¿Puede la Justicia censurar la historia? El peligroso precedente del caso Ríos Carratalá pone en estado de alarma a la investigación histórica española
La sentencia contra el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá sienta un peligroso precedente para la libertad de cátedra y la investigación histórica. Más allá de la disputa judicial, este caso es un síntoma de las dificultades que aún existen en España para investigar la represión franquista sin censura ni presiones legales. Ríos Carratalá mantuvo en su libro que «La condena a Miguel Hernández fue ilegítima, chapucera y lamentable».
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
El caso del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, acusado y condenado por vulnerar el derecho al honor de un funcionario franquista al mencionar el papel desempeñado por éste en el juicio contra el poeta Miguel Hernández, ha desencadenado un debate crucial sobre la memoria histórica, la libertad de cátedra y la censura en España.
«Si los historiadores pueden ser demandados por mencionar a funcionarios franquistas, la investigación quedará gravemente amenazada».
La demanda, que fue promovida por el hijo del alférez Antonio Luis Baena Tocón, no solo afecta de lleno a todo el ámbito académico, sino que ha involucrado igualmente a medios de comunicación, periodistas y asociaciones, elevando el problema a un nivel de ataque sistemático contra la divulgación histórica.
EL JUICIO QUE PONE EN JAQUE LA LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz condenó a Ríos Carratalá por una supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor de Antonio Luis Baena Tocón, quien fue secretario judicial en el Consejo de Guerra contra Miguel Hernández. La sentencia ordenó al catedrático rectificar sus publicaciones y pagar una indemnización de 10.000 euros al hijo de Baena Tocón.
«El demandante ha exigido una compensación económica de más de once millones de euros en total».
Sin embargo, esta decisión no es un hecho aislado. Forma parte de una ofensiva legal que ha derivado en una nueva demanda en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde José Francisco Baena, hijo del alférez, ha llevado a juicio no solo a Ríos Carratalá, sino también a casi medio centenar de medios de comunicación y entidades. En este proceso, el demandante exige una compensación económica realmente desorbitada: más de once millones de euros en total.
Durante el juicio, los abogados de los demandados han calificado el procedimiento como una «demanda temeraria», una estrategia mal asesorada que solo busca impedir la difusión de información histórica. De hecho, algunos letrados han señalado que el propio demandante reconoció que la condena a Miguel Hernández fue una vileza y un asesinato, pero que su molestia radica en que se mencione la participación de su padre en el proceso.
El caso ha dejado en evidencia un intento de borrar la historia a través de la vía judicial, lo que representa una grave amenaza para la investigación y el derecho a la información en España.
RÍOS CARRATALÁ: UN REFERENTE EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CENSURA FRANQUISTA
Juan Antonio Ríos Carratalá es un catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante con una sólida trayectoria en la investigación sobre la represión cultural durante el franquismo. Ha publicado numerosos estudios sobre la censura y los procesos judiciales que enfrentaron intelectuales y artistas bajo la dictadura.
Entre sus obras destacan libros tales como «Nos vemos en Chicote» (2015), en el que analiza la vida intelectual en la posguerra, y «Tiempos de silencio» publicada en el 2018, centrada en la represión a escritores y periodistas durante la pasada dictadura.
Sus investigaciones sobre el uso del sistema judicial franquista como herramienta de persecución le permiten abordar el análisis sobre los juicios sumarísimos que tuvieron lugar durante los años del franquismo, entre ellos el caso del «juicio» contra Miguel Hernández.
ANTONIO LUIS BAENA TOCÓN: UNA FIGURA CLAVE EN EL JUICIO CONTRA MIGUEL HERNÁNDEZ
Antonio Luis Baena Tocón fue alférez y secretario judicial en el juicio militar que condenó a Miguel Hernández. Su rol en el proceso consistió en la redacción de la instrucción del sumario, un documento clave que permitió la acusación del poeta por «adhesión a la rebelión».
El papel de Baena Tocón no fue menor: según documentos históricos, su actuación fue parte de una maquinaria represiva que fabricó pruebas y manipuló procesos para garantizar condenas severas contra opositores al régimen.
La incomodidad de su familia con el reconocimiento de estos hechos ha llevado a una serie de demandas para intentar borrar su nombre de la historia, alegando un supuesto derecho al honor.
¿POR QUÉ RÍOS CARRATALÁ CONSIDERA «ILEGÍTIMA, CHAPUCERA Y LAMENTABLE» LA CONDENA A MIGUEL HERNÁNDEZ?
La condena a Miguel Hernández fue un ejemplo claro de represión política disfrazada de proceso legal. Según Ríos Carratalá, la sentencia contra el poeta careció de garantías y se basó en procedimientos arbitrarios. Entre sus argumentos destacan:
- Pruebas endebles y manipuladas: Se le acusó sin evidencias concluyentes.
- Tribunal militar parcial: Controlado por el régimen, sin independencia judicial.
- Uso de la justicia como herramienta represiva: No se trató de un juicio legítimo, sino de una estrategia para eliminar voces disidentes.
Para Ríos Carratalá, el alférez Baena Tocón fue parte de esa estructura y el intento de eliminar su nombre de los estudios históricos es un acto de censura inaceptable.
EL FALLO DEL SUPREMO: UN GOLPE AL DERECHO AL OLVIDO
El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre un caso similar en abril de 2024, cuando José Francisco Baena intentó que Google desindexara los artículos que mencionaban a su padre. La sentencia concluyó que el derecho a la memoria histórica prevalece sobre el derecho al olvido, reafirmando que los hechos históricos no pueden ser eliminados por razones personales.
A pesar de esto, la familia Baena ha continuado con su ofensiva legal, trasladando el caso a una disputa sobre el derecho al honor, lo que ha derivado en el juicio mediático que ahora enfrenta a Ríos Carratalá y a numerosos periodistas.
LA BATALLA POR LA MEMORIA HISTÓRICA Y EL PELIGRO DE LA CENSURA
El caso de Ríos Carratalá refleja un problema mayor: las dificultades para investigar la Guerra Civil y la dictadura en España. A pesar de los avances en la recuperación de la memoria histórica, persisten mecanismos que intentan silenciar el pasado.
Historiadores como Paul Preston han señalado que España sigue sin resolver su relación con el franquismo, y que casos como este demuestran el poder que todavía tienen ciertas estructuras para frenar el acceso a la verdad.
Desde Amnistía Internacional se ha alertado sobre el impacto de esta censura en la libertad de investigación:
«La memoria histórica es un derecho. No se puede reescribir la historia para limpiar nombres.»
UN PRECEDENTE PELIGROSÍSIMO PARA LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
La sentencia contra Ríos Carratalá no solo afecta a un investigador, sino que establece un peligroso precedente:
– Si mencionar el papel de funcionarios franquistas en la represión es delito, la historia quedará mutilada.
– Si cualquier familiar de un represor puede demandar a historiadores, la investigación se verá gravemente amenazada.
– Si se usa la justicia para borrar hechos incómodos, España retrocede en términos democráticos.
El juicio, que ha quedado visto para sentencia en Cádiz, será crucial para determinar si en España se puede seguir investigando con libertad o si, por el contrario, la censura judicial se convertirá en un nuevo obstáculo añadido para la memoria histórica, además de los ya existentes como el acceso a determinada documentación de aquella época, es decir, de hace casi un siglo.
DESCARGA DEL LIBRO DE RIOS CARRATALÁ «LOS JUICIOS CONTRA MIGUEL HERNÁNDEZ» PINCHANDO AQUÍ
https://canarias-semanal.org/art/37283/enjuician-catedratico-libro-consejo-guerra-miguel-hernandez
