Es hora de desenmascarar a los escuadrones de detención y deportación de Trump

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Por Amy Goodman y Denis Moynihan

Con cada día que pasa, la violencia ejercida por ICE , el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se vuelve más intensa y generalizada. Un ejemplo grotescamente emblemático de esto fue el reciente arresto violento de Narciso Barranco , de 48 años , en Santa Ana, California. Narciso, un trabajador inmigrante que llegó de México hace más de treinta años, es padre de tres marines estadounidenses. Mientras hacía jardinería afuera de un restaurante IHOP el 21 de junio, fue agredido por al menos siete hombres armados y enmascarados, quienes lo abordaron y lo golpearon repetidamente en la cabeza. Lo esposaron y lo empujaron a una camioneta sin marcar . Los agentes vestidos de civil usaban máscaras faciales, chalecos antibalas y cascos de grado militar. Algunos de los chalecos decían «Policía – Patrulla Fronteriza de EE. UU.» en la espalda, pero para cualquiera que se enfrentara a estas pandillas, no había marcas de identificación, nombres o insignias visibles.

Uno de los hijos de Narciso, Alejandro Barranco, veterano de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, pudo visitar a su padre en la cárcel. Narciso aún vestía la misma ropa de trabajo que quedó ensangrentada durante el asalto.

“Se veía golpeado, se veía rudo, se veía derrotado, estaba triste”, dijo Alejandro en el noticiero de Democracy Now!. “Cualquiera se asustaría si viera a estos tipos acercarse, enmascarados, sin uniforme y con las armas en la mano”.

El concejal de la ciudad de Santa Ana, Jonathan Hernández, también en Democracy Now!, agregó: “Estamos observando cómo se desata la violencia, cómo aumenta la discriminación racial en ciudades como Santa Ana, donde el 41 % de nuestros residentes son migrantes, el 70 % son de ascendencia latina… los agentes llegan a nuestra comunidad y se niegan a identificarse, no tienen órdenes judiciales y estas redadas de ICE son un ejemplo de la extralimitación del gobierno”.

A mediados de junio, el presidente Trump suspendió brevemente las redadas migratorias en granjas, hoteles y restaurantes, aparentemente para garantizar que estas industrias clave que lo han apoyado en el pasado sigan haciéndolo. «Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy valiosos y veteranos, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar», escribió Trump.

Poco después, cambió de postura. La breve pausa reveló una verdad fundamental sobre los inmigrantes indocumentados: la economía estadounidense no funciona sin ellos. Sin embargo, instados por el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, agentes de ICE , Seguridad Nacional y Fronteras están capturando y deportando a los mismos trabajadores de los que depende nuestra economía.

Algunos sectores de la economía prosperan a pesar de las deportaciones masivas. GEO Group, la empresa de prisiones privadas, ha visto sus acciones subir más del 50% desde la elección de Trump. Palantir, la empresa de tecnología e inteligencia artificial cofundada por el multimillonario Peter Thiel, partidario de Trump, ha visto sus acciones subir más del 500% en el último año. Recientemente se informó que Palantir está desarrollando herramientas para permitir el rastreo casi en tiempo real de inmigrantes en Estados Unidos. El Programa de Supervisión Gubernamental ( POGO ) informó que la declaración financiera de Stephen Miller revela que posee hasta 250.000 dólares en acciones de Palantir.

Mientras tanto, la mayoría republicana en la Corte Suprema de Estados Unidos le ha otorgado a Trump una victoria en materia de deportaciones. Varios inmigrantes demandaron al gobierno para detener o revertir las deportaciones a Guatemala, Sudán del Sur y Libia. Un juez federal de Massachusetts emitió una orden judicial contra estas llamadas «expulsiones de terceros países». Esta semana, los seis jueces conservadores de la Corte Suprema anularon dicha orden judicial sin emitir comentarios. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon, argumentando que la «conducta flagrantemente ilegal» de la administración Trump, respaldada por la Corte Suprema, está «exponiendo a miles de personas al riesgo de tortura o muerte».

La resistencia es activa, está creciendo y marca la diferencia. La presión popular y las batallas legales han logrado la liberación de estudiantes internacionales perseguidos por su solidaridad con los palestinos, entre ellos Rümeysa Öztürk, Mohsen Mahdawi y Mahmoud Khalil, el primer estudiante arrestado y amenazado con la deportación.

Asimismo, la presión popular, legal y del Congreso obligó al gobierno de Trump a traer de vuelta a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García. Este padre de Maryland recibió asilo durante el primer mandato de Trump, en 2019, debido a amenazas creíbles de una pandilla salvadoreña. El pasado 12 de marzo, fue secuestrado en un estacionamiento y enviado, contra una orden judicial, a El Salvador.

Bajo una enorme presión legal y popular, el gobierno federal finalmente devolvió a Abrego García a Estados Unidos. A pesar de esta victoria, a su regreso, el gobierno federal lo arrestó de inmediato, acusándolo de trata de personas por presuntamente conducir a inmigrantes indocumentados hace varios años. Permanece bajo custodia federal en Tennessee y, de ser liberado, es probable que el ICE intente deportarlo.

Mientras tanto, Narciso Barranco se encuentra detenido en el centro de detención de ICE , con sus dos hijos aún en servicio activo en la Infantería de Marina de EE. UU. no muy lejos de allí, en Fort Pendleton. Ya es hora de desenmascarar a los agentes violentos que atacan a personas como Narciso y detener las detenciones y deportaciones masivas racistas y xenófobas de Trump.


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