Hace unas semanas, convocadas por los sindicatos y la Plataforma per l’ensenyament públic, en el caso del País Valencià, tenían lugar importantes movilizaciones del sector de la enseñanza (no universitaria, N.U. en adelante) en esa comunidad, en Andalucía y en Madrid. Expresaban la situación de la educación en esas comunidades y el malestar de los trabajadores, y suponen una importante contribución al movimiento popular que es necesario levantar. Sus objetivos generales son defender la educación pública y mejorar las condiciones laborales.
Se convocaba el 14 de mayo, en el caso de la segunda, una huelga general docente y manifestaciones en todas las capitales de provincia en torno a estas reivindicaciones: 1) “Bajada de la ratio en todos los niveles y enseñanzas” y, por tanto, “el aumento de las plantillas docentes”; 2) “Terminar con la política de supresión de aulas en la escuela pública”; 3) “Mejora de la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable”; 4) “Reducción del horario lectivo docente”; 5) “Reducción de la carga burocrática, para poder dedicarnos a lo más importante: la educación de nuestras alumnas y alumnos” (web CCOO Enseñanza Andalucía).
En Madrid, llevan varias semanas movilizándose: el pasado 22 de abril, concentración ante la Consejería de Educación y el 8 y 21 de mayo, huelga general docente y manifestación “Por el profesorado, por la educación pública”. Las exigencias son: 1) “Reducción del horario lectivo”; 2) “Equiparación salarial”; 3) “Reducción de ratios”; 4) “Cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad”; 5) “Plan de choque contra la burocracia” (web CCOO Enseñanza Madrid).
En el P. Valencià tuvo lugar una huelga el 23 de mayo y manifestaciones en las capitales, precedidas por concentraciones en las puertas de los centros durante las dos semanas anteriores. Se respondía así a las medidas de agresión del nuevo Gobierno PP-Vox: “cierre de más de 200 aulas en todo el País Valenciano, lo que anuncia un inicio de curso con grupos masificados”; Abandono del “Pla Edificant de construcción de centros (…), que pone en riesgo 341 obras de escuelas en 178 municipios”; recuperación del ““distrito único”, la medida estrella de todo programa neoliberal, dirigida a incrementar la segregación escolar”; a lo que se añade “la reaccionaria ley de «libertad educativa» [que] erosiona la ya precaria situación del valenciano en la Comunitat” (“23-M: ¡La educación valenciana, a la huelga!”, en pceml.info).
Las reivindicaciones de los docentes, sindicatos y madres y padres madrileños, andaluces y valencianos son prácticamente las mismas porque, básicamente, los problemas son los mismos, lo que se puede generalizar para el conjunto de España (pueden ser más lacerantes según territorios y tener algunos propios por sus peculiaridades) a pesar de que las comunidades tienen competencias políticas en materia educativa: faltan trabajadores en los centros educativos (no solo docentes, también personal de limpieza, administrativos, etc.); hacinamiento y ratios altas (algunas sobrepasan la legalidad); gran desajuste entre la oferta y la demanda de plazas en los centros de FP (lo que alimenta su privatización); se pierden/cierran líneas/unidades/aulas en la educación pública mientras aumentan en la privada-concertada; conversión de muchos centros en guetos por las políticas educativas (distrito único,…); falta de espacios y centros; de democracia en ellos,…
En el Informe de inicio de curso 23-24 de la Federación de Enseñanza de CCOO podemos leer: “El alumnado de Infantil y Primaria está reduciéndose de manera similar en la red pública y en la privada-concertada, pero la primera pierde unidades y la segunda no. Se están protegiendo los intereses de la gestión privada y perjudicando a la pública”. Así, “Desde el curso 2017-2018, el alumnado ha disminuido en las dos redes de forma similar: -202.094 estudiantes (un -7,06%) en la pública y -102.265 (un -7,45%) en la privada-concertada, mientras las unidades han bajado -3.490 (un -2,51%%) en la primera y solo -72 (un -0,13%) en la segunda red. Estos números son muy impactantes y aún lo son más si nos fijamos únicamente en la etapa de Primaria donde el alumnado baja -109.563 (un -5,48%) en pública y -49.725 (un -5,24%) en privada-concertada, pero las unidades se reducen -2.081 (un -2,18%) en la primera y suben +201 (un +0,52%) en la segunda”.
La enseñanza privada-concertada (N.U.) ha ido progresivamente ganando terreno a la pública desde sus orígenes. Así, la evolución del número de alumnos en centros públicos y en centros privados (privados + concertados) ha ido en detrimento de los primeros:
C. Públicos: 1996: 69,5%; 2001: 67,4%; 2008: 67,3%; 2012:68,1%; 2021: 67%; 2022: 66,8%.
C. Privados: 1996: 30,5%; 2001: 32,6%; 2008: 32,7%; 2012 (crisis 2008): 31,9%; 2021=33%; 2022: 33.2%. (Fuente: Mº Educación).
