A tan solo 18 días de cumplirse un año de la declaración del Conflicto Armado Interno CAI, se consuma el más reciente de los atroces crímenes de Estado perpetrados por las fuerzas represivas, mismas que funcionan jerárquicamente con orden superior del Ejecutivo, primer mandatario y jefe de las Fuerzas Armadas, Daniel Noboa. La desaparición forzada de cuatro menores de edad de la ciudadela Marta Bucarám en Guayaquil, parece desenmascarar una práctica regular del Narcoestado, que entre la desaparición forzada, el reclutamiento obligatorio, además de un perfilamiento racial, que enmarca a la totalidad de las clases populares como potenciales objetivos militares, enemigos del Estado y falsos positivos. Nacer con la piel equivocada en el Ecuador, parece indicar una condena de muerte.
La militarización desenfrenada que se ha impuesto tras la declaración del CAI, maniobra manufacturada desde Narcoestado y sus representantes empresariales locales -bananeros agroexportadores y banqueros a la cabeza– ha tenido un impacto desastroso en los barrios populares del Ecuador. Una investigación de The Economist del 22 de noviembre de 2024 refleja la realidad que Revista Crisis viene relatando desde la primera masacre carcelaria del 23 de febrero de 2021: existe una intrincada alianza entre la clase empresarial y el crimen organizado, alrededor del narcotráfico, mismo que se imprime en forma de Narcoestado, sobre el pueblo y la clase trabajadora. En este entramado criminal están implicados el hacendado Noboa y el banquero Lasso, presidente y expresidente del Ecuador.
Las aproximadas 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a las que se nos ha acostumbrado en el Ecuador -país igualmente mortal que Liberia, entre los 10 más violentos del mundo- refleja únicamente la violencia extrema a la que nos impone la clase dominante: industria de muerte a beneficio explícito del capital. Desde 2021 -el inicio formal del Narcoestado-, el Estado ecuatoriano se ha llevado a más de 850 vidas de la población más vulnerable de la sociedad entera: las Personas Privadas de Libertad PPL.
Cabe recalcar que la deshumanización sistemática a la que han sido expuestas las clases populares -responsabilidad explícita del Estado burgués y su maquinaria propagandística de medios corporativos- conllevan a un trato inhumano de la opinión pública, mismo que desemboca en la deshumanizaión y en un exterminio popular desde el autoritarismo y terrorismo de Estado. Parece que las sombras de los hermanos Restrepo, vuelven a rondar el territorio ecuatoriano, donde se han multiplicado los casos de desaparición forzada, tortura y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, como si el Estado estuviera rindiendo tributo a los años dorados del SIC-10 y los crímenes de Estado a manos del imperialismo al estilo del lacayo yanqui Febres Cordero.
Según Human Rights Watch, Ecuador ostenta la tasa más alta de homicidios en América Latina, con un crecimiento del 400% entre 2019 y 2024. En los primeros ocho meses del 2024, se registraron en el país 4.239 muertes violentas, 200 casos de extralimitación del uso de la fuerza por parte de las fuerzas represivas del Estado y 30 denuncias abiertas en fiscalía por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas a manos de Policía y Ejército Nacional.
Este estado generalizado de violencia abre la puerta a una pregunta fundamental: ¿Quiénes operan bajo el marco de la criminalidad en el Ecuador? Son tanto los Grupos de Delincuencia Organizada, como las Fuerzas Represivas del Estado. Y es precisamente la respuesta, la que imprime sobre la población la marca terrorífica del Narcoestado. Esto degenera en un estado de permanente de terror, desamparo y angustia entre el pueblo y la clase trabajadora, sobre todo en sectores populares marginales y racializadas. La distorsión que genera el Narcoestado en la estructura social del país, inmoviliza, desmoviliza y atenta en contra de toda la estructura institucional que se supone garantiza, en los marcos históricos del Estado burgués, el acceso a derechos y justicia. Todo se disuelve en el aire.
