Finalizando el mes de agosto, la olla a presión de la crisis de la educación pública en Cali dio las primeras muestras de que pronto va a estallar. Nuevamente la juventud, los estudiantes de la Institución Educativa Eustaquio Palacios, fueron los primeros que salieron a hacerle frente a un problema que se extiende por la ciudad. El anuncio de fusión de grupos y la consecuente liberación (que es lo mismo que despedirlos) de 11 docentes, además de los problemas de infraestructura de la institución prendieron las alarmas de los jóvenes ante las consecuencias de estas medidas en su formación.
Los jóvenes estudiantes optaron por el único camino que le queda a la clase obrera: el paro, la huelga… la toma. Organizados con la solidaridad de la comunidad se tomaron la sede central del colegio y desde allí exigieron la presencia de la Secretaría y el Ministerio de Educación para que atendieran sus demandas. En particular, los jóvenes denunciaban que mientras se perjudica su educación con la fusión de grupos y la liberación de docentes, la Secretaría de Educación mantiene contratos con colegios de cobertura en la misma comuna demostrando que para ellos, la educación del pueblo solo es un negocio.
Aunque desde junio esta situación podría haber estallado con la asamblea de estudiantes de la Institución Educativa General Francisco de Paula Santander, que se oponía también a la fusión de grupos, la Secretaría de Educación con su demagogia evitó que optaran por las vías de hecho. Sin embargo, las acciones de lucha de la juventud hacen que la crisis de la educación pública en Cali deje de ser un rumor y se vuelva una realidad sentida en cada aula en mal estado, en cada grupo fusionado, en cada docente sobrecargado o liberado.
Lo que atraviesan instituciones históricas como el Eustaquio Palacios, el INEM, el Politécnico o el Antonio José Camacho no son problemas aislados, sino síntomas de una política consciente del Estado burgués: desmantelar la educación oficial para favorecer el negocio privado de la llamada «cobertura contratada».
La cobertura contratada nació como una supuesta solución para garantizar cupos educativos donde la infraestructura oficial no alcanzaba. Pero en la práctica sirve como una válvula de saqueo: los recursos que deberían invertirse en fortalecer las instituciones oficiales son desviados hacia colegios privados contratados, muchos de ellos sin condiciones dignas para estudiantes ni docentes. Para el periodo 2022 a 2024 la Secretaría de Educación contrataba con 122 corporaciones y fundaciones con las cuales engorda las cuentas de contratistas y burócratas aliados a los concejales y politiqueros de turno.
El resultado está a la vista: mientras los representantes de los capitalistas en la Alcaldía de Cali hacen negocios con la educación sirviendo a más de 120 colegios de cobertura, la educación pública y las 92 IEO y sus 339 sedes se vacían poco a poco. Mientras se reducen matrículas en colegios oficiales, la cobertura contratada se sigue alimentando, creando un círculo vicioso: menos estudiantes en lo público, menos recursos, más fusiones de grupos, más docentes liberados, menos condiciones e infraestructura para lo público…y más argumentos para entregar recursos a los privados.
Como lo denunciaron los jóvenes, la I.E. Eustaquio Palacios, que durante décadas formó a miles de hijos de la clase obrera en Cali, hoy se encuentran en terribles condiciones físicas, con aulas inundadas y techos que se caen a pedazos. El INEM, con sus casi 65 mil metros cuadrados, apenas subsiste con 2.300 estudiantes cuando antes llegó a reunir a más de 4.000 jóvenes proletarios. En el Politécnico y el Antonio José Camacho la situación no es diferente: abandono total, reducción progresiva de la matrícula y docentes sometidos a condiciones indignas.
Estos ejemplos no son simples fallas de gestión, sino la consecuencia de décadas de una persistente política antipopular de la Alcaldía y la Secretaría de Educación: dejar morir a las instituciones oficiales, deteriorarlas a propósito y justificar su reemplazo por el negocio privado de la cobertura.
El Decreto 3020 de 2002 que establece los parámetros para la relación alumno-docente y las aulas (relaciones técnicas), que define el número de docentes de acuerdo con la matrícula, se ha convertido en un arma del Estado contra la educación pública. Si un colegio tiene «pocos» estudiantes por aula, en lugar de fortalecerlo, se fusionan grupos para cumplir la norma. Así, se «liberan» o «reubican docentes», se sobrecargan aulas con 34, 40 o más estudiantes y se sacrifica aún más la calidad educativa en nombre de la «eficiencia».