Esta grave problemática, expuesta con pinceladas gruesas, se viene arrastrando durante décadas y en los últimos años se ha visto agudizada, lo que lleva a ese sindicato a hacer al gobierno propuestas de mejoras (enero de 2024) no coyunturales, sino (a su juicio) estructurales: “Que todo el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje (…) cuenten doble a efectos de ratio”. Para ello “se necesitan 34.717 docentes más, con un coste aproximado de 1.458 millones de euros”; “Que el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje también esté asociado a recursos especialistas adicionales”, requiriéndose un incremento de “21.177 efectivos, con un coste aproximado de 889 millones de euros; “Incrementar el número de profesionales de la red de Orientación”, haciendo “falta 10.026 profesionales adicionales, con un coste aproximado de 421 millones de euros. Aclaran que puesto que “el 90% de la inversión educativa depende de los presupuestos de las autonomías”, “el Gobierno debe legislar,…, para asegurar estas medidas en todo el territorio”.
Según el citado informe, “El total en el que deberían aumentarse las plantillas docentes a nivel estatal sería, por tanto, de unos 84.915”. Entrando aquí la dotación “a todos los centros con personal de enfermería” (28.493 efectivos). “La inversión necesaria” supondría “una subida del 7,41% sobre el total de presupuesto educativo, un 0,70% sobre el gasto público total y un 0,33% del PIB de 2022”. ¡Ahí es nada! El aumento de los problemas y necesidades del alumnado en los últimos años, debido a la Covid, al empeoramiento de las condiciones de vida de las familias trabajadoras,…, fundamentan más esta propuesta.
En el caso concreto de la F.P., donde ya ha aterrizado el capital especulativo para sacar tajada, la privatización es especialmente sangrante. El artículo “La formación profesional, el nuevo nicho de mercado de la educación privada” (eldiario.es, 28/02/22) tenía un subtítulo esclarecedor: “La gran demanda de plazas junto a la insuficiente respuesta pública de las comunidades dispara el alumnado que acude a centros privados en una vía formativa que empieza a atraer la atención de los fondos de inversión”. Más adelante señalaba que “Desde 2012, el ascenso del sector es constante: ha pasado en conjunto (entre los grados medios y los superiores) de matricular al 23,5% de los estudiantes de esta vía formativa a un 30,3% en el curso 2019-20”. Así, “los estudiantes de centros particulares de FP [privada] se han duplicado en diez años (de 120.000 a más de 240.000) [aumento del 105 %] mientras los de la pública han pasado de 400.000 a 568.000 [aumento del 43%]”.
Del sistema universitario solo aportaremos algunos datos que nos ayuden a hacernos una idea más cabal del conjunto de la educación en España y de la marcada tendencia a su privatización, en todas las etapas: “el número de universidades ha crecido exponencialmente. Desde las 16 que existían en 1997 a las 41 que están actualmente inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Titulaciones (RUCT), habrá que añadir las ya autorizadas y pendiente de inscripción”. Así, “Mientras que en el curso 2000-2001, menos de un 10% del total de los estudiantes universitarios estaban matriculados en universidades privadas, en el curso 2020-2021, dicho porcentaje superaba el 20%. Dicha tendencia es más manifiesta en los estudios de máster oficial (…); en este caso, el peso relativo de las universidades privadas en el total de matriculados en el máster oficial era de alrededor del 44%”. Téngase en cuenta que “el precio de la matrícula de grado en las universidades privadas multiplica por 5,8 el de las universidades públicas [ya de por sí, caro] y por 4,5 el precio de los estudios de máster”. (“El creciente protagonismo del sistema universitario privado en España”, 7/12/23, en www.universidadsi.es). La falta de oferta educativa en la universidad pública empuja a gran número de alumnos a la privada y a los máster privados (necesarios para ejercer una profesión), en el caso de que las familias trabajadoras, sacrificándose, puedan soportar esa gran carga; para aquellas que no pueden, bien sus hijos no acceden al sistema universitario (o realizan estudios no preferenciales), bien, una vez dentro, son expulsados de él. “(…) el 33,2% de los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2015-16 abandonaron el grado, (…). Sin embargo, hay que matizar esta cifra. El 12,4% de los estudiantes emprenden estudios en otro grado, es decir cambia de grado, con lo que el abandono definitivo del sistema universitario a nivel de grado es del 20,8%…”. Este abandono, como no podía ser de otra forma, “afecta más a los estudiantes de familias con menor nivel socioeconómico y cultural” (M. Fernández Mellizo, “Análisis del abandono de los estudiantes de grado en las universidades presenciales en España”, marzo 2022, Ministerio de Universidades).
A nadie se le escapa que estas carencias y problemáticas de la educación pública en España no caen del cielo, sino que responden a diversos motivos que se entrelazan y retroalimentan. Algunos: La grave falta de financiación e inversión a/en la educación pública, las políticas autonómicas (especialmente del PP y PP-Vox) contra la educación pública, el sistema de conciertos y la apuesta de las políticas estatales (más allá de gobiernos autonómicos) por la privatización de la enseñanza. Se la ha convertido en un nicho de negocio, respaldado por la fuerza pujante de su concepción como una mercancía más. La venalidad, que en el capitalismo no tiene límites, en los últimos años ha llegado con ímpetu al sistema educativo. El fondo ideológico, político y económico es claro. De ello hablaremos en las siguientes entregas.
