“¡Fusiles y misiles para las fuerzas campesinas y obreras, para defender la patria, la soberanía y la paz de Venezuela!”, gritó Maduro.
Esta semana, el gobierno de Estados Unidos comenzó a movilizar tropas a la región sur del Caribe con el pretexto de combatir los cárteles de la droga. Tres buques de la Armada, con aproximadamente 4.000 efectivos a bordo, fueron desplegados para operar en aguas cercanas a Venezuela, según la Casa Blanca. La portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Donald Trump está «preparado para frenar el narcotráfico» y reiteró que el régimen de Nicolás Maduro «no es legítimo», clasificándolo como un «cártel del narcotráfico».
El movimiento militar se produce días después de que Washington anunciara nuevas sanciones económicas contra Brasil e intensificara la presión diplomática sobre Colombia, profundizando el asedio político y militar en el subcontinente. Analistas citados por la agencia de noticias monopolista Reuters señalan que el Comando Sur de EE. UU. ha estado expandiendo sus operaciones en la región desde 2023, con un aumento en el número de ejercicios conjuntos y acuerdos de cooperación con países alineados.
En un discurso transmitido por la televisión estatal, el presidente Nicolás Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas del imperialismo estadounidense. «Fusiles y misiles para las fuerzas campesinas y obreras, para defender la patria, la soberanía y la paz de Venezuela», proclamó. Según cifras oficiales, la milicia popular creada por Hugo Chávez ya cuenta con aproximadamente cinco millones de miembros, ahora incorporada como uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Maduro afirmó que las acciones de Trump representan una «pésima repetición» de las agresiones contra el país e instó a las bases sociales de su gobierno a ampliar la organización de milicias en fábricas y comunidades rurales. El objetivo, según el gobierno, es asegurar la cobertura de todo el territorio nacional ante la posible intervención estadounidense.
La farsa de la “guerra contra las drogas”
La lucha contra el narcotráfico se utiliza como principal justificación de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Sin embargo, datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud (NSDUH) muestran que Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado mundial de consumo de drogas ilícitas, con más de 60 millones de usuarios en 2024. Estudios del Congreso estadounidense también han revelado episodios de cooperación clandestina entre agencias estatales como la DEA y cárteles latinoamericanos en operaciones contra «grupos insurgentes», lo que arroja serias sospechas sobre la verdadera motivación de la actual ofensiva.
Según el investigador Adam Isacson, «la guerra contra las drogas ha sido históricamente una cortina de humo para legitimar operaciones de proyección de poder militar». En el caso venezolano, añade, «están en juego reservas estratégicas de petróleo, oro, coltán [columbita-tantalita] y tierras raras, recursos fundamentales para la economía de alta tecnología y la industria militar».
La actual ofensiva forma parte de una trayectoria histórica de intervenciones estadounidenses con justificaciones humanitarias o de seguridad. En Irak (2003), la alegación de «armas de destrucción masiva» resultó falsa, pero sirvió para justificar la invasión y el control del petróleo. En Libia (2011), la intervención de la OTAN condujo a la caída de Gadafi y al colapso del país. En Afganistán (2001), la guerra de dos décadas bajo el lema de la «lucha contra el terrorismo» culminó con la expulsión de los yanquis del territorio por parte de los talibanes, en un legendario escenario de éxodo masivo.
En América Latina, el patrón también se repite. Documentos desclasificados del Pentágono revelan la cooperación entre las agencias de seguridad estadounidenses y los cárteles de la droga para debilitar los movimientos guerrilleros revolucionarios en las décadas de 1980 y 1990, particularmente en Colombia, Perú y Centroamérica.
Amenaza de escalada regional
El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió esta semana que una posible intervención militar en Venezuela arrastraría a Colombia a un conflicto comparable al de Siria. «Los extranjeros se hacen ilusiones de que invadir Venezuela resolverá su problema, pero solo arrastrarían a Colombia y a la región a una guerra devastadora», declaró en una reunión ministerial, según El Nacional.
Petro también reiteró sus denuncias sobre la presencia de grupos armados binacionales, como el ELN y la Segunda Marquetalia, en territorio venezolano, pero enfatizó que la escalada militar «solo fortalecería a estos actores ilegales». Argumentó que los narcotraficantes que operan a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países se beneficiarían directamente de un escenario de guerra.
Juristas y expertos en derecho internacional han recordado que cualquier acción militar contra Venezuela sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU constituye una violación de la soberanía nacional y un crimen de agresión. El abogado español Baltasar Garzón declaró al periódico El País que «la doctrina de la intervención humanitaria no puede utilizarse para legitimar guerras de interés económico». Asimismo, la Asociación Latinoamericana de Derecho Internacional declaró en un comunicado que la movilización yanqui representa «una grave amenaza al principio de autodeterminación de los pueblos».
