Los togados se rebelan: huelga sin servicios mínimos ni recortes salariales
Los jueces y fiscales se declaran en huelga, pero no pierden ni un céntimo. No hay servicios mínimos. No hay descuentos salariales. Y mientras miles de juicios se anulan, el CGPJ se lava las manos. ¿Hasta dónde llegan los privilegios ocultos del poder togado?
P. A. GONZÁLEZ RUIZ (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
En las siguientes líneas, afrontamos la reciente Huelga Judicial en España, preguntándonos por su necesidad.
Este análisis, que toma al concreto real sin supuestos y se cuestiona su causa inmediata, sin detenerse en ningún concreto hasta agotar la búsqueda, o sea hasta la materia misma, es el primer paso.
A continuación, se procede inversamente mediante la síntesis. Esta es, en nuestra opinión, la forma de investigar la realidad para reproducirla en el pensamiento; forma que se ajusta a la dialéctica materialista, método de la Crítica de la Economía Política.
No obstante, tranquilos, en este caso, no llegaremos tan lejos. Y es que la huelga de jueces en España se nos presenta como parte de un movimiento más amplio, internacional y social que hunde sus raíces en la acumulación internacional del capital, pasando por los cambios en que está inmersa la clase obrera y las innovaciones tecnológicas como la Inteligencia Artificial, y donde las peculiaridades del proceso español de acumulación de capital también juegan; incluyendo al propio sistema judicial (derecho de huelga y salario de jueces, o la regulación de la acusación popular y su particular uso por la extrema derecha como recurso de la lucha de clases).
Ahora es nada…
La huelga de jueces y fiscales
Los jueces y fiscales, como si de obreros metalúrgicos se trataran, han bajado de sus estrado y han ido a la huelga los días 1,2 y 3 de julio de 2025.
Una acción no exenta de polémica. Pues el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el empleador de los jueces, no la dió por convocada.
Por una vez, los vocales del CGPJ, dejando atrás la tradicional división entre bloque progresista y conservador, votaron corporativamente al unísono para expresar:
“El ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos”.
Sí, no hay servicios mínimos para nuestros servidores públicos. Pero, nadie escuchará o verá rasgarse las vestiduras por este detalle que, en otras protestas laborales, tanto polvo levantó; y menos cualquier alusión a huelga salvaje.
El derecho de huelga de jueces y fiscales en España
El asunto es que el derecho de huelga de los jueces ha sido un tema peliagudo. Sus asociaciones profesionales reclaman que, como ciudadanos -(añado yo, asalariados, que suele olvidarse), tienen el mismo derecho de huelga que cualquiera (el previsto en la Constitución en su artículo 28.2). Llegando a defender en sus comunicados expresiones de este tenor:
“La huelga constituye una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de nuestras condiciones profesionales”
Sin embargo, en otros momentos se ha argüido que la pertenencia a uno de los poderes del estado les privaría de este fundamental derecho. Debate interesante desde el punto de vista de la clase obrera, en el que las posiciones derecha vs izquierda, paradójicamente, parecen invertirse.
Así la mayoría del bloque progresista del CGPJ advierte de que la Constitución española
“no reconoce el derecho a la huelga de los integrantes de los poderes del Estado”;
derecho, señalan estos vocales, que nuestra Carta Magna solo reconoce a los trabajadores por cuenta ajena (según estableció el Constitucional en una sentencia de 1981), mientras que el derecho de huelga de los funcionarios se ha regulado por ley (en la Ley de Reforma para la Función Pública de 1984 y en el Estatuto Básico del Empleado Público), pero éste no es aplicable a jueces, magistrados y fiscales (como recoge su artículo 4.c).
Gratuidad de las togas caídas
En cualquier caso, esta falta de “soporte normativo” no es nueva. Ya fue expresada por el CGPJ en la primera huelga de jueces en 2009, repitiéndose en las sucesivas.
Pero, esto no presenta inconveniente a sus señorías. Pues, no les supone merma salarial alguna. Como leen. Todo porque su pagador, el Ministerio de Justicia, no puede proceder al descuento correspondiente al no ser el órgano competente, según sentencia judicial (sic), para realizar el registro del absentismo de los jueces, que corresponde al CGPJ, que como hemos visto no da la huelga por convocada.
Es lo que ocurrió en 2018 cuando el Ministerio, tras descontarles la parte proporcional del salario, hubo de devolverla por el mencionado problema de forma. Esta vez el Ministerio de Justicia ha pedido al CGPJ que le informe sobre los jueces huelguistas, pero como éste no reconoce la huelga, veremos si esta huelga también les sale gratis a nuestras togadas personas asalariadas.
Así que nuestros jueces, personificaciones de la fuerza de trabajo judicial que se vende por un salario al Estado, realizan huelgas ilegales sin servicios mínimos a costa del erario público español.
Además, con bastante buena acogida mediática, pues no verán en las televisiones, radios y prensas, críticas o meros comentarios sobre los efectos de la anulación de juicios a cuenta de este paro.
La protesta judicial en España
Pero, por qué los jueces y fiscales se lanzan a la protesta laboral. Ya venían calentando motores: concentración del 28 de junio, paro laboral parcial del 11 de junio; además, apoyadas y jaleadas por la derecha y la extrema derecha.
Estamos ante una campaña de protestas convocada por 5 de las 7 principales asociaciones profesionales, que no sindicatos. Todas menos las progresistas (Jueces por la Democracia, Asociación de Fiscales Progresistas). Aún faltarían otras asociaciones como las de interinos, que también existen.
No está nada mal para un colectivo que no supera los 6 mil. Para que alguien dude de la propensión a la organización solidaria de jueces y fiscales cuando de sus derechos laborales se trata.
Y es que la clase de los asalariados tiene eso: que, en tanto personifica su mercancía (fuerza de trabajo) no tiene más remedio, por razones que ahora no abordaremos, que tomar conciencia para defender sus condiciones de venta por su valor.
Pero, la reciente movilización judicial va más allá de la mera reivindicación laboral, planteándose motivos más elevados: la defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y el prestigio profesional. Veamos.
(*) P. A. González Ruiz es autor del blog «Criticonomia»