En este mismo sentido, Ecuador ostenta bajo el régimen del hacendado presidente, la democracia más desgastada en América Latina. Los ejercicios de autoritarismo de Estado que se imprimen sobre la población con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, se van normalizando. La imposición del mecanismo de Estado de Excepción como forma permanente de ejercicio de poder, levanta cada vez más alarmas respecto a la impunidad con la que operan los aparatos represivos del Estado, y el silencio cómplice desde el centro del poder político del Estado. Todxs sabemos que las FFAA y la Policía no actúan autónomamente, sino por orden superior.
Tras el autoatentado a TC Televisión el pasado 8 de enero, se justificó la militarización interna. 22 organizaciones criminales fueron catalogadas como terroristas, al mismo tiempo que se incrementó el IVA del 12% al 15%, con la penosa excusa de financiar la guerra interna. Es necesario tener siempre presente que todos y absolutamente todos los mecanismos de explotación, opresión y dominación que la burguesía al mando del Estado, imponen sobre la clase trabajadora, tienen como objetivo principal la maximización de la acumulación privada. La supremacía blanca y el colonialismo, el patriarcado y la apropiación de la naturaleza y el trabajo de las mujeres, la flexibilización laboral y la brutalidad policial, militar y paramilitar, tienen como fin la acumulación de capital. Vivimos nudas vidas, nuestras vidas y las de nuestrxs hijxs no importan en la trama de la supremacía del capital.
En este mismo sentido, la “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado” que supuestamente emprende el narcogobierno, está financiada también por el BID, el FMI, el BM, entidades multilaterales que han invertido al menos 5,110.6 millones de dólares en este año. Sabemos que no hay educación, ni salud, ni electricidad, ni infraestructura, ni nada, lo que hay es milicos y chapas por doquier. Hacia allá se destinan los recursos que engruesan la deuda maldita. Entonces, conjuntamente con los miles de millones invertidos en los aparatos represivos del Estado, está la colaboración directa en los campos de inteligencia y entrenamiento táctico que los EE.UU. y el Estado genocida de Israel sostienen con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Por su parte, las corporaciones de comunicación tejen un relato racista, aporofóbico y xenofóbico, que instituye en la opinión pública, una distorsión absoluta de la realidad. Literalmente, “los ricos nos mean, y los medios dicen que llueve”. Este discurso se empata con una paulatina agudización del discurso del antisubversivo, con la construcción del relato del enemigo interno, que criminaliza la organización popular y la protesta, inaugurando un propio estilo de terruqueo a la ecuatoriana.
Además de toda la miseria social y humanitaria que impone la clase empresarial, parasitariamente pretenden usufructuar también del punitivismo capitalista: la construcción de dos megacárceles, primero en Archidona -proyecto que la resistencia del pueblo de Napo logró frenar-, después en Salinas y Chanduy, representan tan solo la punta del iceberg del negocio detrás de los sistemas carcelarios públicos y privados. Así mismo, el oligarca bananero Noboa acaba de concesionar las Islas Galápagos, para que sean una sola base militar yanqui, por un periodo de 99 años, perpetuando el imperialismo y la decadencia estadounidense en territorio y arrastrándonos a ser blanco militar en el venidero conflicto geoestratégico más relevante de la historia reciente de la humanidad.
Desaparición Forzada y ejecuciones extrajudiciales
El Art. 84 del Código Orgánico Integral Penal COIP tipifica a las Desaparición Forzada de la siguiente manera: “La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento; o los grupos armados organizados, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales o legales”. Las Naciones Unidas plantean a la desaparición Forzada como “una estrategia del Estado para infundir terror en la ciudadanía”.
El pasado domingo 8 de diciembre en el sector Las Malvinas en Guayaquil, militares golpearon y amedrentaron con disparos al aire, a Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda de 15 años y Steven Medina de 11 años, 4 niños negros de los suburbios. Los subieron a la camioneta y desde entonces no se tienen razón del paradero de los 4 niños. Investigaciones arrojan un video donde se confirma que los niños fueron golpeados y detenidos arbitrariamente por personal del ejército, así como se confirma que ropa de los niños fue encontrada en Taura. Esta desaparición forzada se ejecutó por parte de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción número 10 declarado por el hacendado presidente.
