Equipo Diario Internacional
Con el camino libre, luego del aplastamiento de la protesta social y la solidificación de su alianza de gobierno, la presidenta peruana Dina Boluarte se abocó a facilitar la agenda que, desde hace tiempo, tenía el Congreso: desregular el sector ambiental con el objetivo de favorecer a los grandes intereses económicos, principalmente aquellos relacionados con la explotación minera y agroindustrial.
La reciente modificación de la Ley Forestal en Perú (1) ha provocado indignación a nivel nacional e internacional, evidenciando una vez más la voracidad capitalista que busca arrasar con los pulmones del planeta en beneficio de las grandes empresas. Esta revisión legislativa es un golpe mortal al medio ambiente y la conservación de los bosques, así como a los grupos humanos que viven en los entornos naturales afectados, al abrir las puertas de par en par a la depredación desenfrenada en nombre del falaz desarrollo capitalista.
En primer lugar, la modificación permite la concesión de títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas que están en proceso de reconocimiento, titulación o ampliación de comunidades campesinas y nativas. Esta vaguedad en los límites legales no solo es un abuso de poder, sino también una sentencia de muerte para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región amazónica.
En segundo lugar, la nueva ley incrementa considerablemente el riesgo para los bosques amazónicos, su fauna y las comunidades que dependen de ellos. Al debilitar los esfuerzos de conservación, compromete seriamente la lucha contra el cambio climático y pone en peligro los frágiles ecosistemas de la región (3).
La falta de salvaguardias para proteger los bosques y garantizar su uso sostenible facilita la explotación capitalista sin escrúpulos de los recursos naturales, lo que tiene consecuencias catastróficas para el medio ambiente y las comunidades locales. Esto permite que las grandes empresas, tanto nacionales como internacionales, escapen impunes de la devastación ambiental, priorizando las ganancias sobre la vida misma y atacando los múltiples esfuerzos por combatir la deforestación y promover prácticas sostenibles en el sector forestal.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), que representa al sector empresarial de mayor poder económico en Perú, ejerció presión al Congreso para que se aprobara esta ley. Los argumentos de la CONFIEP eran que, si no se aprobaba la ley, se atentaría “contra el derecho al trabajo y se espantaría la inversión”. Además, once asociaciones empresariales —entre ellas la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Exportadores (Adex) y la Junta Nacional del Café (JNC)— “exhortaron” al Legislativo, a través de un pronunciamiento público, a aprobar la ley de deforestación de la Amazonía.
El Gobierno Regional de San Martín, así como el Colegio de Sociólogos del Perú, han presentado sendas demandas contra la norma ante el Tribunal Constitucional. Incluso hay una demanda constitucional contra Waldemar Cerrón, como segundo vicepresidente del Congreso, por haber firmado la aprobación de dicha ley.
Esta norma que promueve la deforestación de la Amazonía es una evidencia más del carácter reaccionario e impopular del gobierno de Boluarte que sirve a los intereses de los grandes grupos empresariales. Lo que le queda al pueblo peruano es protestar, levantarse contra esta ley que va fomentar la deforestación, la destrucción de ecosistemas amazónicas, de su fauna y flora y la profundización del sistema extractivista en el Perú.
Notas
(1) https://sinia.minam.gob.pe/sites/de…
(2) https://es.mongabay.com/2024/06/gob…
(3) https://www.infobae.com/peru/2023/1…
Fuente: Eldiariointernacional.com
