La interpretación de un delegado de la PF señala que toda la Operación Lava Jato operó a través de esta ilegalidad, desde su inicio, cuando Sérgio Moro aún realizaba las investigaciones.
Los 226 acuerdos de colaboración y clemencia firmados por la Operación Lava Jato desde 2014 están siendo cuestionados luego de que el delegado de la Policía Federal, Élzio Vicente da Silva, afirmara que con ellos no se buscaba el aporte de “colaboradores a la propia investigación”, pero sí la anticipación de sanciones, fijación de multas y demás efectos de una condena. El informe fue divulgado el 6 de mayo en el contexto de la destitución de la reemplazante de Sérgio Moro en el 13º Tribunal Federal de Curitiba, la ex jueza Gabriela Hardt.
En el informe, el delegado señala que fue este criterio ilegal el que Hardt y otros magistrados firmaron una multa de R$ 2,1 mil millones a Petrobras con el objetivo de crear una fundación “anticorrupción”. “Se trataba, aparentemente, de la importación de un modelo para resolver cuestiones penales mediante el pago de dinero, incluida la negociación de sentencias”, dice otro extracto del informe. No sólo eso, lo que la interpretación señala es que toda la Operación Lava Jato actuó a través de esta ilegalidad, desde su inicio, cuando Sérgio Moro aún realizaba las investigaciones.
Antes del informe de la PF, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ya había señalado el modus operandi poco republicano de los jueces elogiados por conducir la Operación Lava Jato. El CNJ destituyó del mismo Tribunal Federal al sucesor de Sérgio Moro y a otros tres magistrados por elusión de procesos, violación del código de ética, mala conducta e incumplimiento de decisiones del STF. En este caso, la principal motivación fue también la usurpación de una multa de mil millones de dólares de Petrobrás para crear la fundación anticorrupción.
Acuerdo de culpabilidad: dispositivo para intentar silenciar las calles
Entre las repercusiones del escándalo promovido por los lavaderos de autos que quisieron robar la empresa estatal, algunos analistas señalaron la relación entre los antecedentes del Operativo y las respuestas oficiales del entonces gobierno al descontento popular. Luego de las Jornadas de Junio de 2013, el gobierno federal de Dilma Rousseff reguló la disposición legal de “colaboración premiada” con el principal objetivo de desplazar el foco de las protestas populares única y exclusivamente al tema de la corrupción.
Con el inicio de Lava Jato al año siguiente, las denuncias serían el principal medio utilizado en las investigaciones contra casos de corrupción. A raíz de los primeros pasos de Lava Jato, ya estaba viva una movilización de sectores medios de la sociedad brasileña, en referencia al entonces juez Sérgio Moro.
Fueron muchos los analistas políticos reaccionarios que, en ese momento, lanzaron palabras ilusorias a los monopolios de la prensa como: “Lava Jato está innovando en la investigación utilizando instrumentos contemporáneos como el plea negociation” (13/06/2019, “Hay una campaña abierta contra Lava Jato” de Carlos Alberto Sardenberg).
El principal objetivo del intento de debilitar Lava Jato es socavar políticamente a Sérgio Moro (que se postula para presidente desde entonces). Lo esencial aquí es reconocer esto: las investigaciones en curso no ayudan en nada a determinar el origen de tanta suciedad, ni impiden que el país repita el mismo fraude.
