La pieza principal del Caso Soule gira en torno a la gestión de Ángel María Villar al frente de la RFEF
El Caso Soule destapó una compleja trama de corrupción liderada por Ángel María Villar, expresidente de la RFEF, y extendida a federaciones regionales como las de Tenerife y Las Palmas. Este escándalo, con pérdidas millonarias, pone de manifiesto cómo las instituciones deportivas fueron usadas para beneficio personal.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El llamado Caso Soule ha dejado al descubierto una de las tramas de corrupción más graves dentro del fútbol español, afectando directamente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a diversas federaciones regionales. Esta investigación judicial, iniciada en 2017, señala a Ángel María Villar, expresidente de la RFEF, como el principal responsable de un entramado diseñado , presuntamente, para beneficiar a personas de su entorno, entre las que se encuentran su propio hijo, Gorka Villar.
Sin embargo, la trama no alcanza solamente a la cúpula del fútbol nacional. La investigación salpica también a la federación Catalana, la Federación Cántabra, Delegaciones Territoriales Andaluza y Balear de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles (MUPRESFE) y a las federaciones de Tenerife y Las Palmas. En el caso de las federaciones canarias, sus ex presidentes, Juan Antonio Padrón y Antonio Suárez, habrían llevado a cabo, presuntamente, prácticas corruptas que les habrían permitido lucrarse de forma ilícita durante años.
LA RED DE CORRUPCIÓN (PRESUNTAMENTE) LIDERADA POR ÁNGEL MARÍA VILLAR
La pieza principal del Caso Soule gira en torno a la gestión de Ángel María Villar al frente de la RFEF, cargo que ocupó durante casi tres décadas (1988-2017). Según el juez Francisco de Jorge, Villar utilizó su posición para firmar contratos perjudiciales para la Federación con el objetivo de beneficiar económicamente a su hijo Gorka Villar y su empresa Sport Advisers SL.
Entre los mecanismos clave de esta red estaba la organización de partidos amistosos entre la selección española y otras selecciones nacionales, como las de Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia. El juez sostiene que, desde 2009, Gorka Villar habría negociado directamente con las federaciones extranjeras para acordar términos económicos favorables a su empresa, sin relación contractual con la RFEF.
Esto habría generado pérdidas millonarias para la Federación. Por ejemplo, dos amistosos contra Corea del Sur supusieron un perjuicio de 630.000 euros, mientras que otros dos con Chile resultaron en una pérdida de 3,2 millones de euros. Además, los contratos firmados entre Sport Advisers SL y las federaciones extranjeras no solo establecían precios inferiores a los que podía haber obtenido la RFEF, sino que dejaban a esta última con la mayoría de los gastos operativos.
Los investigadores del Caso Soule detallan también la existencia de pagos por servicios ficticios y beneficios otorgados a colaboradores cercanos de Villar, como el pago de indemnizaciones por jubilaciones simuladas. Una de estas irregularidades significó un gasto de 235.443 euros para la Federación, utilizado presuntamente para evitar que una trabajadora cercana al expresidente perdiera derechos económicos.
En conjunto, las prácticas investigadas habrían generado un daño financiero para la RFEF de más de 4,5 millones de euros durante una década.
LAS IMPLICACIONES EN CANARIAS: LOS CASOS DE TENERIFE Y LAS PALMAS
Aunque el núcleo del Caso Soule se encuentra en la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las ramificaciones en las federaciones regionales, particularmente en las de Tenerife y Las Palmas, son igualmente alarmantes. Estas piezas separadas, investigadas por el juez Luis Francisco de Jorge, arrojan luz sobre cómo los expresidentes de ambas federaciones habrían utilizado sus puestos para beneficiarse de manera ilícita.
FEDERACIÓN TINERFEÑA DE FÚTBOL
En Tenerife, el expresidente Juan Antonio Padrón es señalado como uno de los principales responsables de un esquema que involucraba la compra de material deportivo y el desvío de fondos. Según la investigación, entre 1997 y 2017, Padrón habría favorecido a la empresa Estudio 2000, propiedad de los hermanos Bernard Vico, para la adquisición de ropa deportiva por valor de 36,53 millones de euros.
El esquema funcionaba mediante el cobro de comisiones ilegales, que Padrón recibía a través de su empresa Tenerife Sport SL. En total, el expresidente habría embolsado 1,85 millones de euros gracias a estas prácticas. Además, el auto judicial señala que se utilizaban métodos fraudulentos para camuflar estas comisiones, como préstamos ficticios, indemnizaciones infladas y la compra de propiedades a precios superiores al real.
Otra de las prácticas investigadas es el desvío de 868.551 euros de la Federación Tinerfeña hacia Tenerife Sport mediante cheques emitidos en nombre de clubes locales, que desconocían estas transacciones. También se acusa a Padrón de haberse apropiado de 20.038 euros provenientes de la delegación local de la mutualidad de futbolistas Mupresfe.
Además de los delitos de corrupción y apropiación indebida, Padrón habría evadido el pago de 406.758 euros en impuestos, aumentando aún más el perjuicio económico causado a la Federación y a las arcas públicas.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE LAS PALMAS
En la Federación de Las Palmas, los implicados incluyen al expresidente Antonio Suárez y al ya fallecido Valentín Sainz-Rojas, exresponsable económico de la entidad. Ambos son acusados de adjudicar contratos inflados y desviar fondos mediante facturas falsas.
Uno de los esquemas más destacados en esta federación se centraba en el suministro de material deportivo a través de empresas controladas por Sainz-Rojas, como el Instituto Internacional de Ciencias del Deporte (ICD). Estas empresas facturaban precios inflados y, según el juez, habrían generado comisiones ilícitas por valor de 119.049 euros para Sainz-Rojas, 32.112 euros para Juan Francisco Espino-Sánchez Grande y 8.215 euros para el secretario general de la federación, Juan Carlos Naranjo-Sintes.
Otro ámbito de investigación son las obras de mejora en instalaciones deportivas, como el estadio Alfonso Silva y el colegio Heidelberg en Las Palmas de Gran Canaria. En ambos casos, las obras se adjudicaron a empresas vinculadas a los imputados y se facturaron con precios superiores a los reales.
En el caso del estadio Alfonso Silva, se abonaron 261.496 euros a empresas que, en algunos casos, ni siquiera estaban constituidas en el momento de la adjudicación, lo que evidencia la gravedad del fraude. Por su parte, el colegio Heidelberg fue facturado por un importe de 96.000 euros bajo el falso argumento de que debía asumir parte del coste, cuando en realidad las obras habían sido subvencionadas al 100%.
En total, el juez estima que estas prácticas causaron un perjuicio económico de más de 343.000 euros a la Federación de Las Palmas y al Consejo Superior de Deportes.
UNA CORRUPCIÓN SISTÉMICA
El Caso Soule pone de manifiesto un patrón común entre las federaciones investigadas: el uso de posiciones de poder para obtener beneficios personales. Tanto en Tenerife como en Las Palmas, los dirigentes implicados aprovecharon la opacidad en la gestión económica para adjudicar contratos a empresas vinculadas a sus intereses.
Este comportamiento, lejos de ser un hecho aislado, refleja una estructura de corrupción sistémica en el fútbol español, donde la falta de transparencia permitió que estas prácticas se prolongaran durante años sin consecuencias. Además, la red de contratos inflados y el desvío de fondos no solo afectaron a las federaciones y clubes locales, sino también a instituciones públicas como el Consejo Superior de Deportes, que financió algunas de las obras fraudulentas.
