El precio del alquiler se dispara en Canarias mientras decenas de miles esperan una vivienda protegida. La clase trabajadora es expulsada a los márgenes por un modelo económico que privilegia el turismo y la especulación. ¿Hasta cuándo?
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En Canarias, la vivienda se ha convertido en un privilegio, no en un derecho. Mientras las estadísticas muestran récords turísticos y beneficios empresariales, una realidad oculta asfixia a decenas de miles de familias trabajadoras: no pueden permitirse vivir donde nacieron. La llamada “crisis habitacional” no es una catástrofe natural, sino el resultado previsible de una lógica económica que convierte todo —también el techo— en mercancía.
LA BURBUJA QUE EXPULSA A LOS TRABAJADORES
Según el Observatorio del Alquiler, el precio medio de los arrendamientos en las Islas supera ya los 1.100 euros mensuales. En Las Palmas, cada anuncio de alquiler recibe más de 140 solicitudes. En Santa Cruz de Tenerife, más de 110. Esta presión inmobiliaria no solo desborda el mercado, sino que expulsa a quienes no pueden competir en esta selva de especulación: la clase trabajadora.
El contraste es brutal. Mientras los alquileres suben un 40,2% en tres años, los salarios han caído un 6,8%【web】. Esto no es una coincidencia, sino una consecuencia directa del modelo productivo centrado en el turismo masivo y la precariedad. La vivienda vacacional se impone al alquiler residencial, y la tierra se convierte en una fuente de acumulación para propietarios y fondos inversores, no en un espacio para vivir dignamente.
MÁS DE 30.000 PERSONAS EN LISTA DE ESPERA
La escasez de vivienda protegida es tan grave que más de 30.000 personas están inscritas en el Registro de Demandantes. Hace apenas cinco años eran 17.000. Esta cifra, lejos de descender, se dispara año tras año, reflejo de un sistema incapaz de garantizar el acceso a un bien básico.
A pesar de ello, la construcción pública sigue prácticamente paralizada. En Lanzarote, por ejemplo, no se ha levantado ni una sola vivienda de protección oficial en esta legislatura. El diputado Yoné Caraballo lo resume así: “Lo que hay es dejadez institucional, falta de voluntad política”【web】.
La crisis no solo se mide en estadísticas. Tiene nombres, rostros, cuerpos.
Javier Martín, empresario tinerfeño, lo describe con crudeza: “Tengo empleados que viven en garajes”. Son trabajadores del sector turístico que, pese a tener empleo, no pueden alquilar una vivienda. Algunos duermen en coches. Otros comparten piso con desconocidos por precios abusivos.
Este fenómeno no es puntual. Grandes cadenas como Spring Hoteles, Barceló o Meliá han tenido que comenzar a adquirir o rehabilitar edificios para alojar a su propia plantilla. ¿Por qué? Porque ya no pueden cubrir sus vacantes: nadie puede permitirse trabajar en un lugar donde vivir cuesta más que el sueldo.
LA ACUMULACIÓN PRIVADA CONTRA EL DERECHO COLECTIVO
La raíz del problema es estructural. La vivienda en el capitalismo no se produce para satisfacer necesidades, sino para obtener rentabilidad. Quien posee inmuebles, posee poder. La tierra urbana se convierte en capital ficticio, en objeto de especulación, y el precio de un bien esencial depende del mercado, no de la dignidad humana.
Esta dinámica afecta especialmente a regiones como Canarias, donde el monocultivo turístico ha subordinado toda la estructura económica. La vivienda vacacional, promovida por plataformas digitales y pequeños rentistas, ha vaciado barrios enteros y desplazado a la población local. Se prioriza al turista de paso frente al residente permanente. Se protege la inversión, no la vida.
Frente a esta ofensiva inmobiliaria, la respuesta social ha comenzado a crecer. En 2024, la movilización “Canarias tiene un límite” sacó a decenas de miles de personas a la calle. La consigna era clara: ni un desahucio más, ni una vivienda vacía, ni un hotel más sin trabajadores residentes. Colectivos como la PAH o la Federación Anarquista de Gran Canaria han jugado un papel clave, organizando realojos y denunciando la inacción institucional.
La alternativa no puede venir del mercado. El derecho a la vivienda exige planificación, inversión pública masiva y control efectivo del parque inmobiliario. Requiere poner fin a los privilegios del capital rentista y reconocer, como decía Engels, que la vivienda es una cuestión política y de clase.
