La nueva Ley General de Licencias Ambientales revela una entrega total a los grandes terratenientes y a las empresas mineras, desmantela las estructuras de protección ambiental y amenaza biomas y comunidades rurales.
En la madrugada del jueves 17 de julio, en otra sesión celebrada a puerta cerrada y bajo el liderazgo de la bancada ruralista, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 2.159/2021, denominado por los defensores del medio ambiente como el «Proyecto de Ley de Devastación». Este proyecto, que llevaba más de 20 años en trámite en el Congreso, desmantela pilares esenciales de la legislación ambiental vigente con el pretexto de «desburocratizar» las licencias ambientales y de construcción.
Dada una historia reciente marcada por tragedias como las de Mariana y Brumadinho, la legalización de la «autolicencia» —esa nueva y peculiar institución que transfiere al propio empresario la evaluación de los riesgos que plantea— plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del Estado para prevenir nuevos desastres.
El texto expone concesiones a latifundios (bajo la apariencia de «agroindustria»), minería y proyectos de infraestructura con alto potencial destructivo. Los cambios incluyen, entre otros:
- Creación de la Licencia Ambiental Especial (LAE): autorización automática con plazos ampliados para obras calificadas como “estratégicas”, sin control técnico efectivo;
- Exención de licencia: para carreteras, obras agrícolas y presas de riego, incluso en zonas sensibles;
- Autodeclaración nacionalizada: el empresario dice, por sí mismo, que cumple con las exigencias medioambientales, y el Estado simplemente le cree;
- Vaciamiento de organismos como Ibama, ICMBio, Iphan y Funai: las opiniones ya no son vinculantes y la ausencia de opinión ya no es un impedimento para la concesión de licencias;
- Exclusión de territorios indígenas y quilombolas aún no regularizados de las áreas protegidas;
- Derogación de artículos de la Ley de la Mata Atlántica que permiten la deforestación en bosques maduros, incluso en áreas urbanas.
La aprobación del proyecto de ley fue impulsada por partidos de centro y extrema derecha, encabezados por el Frente Parlamentario Agrícola y el diputado Zé Vitor (PL-MG), ponente del proyecto. Partidos oportunistas de izquierda o de falsa izquierda instaron a votar en contra, pero fueron derrotados. En la práctica, la base del presidente Luiz Inácio es extremadamente voluble y fragmentada, lo que demuestra una vez más su incapacidad para responder con firmeza a la ofensiva reaccionaria en el Congreso, al que cómodamente considera rehén.
‘Madre de todo el ganado’
El «Proyecto de Ley de Devastación» también ha recibido un segundo apodo. Este proyecto de ley revive la lógica de «pasar al rebaño» del ultrarreaccionario exministro Ricardo Salles durante el gobierno de Bolsonaro, ahora disfrazada con el pretexto de la «modernización». En la práctica, es una carta blanca para devastar en nombre de la «eficiencia» y destruir las condiciones de vida de la flora, la fauna y las poblaciones rurales que dependen de la naturaleza para su sustento.
“El Estado brasileño opta por el silencio para facilitar el acaparamiento de tierras y la expulsión de las comunidades tradicionales”, afirma una declaración conjunta firmada por más de 350 entidades, entre ellas la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).
La derogación de secciones de la Ley del Bosque Atlántico autoriza la deforestación de áreas primarias y maduras del bioma, incluso en zonas urbanas, en flagrante violación de los tratados internacionales y del Acuerdo de París. Según el Pacto para la Restauración del Bosque Atlántico, esto compromete el suministro de agua, la estabilidad climática y la biodiversidad del país.
El proyecto impulsará la lucha por la tierra
El texto ahora espera la firma de Luiz Inácio. Queda por ver si tendrá el coraje de vetar el «Proyecto de Ley de Devastación» en su totalidad o si continuará, como ha sido el sello distintivo de su tercer mandato, cediendo ante los centristas, Faria Lima y los latifundios en busca de una fachada de gobernabilidad.
Ya sea con Bolsonaro y Ricardo Salles en un ataque abierto al medio ambiente, o con Luiz Inácio y Marina Silva y su activismo ambiental a nivel de gabinete, la verdad es que el Congreso nunca ha abandonado su celo reaccionario y antipopular: el gobierno actual es un mero detalle.
Por otro lado, las poblaciones campesinas, indígenas y quilombolas no se quedarán de brazos cruzados mientras se pisotean sus derechos. La creciente lucha por la tierra es una consecuencia inevitable de esta creciente contradicción.
