Gustavo Buster
Daniel Raventós
Miguel Salas
Cuando tras el debate parlamentario del pasado 9 de julio se daba por aplazada hasta otoño la crisis del gobierno Sánchez, la imputación de Cristóbal Montoro, exministro todopoderoso de Hacienda con J.M. Aznar y M. Rajoy, y otros 27 altos cargos de su equipo ha vuelto a poner las cosas en su sitio. Es decir, nos ha vuelto a situar en la realidad del régimen del 78 y su capitalismo de amiguetes.
Entretenidos como estábamos, sin aliento, por la ofensiva reaccionaria del PP y de Vox con el caso de corrupción Koldo-Ábalos-Cerdán, por la respuesta homeopática de Sánchez en el Comité Federal del PSOE, por el congreso del PP para elevar a Feijóo como un nuevo “cirujano de hierro”, por la búsqueda del chivo expiatorio y la “caza de emigrantes” desatada por la extrema derecha en Torre Pacheco, de pronto nos hemos vuelto a tropezar con quién manda de verdad en el Reino de España y cuáles son los mecanismos que hacen funcionar el régimen del 78. Ahora sí es posible comparar la corrupción estructural del sistema, la que estaba detrás del consulting “Equipo Económico” de Montoro y las amnistías fiscales, y la corrupción personal de los pagos con mordidas de casas de amantes y facturas de prostíbulo de Koldo-Ábalos, porque a Cerdán aun le están buscando el dinero y los talones.
En medio del lawfare generalizado que ha dejado como herencia el colapso del bipartidismo -que no es sino la otra cara del espejo del capitalismo de amiguetes, también en crisis desde la Gran Recesión de 2007-2008 y el “rescate” de las Cajas de Ahorro en 2011-2012-, de pronto el juez Rubén Rus Vela, del juzgado de instrucción nº2 de Tarragona levanta el secreto del sumario después de 7 años y, apoyándose en siete tomos de instrucción con miles de páginas, imputa a una de las dos patas del equipo económico de M. Rajoy (que, como todos sabemos, perdió una moción de censura ante Pedro Sánchez en junio de 2018, precisamente por la corrupción del PP en el caso Gürtel). La otra pata, como es conocido, es la que encabezaba Luis de Guindos, desde el ministerio de economía. Y ambas patas, a pesar de sus conflictos, así el propio gobierno de M. Rajoy, tenía como cimientos la cripta en la que había acabado enterrado en vida el heredero natural de J.M. Aznar, Rodrigo Rato.
Un sumario de siete años sobre el capitalismo de amiguetes
De lo que se va filtrando del gigantesco sumario, el consulting “Equipo Económico” era lo más parecido a una cheka tributaria. Como nos cuenta Ernesto Ekaizer -uno de los pocos de los que nos fiamos para estas cosas- hay correos electrónicos inculpatorios sobre Rodrigo Rato, Jordi Pujol y Esperanza Aguirre, las empresas y lobbys gasísticos, energéticos, del juego, de la construcción. Se manejaban datos fiscales y se amenazaba con ellos a periodistas y la competencia vía inspección de Hacienda. Se preparaban y aprobaban leyes a petición de las empresas beneficiarias, a veces directamente y otras perjudicando indirectamente a la competencia.