El caso de los Cuatro de Guayaquil –como se le conoce ahora- se suma a las otras 15 denuncias de desaparición forzada desde la declaración de Conflicto Armado Interno, artimaña criminal que el hacendado presidente le ha heredado al país. El pasado 17 de julio Neivi Mina Quiñonez y Ariel Cheme fueron detenidos por las Fuerzas Armadas en Esmeraldas. Tras semanas de desaparición, los cuerpos calcinados de los dos jóvenes negros fueron encontrados calcinados en Rioverde-Cabuyal. El 26 de agosto Dave Loor y su amigo fueron detenidos por las Fuerzas Armadas, en Ventanas-Los Ríos, aun no se conoce su paradero.
Carlos Javier Vera de 19 años, fue ejecutado por las Fuerzas Armadas en Guayaquil. Este fin de semana se denuncia la ejecución extrajudicial de dos jóvenes de 21 y 17 años, por presunta delincuencia en Jama-Manabí. Los pobladores no permitieron que las FF.AA. se llevasen los cuerpos de los jóvenes. Según Amnistía Internacional, existen al menos 12 casos en investigación por ejecuciones extrajudiciales donde están implicadas la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Así mismo la violación y feminicidio de la subteniente Aidita Ati en el Fuerte Militar Napo, se suma al caso del feminicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía en 2022.
Es precisamente la imposición del estado de excepción como mecanismo permanente de ejecución del poder político, lo que permite, promueve y facilita la violación grave de Derechos Humanos ejecutados por las fuerzas represivas del Estado, y por supuesto, su absoluta impunidad.
Perfilamiento racial
La desaparición forzada de Saúl, Steven, Josué e Ismael en Guayaquil, devela el perfilamiento racial como práctica sistemática de las fuerzas represivas del Estado burgués, que en el marco del narcoestado consta de al menos tres cuerpos: las FF.AA., la Policía y los GDOs. En una alianza profana, estos tres cuerpos represivos cumplen cupos de falsos positivos, reclutamiento forzado y apresamientos. Al mismo tiempo ejecutan como práctica estatal-paraestatal la consigna de las vidas que no importan, las clases populares racializadas en definitiva se enfrenta a una nuda vida. El empresariado vampiresco reclama sangre y vidas trabajadoras en su camino insaciable por extracción de plusvalía, maquinaria de muerte del sistema capitalista.
Es irrefutable que la violencia estatal y paraestatal se imprime de forma específica sobre los cuerpos de jóvenes negros de sectores populares.
De forma paulatina, el Ecuador se ha ido acostumbrando sucesivamente a vivir en un estado de excepción permanente, impuesto para el control social, la profundización de la explotación y la precariedad absoluta, mientras un puñado de parásitos sociales viven, se nutren y acumulan a cosa del sufrimiento y la explotación popular. Sucesivamente, el Ecuador ha normalizado el autoritarismo de Estado, el abuso de la fuerza pública e incluso la “ida de mano” de instituciones preparadas para la guerra, que desatan esta misma sobre civiles.
En medio de este imaginario, el Narcoestado ha impuesto la presencia permanente de los “milicos rulay”, una institución caracterizada por el abuso de la fuerza y odio de clase absoluto hacia todo lo popular, imponiendo tortura, mutilación, desaparición forzada y muerte a lo largo y ancho del territorio. Si el Narcoestado y sus nefastas y putrefactas instituciones represivas actúan de tal manera, no se puede esperar más que absoluta impunidad para los nuevos mercenarios del capital en el Ecuador: los milicos yanquis y su doctrina imperialista acurrucada en las Galápagos.
En el actual momento histórico, nunca antes el Ecuador se ha encontrado tan cercano al imperialismo occidental, recibiendo entrenamiento militar y policial por parte de los EE.UU. y la nación sionista genocida de Israel, a la vez que se configura como un elemento central en la infraestructura belicista e imperial estadounidense en su carrera militar en contra de un mundo multipolar presidido por China.
Este es el complejo entramado político con el que el Narcoestado, al mando de la clase burguesa, imprime la violencia y la dominación sobre la población civil. La organización popular urge ahora más que nunca, en un contexto que la lucha es el único camino para la supervivencia.
Miserable Estado ecuatoriano: ¿Dónde están Saúl, Steven, Josué e Ismael? Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
