La reciente carta enviada por las centrales sindicales con representación en la Mesa de Negociación y las declaraciones del secretario de Estado en una reciente entrevista parecen animar la posibilidad de una negociación continuamente postergada
Enero de 2022. El Ministerio de Educación y FP por aquel entonces, in extremis, presenta un documento con 24 medidas para la renovación de la profesión docente. Propuestas que suponen, o esa es la idea, los cimientos de la negociación con los sindicatos de la enseñanza para la aprobación, en algún momento del futuro, de lo que podría llamarse Estatuto Docente. En aquel momento, nadie en el departamento de Pilar Alegría lo llama así, ni quiere darle esa forma tampoco. Se plantean, incluso, la posibilidad de que sea un conjunto de cambios legislativos sueltos.
La situación viene derivada de la aprobación de la Lomloe, en cuyo articulado se incluye la obligación autoimpuesta de publicar este texto para su puesta en marcha. Una especie de regalo trampa que, después de tres años, sigue en la mesa sin demasiados visos de cambio.
Fuentes del Ministerio de Educación aseguran que la mesa de negociación que hace unos días los sindicatos reclamaban a la ministra Alegría por carta en el registro, llegará pronto, «en unas pocas semanas». Efectivamente no parece mucho tiempo si se mira hacia atrás, comparado con la espera previa, pero no ha caído demasiado bien entre unas centrales sindicales que no confían demasiado en lo que escuchan o leen.
«Es reírse de nosotros», dice un pesimista Mario Gutiérrez, presidente de CSIF Enseñanza. Este responsable sindical señala que «no podemos darle 100 días» al nuevo secretario de Estado, Abelardo de la Rosa, puesto que llevan seis años desde el comienzo del Gobierno en coalición del PSOE, primero con Podemos y después con Sumar. «Estamos con una negociación fracasada», sentencia
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, lo plantea con más sutileza. «Es una buena noticia» que el De la Rosa haya puesto la negociación sobre la mesa «pero tenemos que pasar de las musas al teatro», asegura. Hay cuestiones importantes en juego, como la equiparación de todo el profesorado al grupo A1 por el que CCOO entregó más de 100.000 firmas hace unos días. «Estamos en tiempo de descuento», continúa, teniendo en cuenta que la Lomloe establecía un año para tener el documento sobre el que construir una nueva carrera docente.
La legislatura del profesorado
Con estas palabras, Pilar Alegría, ministra de Educación, se pronunció en una intervención en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputado hace ya casi un año. Hasta la fecha, como recuerda García, se han aprobado tres leyes educativas (la Lomloe, la ley de formación profesional y la de enseñanzas artísticas), pero el profesorado sigue esperando.
Maribel Loranca, secretaria general de Educación en la FeSP-UGT se muestra cauta. Ella era la responsable de Pública en la entonces histórica FETE-UGT cuando en 2007, a punto de firmar el Estatuto Docente más cercano a cerrarse, todo se vino abajo.
Desde entonces, no ha habido nunca un documento relativo a la profesión docente que tuviera visos siquiera de ser negociado. Entre otras cosas, por culpa de la crisis económica de 2008 y los recortes posteriores.
En cualquier caso, para Loranca, hay mucha «inconcreción cuando se habla de profesorado y de su reconocimiento social». Para ella es complicado que existan medidas relativas a este reconocimiento de la labor docente que no tengan que ver, también, con el salario. Pero es que, si se piensa también en hacer algo con las ratios, lleva aparejado un coste económico que puede ser más o menos importante.
«Las buenas palabras las conocemos», dice Ramón Izquierdo, responsable de Acción Sindical de ANPE. «Pero hay que ponerse. Somos Escépticos», asegura. Sobre todo después de haber postergado dos fechas de negociación sindical y de que el Ministerio llevara al CEE las modificaciones en el procedimiento del concurso de traslados de ámbito estatal sin negociar con los sindicatos.
Ratios y horas lectivas
Los sindicatos tienen claro que ya es la hora de negociar y que hay cuestiones muy importantes que deben ser revisadas. Ratios y salarios, además de carrera, parecen las más urgentes. Todas ellas, de una manera u otra, han de ser caras.
Loranca señala el hecho de que desde la UGT se trabaja para la reducción de la jornada laboral hasta llegar a las 32 horas semanales. Esto aplicaría también al profesorado, del que espera que tuvieran 18 horas lectivas para primaria y 15 para secundaria. Obviamente, habría que contratar a más docentes para cubrir las nuevas necesidades de trabajo. «Cuando uno marca objetivos ambiciosos en la ley, que podemos compartir en menor o mayor medida, como la atención personalizada del alumnado, la innovación educativa o la atención individualizada a las familias, de algún sitio tienen que salir esas horas», explica.
Para Ramón Izquierdo una cosa es clara. El Ministerio debería de fijar unas ratios máximas y no dejar esta decisión en manos de las comunidades autónomas. Algo en lo que también incide Mario Gutiérrez, que reclama que se vuelva a la situación previa a los recortes del PP, cuando las ratios máximas fueron modificadas para hacer desaparecer miles de puestos de trabajo interinos. «No queremos que (el Ministerio) recomiende, sino que mandate» esta ratios, insiste izquierdo.
Las ratios es otro de los elementos clave en el futuro de la negociación. ANPE y CSIF coinciden en señalar que las actuales están fijadas desde el año 90 y el alumnado de entonces y el de ahora no tiene nada que ver. A lo que se suma que la propia Lomloe apuesta por un trabajo más individualizado en el aula, lo que requeriría una modificación de la ratio para hacerlo con garantías.
En cualquier caso, todo el mundo coincide en la necesidad de una inversión de la que no se habla, para reducir las ratios y mejorar los horarios docentes. Sin más dinero no parece que puedan llevarse a cabo algunas de las medidas anunciadas por el propio secretario de Estado en prensa.
Negociaciones que no llegan
Diferentes fuentes sindicales coinciden al explicar que el Ministerio no está haciendo lo posible para negociar. De hecho, recuerdan que en el mes de julio tenían previsto negociar con Educación un posible calendario para empezar a hablar de las 24 medidas.
En julio esa reunión se canceló y se postergó hasta el mes de septiembre. Septiembre llegó y dio paso a octubre y, hoy día, el Ministerio habla de «algunas semanas» para comenzar la negociación.
Admiten, eso sí, que el nuevo secretario de Estado fue nombrado a finales de agosto y que hasta la fecha ha habido reuniones bilaterales con los representantes sindicales, así como con el Consejo Escolare del Estado, en las que se han avanzado ya algunas cuestiones relativas a la futura negociación.
A pesar de todo ello, el escepticismo es la tónica general entre las centrales sindicales. Aunque semanas no suena a mucho, «esperamos que sea menos que semanas, expone Francisco García, el profesorado lo merece».