En un país en el que los tribunales aún desconocen quién se oculta detrás de “M. Rajoy”, la lista de afectados que hacen cola para personarse en la causa contra Montoro en cuanto sea posible, es larga. Por supuesto, ya lo han anunciado Rato y Esperanza Aguirre. Pero más importante será si lo hace Luis de Guindos. Para hacer esta conjetura nos apoyamos en las memorias de su etapa de gobierno, España amenazada: de cómo evitamos el rescate y la economía recuperó el crecimiento, Península 2016. El argumento es muy sencillo, tras el peor gobierno que hubiera tenido el Reino de España hasta entonces, el de Rodríguez Zapatero, Rajoy echa mano de De Guindos para salvar la economía española de las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria, que se lleva por delante a las Cajas de Ahorro, esas huchas de los caciques de las Autonomías. Mientras tanto, Rodrigo Rato ha llegado a la presidencia de Caja Madrid tras año y medio de negociaciones en el PP, tras abandonar a mitad de mandato la presidencia del FMI y con el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales de la capital del reino, que estaban en el ajo desde el cese de Miguel Blesa. Los sucesivos planes diseñados para el rescate de Bankia -fusión de Caja Madrid y Bancaja en junio de 2010, con salida a bolsa- no son sino una cesión detrás de otra por parte del gobierno Zapatero a lobistas e inversores. La falta de confianza es tal en los “mercados” que se vislumbra el peligro de un rescate sin precedentes a toda la economía española. El nuevo gobierno Rajoy actúa recuperando esa confianza adelantando la aplicación en seis meses a la banca de los acuerdos de Basilea III, quiebra definitivamente Bankia, se pide un rescate financiero a la UE de 24.000, que “no va a costar un euro a los españoles” (Rajoy dixit) y se impone la política de austeridad, recorte de derechos sociales y laborales y el segundo giro neoliberal tras el de Aznar. Hay una versión contraria de los acontecimientos, la de Rodrigo Rato (Hasta aquí hemos llegado, Península 2023) escrita en la cárcel. En la cárcel estaban con él algunos de los imputados por el uso de las tarjetas de crédito black, de las que había informado a De Guindos el nuevo presidente de Bankia -y el banquero mejor pagado del país- José Ignacio Goirigolzarri.
Mientras tanto, según el sumario, el consulting “Equipo Económico”, Montoro y su equipo en Hacienda, se ponían las botas con las mordidas de los sectores industriales, energéticos y de ocio a la vez que aplicaban las condiciones impuestas por el rescate de la UE, la austeridad y los recortes.
¿Pero qué es el capitalismo de amiguetes?
Decía Antoni Domènech hace menos de una década: “Más que capitalismo de amiguetes, el de aquí se asemeja a un capitalismo tabernario. Régimen que también es una losa para los derechos de las naciones catalana, vasca y gallega. Y no se olvide: también para los derechos democráticos de la población española que nunca ha podido autodeterminarse decidiendo si prefería una república o la monarquía heredera del franquismo. El régimen del 78 tiene unos dogmas que son su razón de existir: la unidad de España (la gran demanda que Franco hizo al padre del rey actual) y la monarquía. Que se resumen en uno: la monarquía es la unidad de España. En otras palabras: la negación del derecho de autodeterminación y de la república, ‘sinónimo de revolución y desorden social’, en la opinión del inteligente y derechista De Gaulle”.
Llegados a este punto conviene aclarar de lo que estamos hablando en términos del régimen del 78, una descripción corta de lo que ha sido la segunda restauración borbónica tras la dictadura franquista.
Su modelo de acumulación capitalista ha estado ligada a una red clientelar de selección de ganadores y de goteo caciquil hacia abajo. La rápida y enorme concentración del sistema financiero (con la OPA del BBVA sobre el Sabadell como último ejemplo), su papel decisivo en la inversión industrial productiva, la cohesión social de la clase económicamente dominante con los altos cuerpos de gestión de la administración del estado, así como la dependencia de la inversión pública, tanto a través del presupuesto del estado como de las ayudas, créditos y transferencias de la Unión Europea (desde los Fondos Estructurales hasta los Next Generation) han sido factores determinantes para configurar este capitalismo clientelar.
