Por Héctor Bujari
Detenciones arbitrarias, juicios politizados y la complicidad universitaria marcan una nueva escalada en la persecución del activismo pacífico.
El pasado viernes 26 de septiembre, las fuerzas de seguridad marroquíes irrumpieron en el campus de la Universidad Ibn Zohr de Agadir. En un operativo con vehículos civiles, detuvieron a cuatro jóvenes saharauis frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. Los arrestados, Salah Eddine Essabar, El Hafed Birman, Ibrahim Babit y Nour Eddine Enflous, se suman a una larga lista de víctimas de una campaña sistemática de represión.
Este incidente no es un hecho aislado. Es el último eslabón de una cadena de persecución que incluye desde el asesinato de Abdelrahim Badri y la criminalización del grupo estudiantil Compañeros de El Uali, hasta juicios recientes calificados por observadores internacionales como auténticas farsas judiciales.
El objetivo de esta ofensiva es claro: ahogar las voces disidentes en las aulas y criminalizar la militancia política pacífica del pueblo saharaui. Incluso la administración universitaria ha sido cómplice de esta campaña, anunciando en junio consejos disciplinarios contra estudiantes bajo la vaga y elástica acusación de realizar “actividades hostiles a la patria”. Una fórmula que contradice frontalmente los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Marruecos.
Para entender el alcance de esta represión, conversamos con Essalek Baber, ex preso político del grupo Compañeros de El Uali y miembro del Comité de Familiares y Compañeros de Estudiantes Detenidos Políticos.
P: ¿Cuál es la situación actual de los estudiantes detenidos?
R: La ocupación marroquí mantiene en prisión a los Compañeros de El Uali, haciendo caso omiso a las exigencias de liberación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. La represión es continua: los estudiantes son encarcelados únicamente por sus posiciones políticas en defensa de la causa saharaui y el derecho a la libertad. Tras las detenciones del 26 de septiembre, todos los activistas fueron liberados excepto dos: Salah Eddine Essabar e Ibrahim Babit, que permanecen bajo custodia.
P: ¿Se les ha permitido recibir visitas familiares o asistencia legal?
R: No. Desde el momento de su detención hasta su ingreso en prisión, se les ha negado cualquier contacto con sus familias y todo tipo de apoyo legal. Es una táctica habitual para aislarlos y vulnerar sus derechos fundamentales.
P: ¿Qué cargos enfrentan y cuándo serán juzgados?
R: Su primera audiencia está prevista para el viernes 3 de octubre. Los cargos, claramente fabricados, son de “ofensa a un funcionario en el ejercicio de sus funciones y obstaculización del funcionamiento de una institución pública”. Son figuras legales utilizadas de forma recurrente para judicializar la disidencia.
P: ¿Qué acciones de apoyo se están impulsando?
R: Desde el Comité, realizamos un seguimiento muy cercano del caso, coordinándonos con abogados internacionales y medios de comunicación para amplificar la solidaridad. El objetivo es generar una presión urgente que obligue a la liberación inmediata e incondicional de los estudiantes.
P: ¿Qué papel puede jugar la comunidad internacional?
R: Es fundamental. La clave está en dar a conocer la causa saharaui. Hablamos de un pueblo al que se le ha negado durante 50 años su derecho a la autodeterminación. Cada arresto, cada violación de derechos humanos, tiene su raíz en esa negación original. Poner fin a esta injusticia histórica requiere una presión internacional constante y la movilización de la sociedad civil global frente a la ocupación marroquí. El silencio es cómplice.
Fuente: KaosenlaRed