Con esto, el Estado burgués responde a su lógica capitalista: la escuela no es un espacio de formación integral para el pueblo, sino, al fin y al cabo, una fábrica de mano de obra barata, donde lo importante es reducir el gasto y garantizar los ritmos de explotación de la juventud trabajadora.
A esta trampa se suma otro argumento que se repite como justificación: la cantidad de matrículas bajan porque la natalidad disminuye. Con este discurso se infunde miedo en los docentes con la amenaza de que ante la reducción de estudiantes llegará el momento en que pueda perder su trabajo y así mismo se le traslada la culpa a las mujeres que deciden planificar, no tener hijos o abortar. Pero la realidad es otra: la baja natalidad no es causa, sino síntoma de la crisis del capitalismo.
La miseria generalizada, el desempleo, los salarios de hambre, la carestía de la vida y la falta de vivienda hacen que las familias obreras no puedan sostener más hijos. No es solo una «decisión moderna y voluntaria», sino, una imposición de las condiciones de explotación que vivimos. Este fenómeno mundial refleja la putrefacción del sistema, no la «irresponsabilidad» de las mujeres.
Si los recursos que hoy se desvían hacia los colegios privados se invirtieran en las instituciones oficiales, Cali tendría capacidad suficiente para garantizar los cupos de todos los niños y jóvenes. Pero en lugar de destinar los recursos a mejorar la infraestructura, dotar aulas con tecnología, asegurar alimentación escolar nutritiva y contratar más docentes, se prefiere sostener a fundaciones privadas y politiqueros que hacen de la educación un botín.
La solución inmediata pasa por quitarle el negocio a los privados y obligar al Estado a invertir en la recuperación, mejoramiento y construcción de instituciones oficiales. Esto implica además una reducción real de estudiantes por aula, pasando de los 34 o más actuales a un máximo de 18-20, como exigen las condiciones actuales de la sociedad. Esto además de favorecer la calidad de la educación puede aliviar en parte las precarias condiciones que viven los docentes en el sector privado.
Los docentes de cobertura son un ejemplo doloroso de la superexplotación: con salarios de hambre, jornadas que van de 6:30 a.m. a 6:00 p.m., sin estabilidad laboral y con doble carga pedagógica, son mano de obra barata. Mientras tanto, la planta docente oficial se reduce y se precariza, descargando sobre cada maestro un peso imposible de sostener, llevando a unos y a otros a ver su salud afectada con innumerables padecimientos de tipo psicosocial y nervioso como consecuencia del estrés laboral crónico, la sobrecarga mental y las demandas emocionales de la profesión; enfermedades del aparato fonador por tratarse de la principal herramienta de trabajo y su uso continuo y forzado en ambientes generalmente ruidosos; enfermedades musculoesqueléticas relacionadas con las posturas mantenidas, el movimiento y el mobiliario escolar a menudo inadecuado. Es por eso por lo que la defensa de la educación pública es inseparable de la defensa de los derechos laborales de los docentes. No hay educación integral y liberadora posible si el maestro vive explotado y precarizado.
Pero compañeros y compañeras, no basta con denunciar ni con exigir reformas. Mientras la estructura del Estado burgués siga en pie, cualquier aumento de presupuesto será desviado para enriquecer a los capitalistas. Y mientras el movimiento sindical siga en manos de las burocracias conciliadoras, cada lucha terminará en acuerdos que no transforman nada.
Por eso, la tarea inmediata del magisterio revolucionario en Cali y en toda Colombia es reestructurar el movimiento sindical. Recuperar la independencia de clase, derrotar las prácticas de concertación y conciliación, y volver a forjar en las masas magisteriales la confianza en la lucha directa, el paro y la huelga.
Solo un movimiento sindical reestructurado, independiente y revolucionario podrá arrancar al Estado concesiones reales (infraestructura, presupuesto, reducción de relaciones técnicas) y, al mismo tiempo, preparar el camino para que el pueblo organizado construya el poder popular que ponga la educación en manos de sus verdaderos dueños: los trabajadores de la educación, los estudiantes, las familias proletarias y el pueblo en general.
¡La cobertura contratada es privatización, para la educación pública exigimos financiación!
¡Contra la privatización y la precarización, acabar con la cobertura contratada!
¡En las IE oficiales está la solución: no más cobertura contratada ni privatización!
¡Arriba la educación pública, gratuita y popular!
¡Abajo la cobertura contratada que vive de superexplotar!
¡Por la defensa de la educación pública, gratuita y al servicio del pueblo, adelante con la reestructuración del movimiento sindical!