El caso español tiene sus peculiaridades históricas, efectivamente. El gran cronista de este capitalismo de amiguetes hispano ha sido Mariano Guindal y sus dos obras: El declive de los dioses y Los días que vivimos peligrosamente, publicados por Planeta en 2011 y 2014. Pero la dependencia de las decisiones del poder político para mantener la tasa de ganancias de las empresas españolas, con un nivel de productividad inferior y dependencia tecnológica frente a la competencia internacional puede inscribirse también en un largo ciclo de caída tendencial de la productividad y beneficios medios del mecanismo de acumulación neoliberal. A pesar de toda la narrativa en contra de la intervención del estado en la economía, la financiarización ha resultado en una mayor intervención estatal selectiva a favor de los beneficios y las rentas del capital. Efectivamente, de lo que se ha tratado por encima de cualquier otra cosa, es de potenciar y favorecer a los más ricos. Puede parecer un comentario lapidario: mírese las estadísticas, mírese quien se beneficia de las políticas económicas de las últimas décadas, con ligeras variaciones: los grandes ricos y los ancestrales poderes, iglesia católica a la cabeza. No existe los mercados por encima de la realidad, los mercados están regulados en favor de unos o de otros. Y el régimen del 78 aquí y las políticas económicas de otrs estados más o menos cercanos no ha tenido la menor duda en inclinarlo a favor de los grandes ricos. Desde los años 80, el “capitalismo político” ha sido determinante en paralelo a una gobernanza globalizada cuyos ejemplos son, en distinto grado, la Unión Europea, los organismos de Bretton Woods y la autonomización de los bancos centrales. La imposición de las políticas neoliberales, la reincorporación al capitalismo occidental de las antiguas economías de Europa del Este y la exURSS, la expansión de la economía de mercado en China son aspectos del mismo proceso. Si se analiza la evolución del crecimiento del gasto público desde los años 80 del siglo XX, solo se puede otorgar una mayor importancia en el modelo de acumulación política a la “captura” de las decisiones de política económica del estado por las grandes multinacionales por un lado, pero también la dependencia de las medianas y pequeñas empresas de ellas para sobrevivir en una competencia despiadada, que no es otra cosa que la expresión de la lucha de clases al interior de la propia clase dominante.
Así que cuando se habla, como en los debates parlamentarios del 9 de julio pasado, sobre si la corrupción de la Gürtel y Bárcenas del PP, la de Ayuso y su pareja ligada a la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, la de los pagos de Acciona al triángulo Koldo-Ábalos-Cerdán, son el resultado de una corrupción individual o estructural, lo que cabe añadir es que es el modelo de acumulación del capitalismo de amiguetes, en medio de la Larga Depresión tras la tres crisis sufridas (2007-8, Covid e Inflación) el que exige ambas corrupciones que no son más que manifestaciones distintas de una misma causa.
El régimen del 78 como capitalismo de amiguetes
La Constitución de 1978 recogió ese difícil e inestable equilibrio entre intereses sociales contradictorios que aseguró el marco jurídico del capitalismo de amiguetes (monarquía, aparato judicial clasista, bipartidismo, clientelismo autonómico al tiempo que niega derechos nacionales democráticos…) y un estado del bienestar que ha pasado tras las políticas neoliberales de austeridad a ser un estado de medioestar, cuando no, quizás para ser más realistas, de malestar para los sectores más precarizados de la población asalariada y, en general, de la inmensa mayoría de la población estrictamente no rica . Y es con esos límites, cuyo último token fue la reforma del artículo 135 para priorizar el pago de la deuda como símbolo de la primacía de los intereses privados sobre los públicos, con los que estamos chocando repetidamente en la gestión de la crisis del régimen del 78. En un equilibrio de fuerzas político que no puede ocultar la erosión de la cohesión social y el ascenso de la extrema derecha en los varones jóvenes.
