«Cada año se reproducen las mismas denuncias y la misma falta de acción»
4.500 mujeres en Canarias han sufrido o están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. 900 de ellas son niñas. Mientras tanto, la respuesta de las autoridades sigue siendo más que insuficiente: sin campañas de concienciación, sin persecución judicial y sin protección efectiva (…).
Por CLAUDIA MELIÁN SANTANA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
4.500 mujeres en Canarias han sido víctimas o están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. De ellas, 900 son niñas menores de 14 años. La administración canaria lo sabe, pero su respuesta es tan tibia que se convierte en inacción. Cada de febrero se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Con motivo de esta efeméride se emiten comunicados de compromiso y se organizan actos simbólicos. Sin embargo, cuando se apagan los micrófonos y se retiran los fotógrafos, la realidad permanece inmutable: miles de mujeres y niñas siguen en peligro, sin que las administraciones hayan puesto en marcha medidas efectivas para erradicar una de las peores violaciones de derechos humanos.
Un problema que afecta a comunidades migrantes africanas
El problema de la mutilación genital femenina (MGF) en Canarias tiene un perfil muy concreto: la mayoría de las mujeres y niñas en riesgo provienen de comunidades migrantes de países africanos donde esta práctica sigue siendo habitual. Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea y Nigeria están entre las naciones con mayor prevalencia, y muchas de las familias migrantes que residen en Canarias provienen de estos lugares.
La mutilación genital femenina no es un fenómeno nuevo ni aislado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sido sometidas a este procedimiento. Se trata de una tradición profundamente arraigada en algunas comunidades africanas que también se practica en partes de Oriente Medio y Asia. Se estima que cada año alrededor de tres millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a esta mutilación.
Los motivos por los que se perpetúa esta práctica varían según la región y la cultura, pero en general responden a una combinación de factores.
En muchas comunidades, la MGF se considera un rito de iniciación a la feminidad y un requisito para ser aceptada socialmente. Se utiliza, igualmente, como un medio de «controlar» la sexualidad de las mujeres, bajo la creencia de que la ablación reduce el deseo sexual femenino, asegurando la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad conyugal después de él. Aunque ninguna religión prescribe específicamente la mutilación genital femenina, en algunos entornos se justifica con argumentos religiosos.
En las comunidades donde ha pervivido esta práctica las familias que no someten a sus hijas a la MGF pueden ser estigmatizadas y enfrentar dificultades para casar a sus hijas.
Campañas inexistentes y protocolos insuficientes
A pesar de la gravedad del problema que afecta a las migrantes africanas residentes en Canarias, no hay evidencia de campañas de concienciación y denuncia en medios de comunicación, ni en televisión ni en prensa escrita. Apenas una noticia o nota de prensa cada año por estas mismas fechas. La última acción institucional de este tipo en Canarias data de 2017, cuando se lanzaron tan solo algunos carteles informativos. Desde entonces, silencio absoluto.
Por su parte, el Servicio Canario de Salud implementó en 2022 un protocolo para que pediatras y otros profesionales sanitarios informaran a las familias migrantes de que la mutilación genital femenina es un delito en España. Sin embargo, una simple advertencia no es suficiente para frenar una práctica culturalmente arraigada. No se ha establecido un plan de seguimiento real ni mecanismos de protección efectiva para las menores en riesgo.
Además, muchas de estas mutilaciones no ocurren en Canarias, sino que las niñas son enviadas a sus países de origen durante las vacaciones para ser sometidas a la práctica. En Tan solo e una isla como Fuerteventura, se ha identificado a 76 familias con vínculos con países donde se practica la MGF, lo que implica que al menos 31 niñas se encuentran en un alto riesgo de ser mutiladas en estos viajes.
Sin persecución efectiva: la ley, en papel mojado
Aunque la mutilación genital femenina está tipificada como delito en España, la persecución de esta práctia es prácticamente nula. En Canarias, no hay registros públicos de procesos judiciales abiertos , a pesar de que las autoridades conocen la existencia de niñas en riesgo.
En otras comunidades autónomas se han creado unidades médicas especializadas para atender a víctimas de la MGF y se han impulsado proyectos de intervención en colegios y comunidades migrantes.
En Canarias, sin embargo, seguimos en la etapa de los discursos vacíos. Se ha dejado la carga de la lucha en manos de asociaciones como la Asociación Sociocultural de Mujeres Mauritanas Dimbe, que lleva años denunciando esta situación sin obtener respuestas contundentes de las administraciones. Los números no han cambiado en los últimos años. A pesar de las denuncias y los llamados a la acción, en 2024 se detectaron 72 nuevos casos, manteniendo la cifra de 4.500 mujeres en riesgo o ya mutiladas.
Desde Médicos del Mundo insisten en la necesidad de un enfoque más integral y multicultural para abordar la mutilación genital femenina.
«No es suficiente con informar a las familias de que esto es ilegal; hay que acompañarlas, educar y proteger a las niñas de una manera activa», han señalado en reiteradas ocasiones.
La mutilación genital femenina es un crimen, una vulneración de los derechos humanos más básicos y una forma de violencia extrema contra las mujeres y niñas. Sin embargo, a pesar de las múltiples denuncias y los llamados de organizaciones especializadas, la administración canaria sigue sin ofrecer una respuesta contundente.
