La actual multicrisis en la Universidad de Antioquia donde el desfinanciamiento ascendía a $348.095 millones para el 2023 por aportes de la Ley 30; así como las crisis que hemos visto este año en la Universidad Nacional, en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, entre otras situaciones críticas en las demás Instituciones de Educación Superior (IES) nos han puesto a preguntarnos, respecto a la lucha por nuestro derecho a tener educación superior pública de calidad: ¿qué camino debemos seguir y cómo debemos organizarnos?
En primer lugar, debemos tener en cuenta que los problemas de la educación superior pública, principalmente por su financiación, no son de hoy y vienen acumulándose desde hace décadas y hoy están estallando en varias IES. Estos problemas vienen primordialmente de las limitaciones de la Ley 30 de 1992 «por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior», principalmente en lo que tiene que ver con la financiación de las IES y en general de las 33 Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (TTU), que ha pasado por más de 6 reformas a lo largo de los años y ahora desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se ha pretendido también reformar, supuestamente, a favor de las exigencias que históricamente hemos hecho las y los estudiantes. Por ejemplo, la exigencia de reformar los artículos 86 y 87 de esa Ley para que la financiación de la educación se haga basada en el Índice de Costos de la Educación Superior y no con el IPC como ocurre actualmente y que además cubra la financiación de todas las instituciones que pertenecen al TTU como las instituciones técnicas, por ejemplo.
Hemos visto claramente que el reformismo del gobierno se ha quedado corto para cumplirle a los estudiantes entre los que se encuentran los 920.936 que se matricularon en instituciones públicas este año, como se reflejó en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES) realizado en septiembre del año pasado en la Universidad de Antioquia, y la crisis actual de esta misma universidad, situaciones puntuales en las que se ha evidenciado la diferencia de intereses del Pacto Histórico y su gobierno con los intereses del estudiantado, quienes nos hemos dado cuenta de que el reformismo no ha servido ni históricamente ni ahora para solucionar nuestros problemas, pues al final el Estado, gobierne la «izquierda» o la derecha, sirve a los intereses de los capitalistas, que siempre van a querer mantener la educación como su negocio.
Es por esto que ante la crisis cada vez más demostrada de la educación superior en nuestro país, debemos seguir el camino de lucha colectiva en las calles, manteniendo la presión social a los gobiernos locales, departamentales y nacional; protestando constantemente por nuestro derecho, parando si es necesario y yendo hasta la acción directa si así nos empuja el contexto, pues las vías del reformismo se han visto histórica y actualmente agotadas e inservibles, y solo será manifestándonos desde los salones hasta las calles que haremos que ellos nos escuchen y entiendan que no nos vamos a rendir hasta que nuestras exigencias se cumplan.
Cabe aclarar que las negociaciones entabladas entre instituciones educativas y los gobiernos locales son importantes para el movimiento estudiantil en cuestión de los aportes que desde los organismos públicos de diferente orden se han enviado o planean enviar a las IES, lo cual es una exigencia fundamental por la que hemos luchado. Y así de fundamental también debe ser nuestra forma de organizarnos, en Asambleas Populares de las IES, que sean independientes del gobierno del Pacto Histórico, con apoyo recíproco entre colectividades y organizaciones revolucionarias, participando en la importantísima alianza con las luchas de la clase trabajadora en general y el campesinado. Nuestros derechos los conquistamos en la calle.
