POR HERRIGORRI
Ante este 25 de Noviembre, “Día Internacional contra la violencia machista”, la Red de Resistencia contra el SAP quiere denunciar nuevamente las múltiples vulneraciones de derechos humanos que
se siguen llevando a cabo contra mujeres y sus hijas e hijos con la aplicación del inexistente síndrome de alienación parental (SAP), que está causando un gran sufrimiento.
Los poderes públicos vascos tienen la responsabilidad y la obligación de salvaguardar los derechos de las mujeres, niñas y niños, que prohíbe tratarles como objetos y establece el derecho a la protección contra todo tipo de violencia. La violencia institucional de género y la vulneración sistémica de sus derechos son consecuencia del sistema patriarcal que favorece a los hombres y merma los derechos de las mujeres, menores y adolescentes, gracias a la impunidad de las
instituciones que no cumplen con las obligaciones de garantizar todos los derechos para todas las mujeres, infancia y adolescencia en todas las circunstancias.
El falso SAP es la manera en la que el sistema judicial patriarcal castiga a las madres que denuncian maltrato y/o abusos sexuales hacia sus hijas e hijos, o que “simplemente” denuncian violencia de género. Consiste en retirar la custodia a las madres y dificultar, o incluso impedir mediante amenazas, la relación de éstas con sus hijas e hijos, con visitas sumamente restringidas (mucho más que a hombres maltratadores). El método: acusarlas de vengativas, locas, enfermas o malas madres por “instrumentalizar” (alienar) a las y los menores en contra del padre. La violencia de género o los abusos quedan camuflados como mera “disputa por la custodia” o “procesos familiares disputados”.
Este falso síndrome, o cualquier otra acción con la misma acepción está siendo esgrimido en numerosos informes por organismos dependientes de la Administración Vasca tales como Puntos
de Encuentro, equipos psicosociales adscritos a órganos judiciales, Servicios sociales de base, Servicio de Infancia de las Diputaciones y Ayuntamientos, entre otros. Esta utilización institucional desatiende las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, el Observatorio Estatal contra la violencia de género, el Movimiento Feminista vasco y las madres vascas afectadas por el mal llamado síndrome. Así mismo, la comunidad científica rechaza la existencia del SAP, e impide que figuren en los dos únicos tratados de diagnósticos existentes.
La falta de voluntad política para procurar protección de los derechos constituye una infracción de las obligaciones por parte de los poderes públicos vascos que erradique la violación de sus derechos y el maltrato institucional. Revertir esta situación reclama una aplicación de la ley dirigida a salvaguardar los derechos humanos, así como, la adopción de actuaciones correctoras que erradiquen la impunidad de las violaciones de los derechos y el sufrimiento de las mujeres, menores y adolescentes y garantice que no vuelva a ocurrir jamás.
Desde hace meses, por el trabajo llevado a cabo desde la Red junto con diversos grupos políticos, se ha llegado a acuerdos en las Juntas Generales de Araba (20/07/2020), Bizkaia (20/01/20 y
Gipuzkoa (08/10/2020), donde se ha firmado por la mayoría de grupos presentes en cada una de ellas, un documento por el cual se comprometen a:
No utilizar el llamado Síndrome de Alienación Parental (o eufemismos del mismo tenor como interferencias parentales, obstaculización marental o instrumentalización de menores en conflictos entre progenitores) en el Servicio de Infancia de la Diputación, de lo que se
desprende que no se realizarán informes ni se retirarán custodias en base a este falso síndrome.
Análisis de los expedientes que pudieran estar afectados por la aplicación de este constructo ideológico y sus consecuencias y efectos y que el resultado de los mismos sea trasladado al Gobierno Vasco, instando a éste a revisar los criterios de valoración en la
atención y protección a menores.
Analizar el Decreto 230/2011, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BALORA).
Desde la Red de Resistencia contra el SAP seguiremos atentas al cumplimiento de todo lo pactado porque las madres afectadas por la utilización de este falso síndrome por parte de la justicia y de los servicios sociales, siguen haciendo preguntas que no tienen respuesta. Trasladamos alguna de esas preguntas a los poderes públicos vascos y a la sociedad de manera que colaboren a
establecer un diagnóstico certero que procure una actuación justa y democrática:
¿Por qué la justicia no da credibilidad a las madres?
¿Por qué, cuando las y los menores no quieren ir con su padre, la justicia y los servicios
sociales culpabilizan a las madres en lugar de investigar el motivo del rechazo?
¿Por qué la acusación de instrumentalización está dirigida siempre hacia la madre?
¿Por qué la justicia y los servicios sociales nunca creen la palabra de la o del menor optando por la salida fácil de culpabilizar a la madre?
¿Por qué cuando hay un caso de abuso del padre hacia la o el menor desde la justicia o los servicios sociales se les obliga a mantener visitas en un punto de encuentro familiar alegando que el progenitor, hasta que no haya condena, mantiene sus derechos de visita?
¿Por qué el Área de menores sabiendo que hay un abuso, no pone medios y ayudas para restaurar lo antes posible el daño y secuelas ocasionadas?
¿Por qué la justicia y los servicios sociales utilizan la amenaza de retirada de custodia o de declaración de desprotección a la o el menor si la madre no reconduce la actitud del/la menor de no revincularse con el padre?
¿Por qué la justicia o el Área de Menores siguen sin devolver la custodia a las madres a las que han aplicado el SAP a pesar de haber informes que describen el estado de las o los menores y de los padres custodios?
¿Por qué los informes de los puntos de encuentro familiar, en demasiados casos sesgados y prejuiciosos para con las madres, son tomados en el juzgado como periciales?
¿Dónde están los derechos y la protección de una persona menor después de ser abusada y/o maltratada?
¿Dónde está el interés superior del/la menor por el que deben velar las administraciones y las instituciones?
Exigimos que los organismos judiciales y los servicios sociales a tenor de las respuestas a estas preguntas y de sus evaluaciones, analicen si sus actuaciones pudieran estar provocando un daño sobre los derechos y la seguridad de las mujeres, menores y adolescentes por parte de responsables políticos, funcionarios y profesionales que abiertamente desatienden las legislaciones y recomendaciones de los organismos responsables y especializados en la materia.
En función de los resultados, exigimos la aprobación y desarrollo de un Plan de Acción que haga efectivos los derechos humanos a conocer la verdad, justicia y reparación del daño causado.
Prohibición de la utilización del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), o cualquier otra herramienta no alineada con la legislación, las instituciones públicas, la comunidad científica y el movimiento feminista, o que provoque sufrimiento en madres y menores.
Desarrollo de un plan dirigido a instituciones públicas y personas responsables, coordinado entre las instituciones y la sociedad civil, que garantice el disfrute real de todos los derechos humanos para todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes en todas las circunstancias.
La situación de pandemia pone de manifiesto que las violencias machistas no se frenan con el confinamiento, sino todo lo contrario, ¡se amplían!
Por eso, este 25N no permitamos que la COVID oculte viejas pandemias y profundas desigualdades estructurales. Este año, más que nunca, es imprescindible manifestar nuestra denuncia y demostrar que seguimos organizadas y dispuestas
a defender nuestros derechos.
Exigimos Verdad, Justicia y Reparación!!!
Mujer, No estás sola!!
“Yo sí te Creo txikitxu”
Red de Resistencia Contra el S.A.P.//G.A.S.-aren Aurkako Erresistentzia Sarea