¿Qué se puede hacer? Las fuerzas de la izquierda alternativa han anunciado ya la solicitud de una comisión de investigación, en paralelo a la causa iniciada por el Tribunal de instrucción número 2 de Tarragona. La experiencia de las comisiones de investigación parlamentaria, con su objetivo de responsabilidades políticas, no ha sido hasta ahora satisfactorio. La Comisión sobre la crisis financiera de 2011-12 fue un fiasco (basta con ver las actas). Esta legislatura empezó también con la constitución de sendas comisiones sobre los atentados islamistas en Cataluña, Pegasus y la policía patriótica del PP contra el independentismo… ninguna de ella ha avanzado y algunas incluso se han congelado y desaparecido. Pero es una cuestión de voluntad política utilizarlas como cajas de resonancia en paralelo a la causa judicial. Hay mucho que investigar y aprender de los funcionamientos concretos del capitalismo de amiguetes del régimen del 78 y es francamente más instructivo que los insultos y ataques personales, que el lawfare, en el que se ha convertido esta legislatura empantanada. Puede que incluso sirva para recuperar un aliento constituyente frente a la ofensiva reaccionaria del PP y Vox.
El malestar, la indignación y el cabreo generalizado no encuentran una salida a esta crisis del régimen que se alarga y alarga y parece no tener fin. Las medidas que se toman para al menos paliar la corrupción apenas sirven para nada. Las que se han propuesto desde el gobierno después del asunto Ábalos-Koldo-Cerdán no son más que la repetición de otras que han servido para poco. Básicamente porque mientras se mantenga la estructura de funcionamiento del actual régimen político es como poner al zorro a guardar las gallinas. Es necesario un volteo general, tanto legal (penas de cárcel, devolución del robo cometido, etc.) como económico (castigo a las empresas que participan en la corrupción, prohibición de que sigan participando del dinero público, etc.). Los parches ya no sirven cuando el organismo está tan podrido.
Una parte de ese malestar está siendo utilizado por la extrema derecha (bien pringada también en temas de corrupción) para desviar los problemas hacia los emigrantes, las mujeres o los colectivos LGTBI, cuando lo que se necesita es convertir el malestar en propuestas para atacar a los verdaderos responsables de la corrupción: ese capitalismo de amiguetes, las empresas que expolian el presupuesto del Estado, los jueces que los protegen y el mismo régimen monárquico surgido del franquismo.
El hastío por sí mismo no genera políticas alternativas favorables a la mayoría del pueblo, pero la corrupción continua y generalizada sí socava un régimen político. No son pocos los ejemplos históricos en los que la corrupción ha jugado un papel importante en su caída, con el acompañamiento y participación de movimientos de masas. La larga crisis de la Primera Restauración (1874-1923) tuvo en la corrupción su talón de Aquiles, desde el propio rey Alfonso XIII (¡hay los Borbones!) hasta la aristocracia pringados en las guerras coloniales del norte de África, que acabó en la proclamación de la república en 1931. Durante la república, una de las causas de la caída del gobierno de las derechas (1933-1935) fue la corrupción conocida como estraperlo, que facilitó la victoria de las izquierdas en 1936.
Los procesos históricos no se repiten mecánicamente, pero sí tienen mecanismos internos muy parecidos. Por esa razón, se necesita situar una perspectiva de cambio constituyente republicano que limpie la corrupción, que vuelva a dar la voz al pueblo y que amplíe los derechos que el capitalismo de amiguetes ha ido cercenando. Que esta idea no aparezca como actual en el programa de los partidos de izquierda mayoritarios no quiere decir que no se ajuste más a la realidad que intentar mantener un régimen como el actual. Escribíamos hace poco más de un mes acerca de “la incompatibilidad de la libertad republicano-socialista con la existencia de las grandes fortunas. Las grandes fortunas privadas y empresariales imponen su arbitrio a la ciudadanía y los estados. Y lo imponen de distintas formas, uno de ellos mediante la capacidad de corromper. El reino de España ofrece una cantidad de ejemplos que nadie puede alegar que se trate de ‘algunas excepciones’. Es la norma inseparable de la relación entre corrupción y el actual régimen político”. Es el lazo permanente entre régimen del 78 y capitalismo de amiguetes.
es miembro del comité de redacción de Sin Permiso
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