
Las leyes prêt-à-porter, es decir, «hechas a la medida del consumidor» muestran hasta qué punto los intereses privados dictan el rumbo de lo público”
Una red de favores entre empresas y políticos convirtió las decisiones públicas en negocio privado. El caso del exministro Montoro revela cómo el poder económico coloniza el poder político en una democracia que cada vez parece menos de todos. Nuestro colaborador Máximo Relti desentraña didácticamente en qué consistían los vínculos entretejidos entre las grandes empresas energéticas españolas y el aparato del Estado. Una relación “familiar” que lejos de ser una “novedad” se remonta a muchas décadas atrás.
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Desde hace algunos días el nombre de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy, ocupa destacados titulares en la casi totalidad de los medios de comunicación españoles .
Ello no sucede, sin embargo, por una propuesta fiscal, ni por algún tipo de aparición académica. En esta ocasión, Montoro es noticia por haber sido llevado ante los tribunales para las acusaciones explícitas de haber tejido, desde su antiguo despacho de abogados —llamado «Equipo Económico»—, una red de relaciones donde las leyes no se discutían por el interés general, sino que eran cocinadas a gusto de los grandes monopolios energéticos. Literalmente, leyes «prêt-à-porter»: es decir, hechas a medida para las empresas eléctricas y gasistas.
Los hechos que conocemos han sido revelados a través de una investigación judicial iniciada en 2018 y mantenida nada menos que durante siete años bajo secreto de sumario.
“Lo que escandaliza del caso Montoro no es solo que un ministro haya favorecido a empresas, sino que lo haya hecho desde un despacho fundado por él mismo.”
Según distintos medios, como El País y eldiario.es, el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha imputado a Montoro y a otros ex altos cargos de su Ministerio por delitos como cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y algunos otros más.
Pero, ¿qué significa todo esto para alguien que no se mueve habitualmente en los pasillos de la política o del derecho?

Significa ni más ni menos que lo siguiente: durante años, mientras el Ministerio de Hacienda recortaba servicios públicos y exigía sacrificios a la población, ofrecían simultáneamente favores legislativos a cambio de dinero.
– ¿Quién pagaba? Grandes empresas eléctricas, gasistas y compañías de energías renovables.
– ¿Quién recibía? El despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro antes de ser ministro y retomado después, de acuerdo con lo que expresa el auto de instrucción.
– ¿A cambio de qué se obtenían los pagos? A cambio de redactar normas legales —o influir directamente en las decisiones del gobierno— que beneficiaban a esas empresas.
La documentación recogida por la Guardia Civil incluye hasta 31 correos electrónicos, actas de reuniones y transferencias económicas, en los que se observa un patrón común y claro: los pagos coincidían temporalmente con el impulso de reformas fiscales y normativas favorables a esas empresas.
LEYES «PRET A PORTER»: CÓMO FUNCIONABA LA TRAMA
Imagine por un momento el lector que una empresa desea pagar menos impuestos o recibir subvenciones. Se nos dice y reitera que, en una «democracia saludable», lo lógico sería que esa empresa argumentara su caso públicamente, a través de debates parlamentarios, evaluaciones técnicas, o defendiendo su punto de vista en los medios.
Pero aquí no ocurrió eso. Lo que hicieron estas empresas fue ir directamente «al taller», como quien se manda a hacer un traje a medida. Solo que el sastre no era un diseñador, sino un despacho de abogados con vínculos directísimos con el Ministerio de Hacienda.
Entre 2008 y 2015, el despacho de Montoro recibió la friolera de más de 11 millones de euros por parte de estas compañías. Con ese dinero se redactaban borradores de leyes, se proponían enmiendas y se ejercía presión sobre quienes estaban al frente de Hacienda. Todo quedaba «en casa»: Montoro, aunque legalmente aparecía como desvinculado del bufete durante su mandato como ministro, había dejado allí a antiguos colaboradores, socios y subordinados que seguían funcionando como puente directo con el poder político.
