DIARIO LIBRE
De carácter flemático, Francisco Guillermo Flores portaba una apariencia bonachona que inspiraba una cómoda empatía. No era el político convencional de genio emotivo y proverbial locuacidad. No. Su formación era elitista; más humanística que política. Fue profesor de filosofía en el Amherst College en Massachusetts, Estados Unidos, y estudió filosofía oriental en la India. Era inevitable no compararlo con el dominicano Leonel Fernández: ecuánime, conceptuoso y didáctico. Flores, con apenas 36 años, se convirtió en el presidente más joven en la historia de El Salvador (1999-2004) por el sempiterno partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), una réplica ultraderechista del PRI mexicano. El joven mandatario implantó reformas neoliberales, envió tropas a Irak, dolarizó la economía y convirtió a El Salvador en el aliado regional más leal a Washington. Después de dejar el poder fue candidato para presidir la Organización de Estados Americanos (OEA). Su final fue patéticamente indeseado: estando en prisión domiciliaria, falleció a los 56 años tras sufrir una obstrucción arterial por la cual fue intervenido de urgencia. Enfrentaba un proceso judicial acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia por apropiarse presuntamente de cinco millones de dólares y desviar otros diez millones de donaciones taiwanesas destinadas a obras de reconstrucción tras los dos terremotos que afectaron al país en el 2001.
Elias Antonio Saca González (Tony), por su parte, negaba la personalidad parsimoniosa de Flores. Sin una formación académica relevante, adquiere fama como locutor deportivo y radiodifusor. De carácter abierto, espontáneo y jovial, seduce al cansado votante salvadoreño desafiando los rígidos formatos de imagen política. Logra, a los 39 años, la presidencia de El Salvador durante el quinquenio 2004-2009 por el mismo partido ARENA. El gobierno de Saca levantó tempranas sospechas de corrupción. Al abandonar la presidencia y luego de un dilatado proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador confirmó la condena de diez años de prisión y la devolución al Estado de 260.7 millones de dólares; con él fueron condenados además tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de Casa Presidencial. Su esposa y ex primera dama, Ana Ligia de Saca, fue acusada de lavado de dinero en el caso por el que fue juzgado y condenado el expresidente Tony Saca.
Antes de ser presidente en el quinquenio 2009-2014, Carlos Mauricio Funes Cartagena tuvo una destacada carrera periodística en la radio y la televisión. Fue por mucho tiempo corresponsal de CNN en El Salvador, pero consolidó su notoriedad por dos programas icónicos: La Voz del Pueblo, por radio y La Entrevista por televisión nacional. Su victoria electoral interrumpió el dominio absoluto del partido ARENA y colocó a su partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder. Su gobierno, de ideología izquierdista y nexos chavistas, impulsó ambiciosos programas de asistencia y seguridad social. La Fiscalía General de El Salvador dispuso su captura en el 2018 junto a la de varios de sus exfuncionarios y familiares acusados de participar en una red de corrupción a través de la cual presuntamente se apropiaron de 351 millones de dólares. Funes tiene otros procesos abiertos por acusaciones de sobornos al fiscal general, malversación de fondos, lavado de dinero y asociaciones ilícitas; enfrenta, además, dos investigaciones: una por sobornos a diputados y otra por presunto financiamiento electoral de Odebrecht. El gobierno de Nicaragua otorgó asilo político a Funes, su esposa Ada Mitchell Guzmán y a tres de sus hijos el 6 de septiembre de 2016.
El Salvador, una nación con tantos o más tumbos y carencias institucionales que la nuestra, ha logrado, sin muchos aspavientos, abrir procesos penales contra tres expresidentes y no ha perdido gobernabilidad. En ese país se quebró la indemnidad que en cada sucesión se presumía como pacto implícito a favor de los gobernantes del mismo partido; esa impunidad hoy zurce con fibras de titanio el cambio de mando en la República Dominicana, una rancia tradición de oscuras confabulaciones e irresponsables omisiones. Nadie ha podido reconocerlo con tanto colorido como el Guapo de Gurabo con aquello de que “los presidentes no se tocan”.
Al conocer la primera condena en contra de Tony Saca, Juan Ricardo Orellana, un viejo amigo y académico salvadoreño me escribió exultado. Del texto me retumba esta frase: “Le perdimos el miedo al mito”. No pocas veces repaso ese correo electrónico con pesada decepción y con las ganas de ser procurador. En El Salvador es un hecho medible el impacto que han tenido estos procesos en la valoración de la institucionalidad.
Despertemos del sueño, que si a la corrupción no se le da por la cabeza seguiremos rumiando las mismas frustraciones. Y no hablo de persecución selectiva o discriminatoria, sino de llegar más allá de donde siempre se rinden los pujos: justo en el umbral de los grandes centros de poder, allí donde se estiran los hilos conectores, se arman las componendas, se definen las directrices y se bajan las líneas troncales. La corrupción periférica de los pequeños vividores de la política sirve como barata expiación.
Mientras los grandes intereses sigan incólumes ostentando lo robado, el sistema no generará los necesarios anticuerpos para el cambio. Lo de El Salvador no surgió como una acción aislada en contra de cada uno de sus expresidentes; nació en el 2016 cuando la Corte Suprema admitió a unanimidad una denuncia por corrupción en contra del partido ARENA y contra varios expresidentes de ese partido, por toda la corrupción ocurrida entre 1989 y 2009, durante los gobiernos de Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009), por cuya cuenta el Estado perdió cerca de 34,000 millones de dólares.
Creo que a los pueblos les llega un momento de lucidez para ver como enanos a los viejos gigantes. Hoy concurren todos los vientos para la tormenta perfecta. El gran salto es hoy y la sociedad lo reclama. Tenemos los actores comprometidos, los hechos, las evidencias, los instrumentos de cooperación internacional, el momento político y la determinación ciudadana. El miedo abandonó sus razones y el Estado, en quiebra y postrado, precisa de un empuje de ese tipo. Si no hacemos lo que debemos, se nos hará tarde; es ahora. A propósito, y para aquellos que piden acciones y no palabras, las organizaciones Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación MASADA y Santiago Somos Todos depositaron en mayo de 2017 una denuncia robusta, sustanciada y documentada para investigar el financiamiento irregular de la campaña de Danilo Medina por Odebrecht. Por suerte, Jean Alain Rodríguez ni la tocó, preferible a desestimarla. ¿Y si empezamos a hoyar ese camino para abrir la ruta salvadoreña? ¿Qué le parece, honorable procuradora?
