente represivo”, dijo Linda Lakhdhir, directora legal de Climate Rights International, en Democracy Now! “Se imponen sentencias muy largas. Hay personas que son puestas en prisión preventiva para evitar que asistan a las protestas. Se utilizan cañones de agua y pinzas de dolor contra manifestantes pacíficos. Es realmente sorprendente cómo estos países que se han presentado como modelos del estado de derecho están básicamente reprimiendo la protesta pacífica”.
Climate Rights International investiga las consecuencias del cambio climático para los derechos humanos, como se detalla en su nuevo informe, “En la cuerda floja: Respuestas desproporcionadas a los manifestantes por el cambio climático en países democráticos”.
La próxima cumbre climática de las Naciones Unidas, la COP29, se celebrará en noviembre en Bakú (Azerbaiyán). Como muchas cumbres climáticas anteriores, ésta se celebrará en un petroestado dictatorial donde las protestas están prohibidas y no existe el derecho a la libertad de expresión.
El tiempo apremia y es necesario actuar en todos los frentes para prevenir los peores impactos de la emergencia climática. Quienes lideran el movimiento por un futuro sostenible deben ser elogiados, no perseguidos.
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