Uno de los casos más llamativos fue la rebaja fiscal aplicada al sector gasista. Esta rebaja se aprobó, según consta en documentos oficiales de la Agencia Tributaria, en contra del criterio de los técnicos del Ministerio. ¿Por qué hacerlo, entonces? Porque esa reforma fiscal coincidía con pagos al despacho «Equipo Económico».
Y no estamos hablando solo de beneficios fiscales. También hubo «reformas normativas», «subvenciones públicas» e incluso «cambios en la estructura del mercado energético» que favorecieron a determinados actores privados. Es lo que los investigadores han descrito como un «intercambio de favores encubierto bajo la apariencia de legalidad». No se entregaban «sobres en cafeterías», como en otros conocidos casos de corrupción, pero el efecto era el mismo: el interés privado moldeaba las decisiones públicas.
Es importante subrayar algo: muchas de estas acciones se produjeron mientras se justificaban recortes en Sanidad, Educación y pensiones con el argumento de que «no había dinero». Mientras tanto, se facilitaban ventajas fiscales millonarias a las grandes empresas, muchas de las cuales acababan derivando fondos a paraísos fiscales o a filiales en el extranjero.
La Guardia Civil ha rastreado presuntos desvíos de fondos a más de una docena de países, a través de sociedades opacas controladas por socios del despacho.
En resumen, el “caso Montoro” no es simplemente la crónica de un simple «abuso de poder». Es también la puesta en marcha de un modelo político donde los que tienen más dinero pueden comprar decisiones públicas. Un modelo que nos afecta a todos, porque convierte al Estado en un prestador de servicios VIP para grandes empresas, mientras la mayoría solo puede esperar a que las decisiones “nos caigan” desde arriba.
NO ES UN «CASO AISLADO»: ES UNA HISTORIA LARGA DE PODER Y PRIVILEGIOS
Para entender lo que representa este escándalo, hay que alejarse un poco del presente y mirar hacia atrás. Porque el caso Montoro no es una excepción ni una “manzana podrida”, como frecuentemente suele decirse cuando estalla un caso de corrupción. Se trata, más bien, de un patrón que se repite en la historia de España, en el que las élites económicas han sabido colonizar los espacios del poder político para blindar sus privilegios.
Un artículo recientemente publicado en este mismo digital, titulado “De Santos Cerdán a Cristóbal Montoro”, lo expresa de forma taxativa: la corrupción en España no comenzó con la democracia ni con el franquismo, sino que es un componente estructural del sistema político. Es decir, que durante décadas y decadas los intereses de los grandes capitales han estado siempre en el corazón de las decisiones de Estado.
Y eso no es casual. En el otro texto de referencia, el libro “Los ricos de Franco”, se explica cómo muchas de las grandes fortunas que dominan la economía española nacieron al calor de la dictadura franquista. Familias como los March, los Banús, los Oriol o los Fierro, entre muchísimas más, se beneficiaron del reparto del botín económico que siguió a la Guerra Civil. Estas familias no solo sobrevivieron al franquismo, también se adaptaron a la democracia y mantuvieron su influencia, convirtiéndose en actores clave en las decisiones económicas del país.
Esto nos permitirá comprender mejor por qué un escándalo como el del exministro Montoro no se produce en el vacío. Ocurre en un ecosistema donde el poder político no se entiende sin su subordinación al poder económico. Lo que escandaliza del caso Montoro no es solo que un ministro haya favorecido a empresas a cambio de dinero. Es que lo haya hecho desde un despacho fundado por él mismo, y con una red de colaboradores que se movía cómodamente entre los dos mundos: el de la administración pública y el de los intereses privados.
Aquí el Estado no funciona como árbitro imparcial – en realidad, nunca lo es- y se convierte en una herramienta moldeada por y para una élite concreta. No hablamos solo de corrupción, sino de un tipo de funcionamiento estructural del sistema en el que las decisiones públicas obedecen a intereses privados.
EL ESTADO COMO NEGOCIO
Y es que, desde el punto de vista histórico y político, el Estado no ha sido nunca un espacio neutral. El Estado es una institución que surge y se mantiene para defender los intereses de la clase hegemónica. Lo que vemos en el caso Montoro es un ejemplo claro de esta función: se utilizan las estructuras del Estado —Ministerios, leyes, reglamentos— no para favorecer el bienestar general, sino para reforzar los beneficios de una minoría que ya es privilegiada.
Este tipo de funcionamiento, ciertamente, no es exclusivo de España, pero en el caso español tiene características históricas muy particulares. Desde la dictadura franquista, las grandes empresas energéticas se han situado en una posición privilegiada respecto al Estado. Durante la dictadura, muchas de estas compañías crecieron enormemente gracias a contratos públicos, privilegios fiscales o concesiones estatales. Y durante la democracia, han sabido mantener esa relación de proximidad con el poder.
El despacho de Montoro fue, según los medios, una pieza clave en ese engranaje. No solo por los servicios que ofrecía, sino porque funcionaba como una especie de oficina paralela desde donde se tejían relaciones, se proponían leyes y se protegían intereses privados desde lo público. El término que usan algunos medios es ilustrativo: «leyes prêt-à-porter», o sea, «hechas por encargo».
Esta forma de entender el Estado como una suerte de tienda de trajes a medida para grandes empresas implica consecuencias graves. Por un lado, deslegitima la democracia, porque los ciudadanos perciben —con razón— que sus intereses no están siendo defendidos. Por otro, debilita las instituciones públicas, que se convierten en piezas de un mecanismo al servicio de los poderosos.
¿QUIÉNES SALEN GANANDO?
En esta trama, todos los caminos llevan al mismo lugar: el beneficio económico para una minoría. Las empresas ganaban porque conseguían leyes que las favorecían —como rebajas fiscales, subvenciones o desregulaciones—. Los políticos y altos funcionarios ganaban porque esas empresas les recompensaban con contratos, pagos y puertas giratorias.
Pero, ¿qué es lo que perdía el resto de la sociedad? Básicamente, todo lo que no se ve en los titulares, pero que se sufre en la vida diaria: servicios públicos deteriorados, impuestos regresivos, tarifas energéticas infladas, y una desconfianza creciente hacia el sistema político.
Este caso nos obliga a hacernos preguntas incómodas: ¿cuántas otras decisiones políticas se han tomado con este mismo mecanismo de fondo? ¿Hasta qué punto los presupuestos públicos están siendo utilizados como herramienta de negocio privado? Y sobre todo, ¿por qué estas prácticas han sido posibles durante tanto tiempo sin que hubiera un escándalo público?
El caso Montoro es, ciertamente, escandaloso por su contenido, pero también por lo que representa: una forma de gobernar al margen del interés público, donde el Estado actúa como una herramienta para reproducir el poder de las grandes empresas. Por ello se trata solo de señalar a unos cuantos responsables. Lo importante sería que el lector lograra entender que esta forma de actuar es coherente con una estructura de poder donde los intereses económicos mandan sobre los políticos.
Por ello, como sociedad, necesitamos más que castigar a los culpables. Necesitamos cambiar las reglas del juego, para que no haya despachos privados escribiendo leyes, ni ministros que después de gobernar acaben cobrando de las empresas que antes regulaban. Y para eso, lo primero es entender que lo que está en juego no es un caso judicial más, sino el modelo mismo de Estado que queremos construir y de auténtica democracia que debemos aspirar a conquistar.
ALGUNAS FUENTES CONSULTADAS
“Anatomía de un amaño del ‘caso Montoro’”, El País
“El despacho del exministro cobró ‘comisiones’ de eléctricas”, HuffPost
“Leyes prêt-à-porter para gasistas y eléctricas”, De Verdad Digital
“La Guardia Civil rastrea el desvío de fondos”, El País
“Montoro impulsó rebajas fiscales contra el criterio técnico”, El País
“Un juez imputa a Montoro por beneficiar ilegalmente a gasistas”, eldiario.es
“De Santos Cerdán a Cristóbal Montoro”, Canarias Semanal
“Los ricos de Franco”, Mariano Sánchez Soler