¿Qué consecuencias traerá esta medida para la clase trabajadora francesa y los servicios públicos?
¿Puede un Estado que gasta más que sus ingresos realmente afrontar la crisis recortando aún más derechos sociales? ¿A quién beneficia una política de ajuste de esta magnitud? ¿Estamos ante una ofensiva neoliberal clásica o ante una nueva forma de autoritarismo económico desde el poder estatal?
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
El gobierno francés ha anunciado un recorte presupuestario sin precedentes: 44.000 millones de euros menos entre 2025 y 2027.
Esta decisión, que ha sacudido el panorama político y económico del país, conlleva una batería de medidas que afectarán directamente a las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Entre los principales objetivos del ajuste se encuentran la congelación de las pensiones, la reducción del empleo público y un descenso generalizado de los gastos estatales.
Esta política no solo refleja una vuelta a la ortodoxia neoliberal, sino que pone en cuestión el papel del Estado como garante de derechos sociales.
Según el análisis del economista francés Frédéric Farah, este ajuste busca responder a los compromisos del gobierno con la Unión Europea y los mercados financieros. No obstante, sus consecuencias apuntan directamente contra los más vulnerables: los jubilados, los trabajadores públicos, los beneficiarios de ayudas sociales y, en general, toda la población que depende de los servicios públicos.
Para Farah, no se trata únicamente de una política coyuntural. Más bien, este recorte forma parte de un proceso continuo de transformación del Estado francés.
“Desde hace años, los diferentes gobiernos —de «izquierda» y derecha— han ido erosionando el modelo social francés, uno de los más avanzados de Europa”, afirma.
En su opinión, este ajuste confirma la voluntad de someter al país a los dictados de una economía basada en la austeridad permanente.
Uno de los puntos más polémicos del plan es la congelación de las pensiones, que en la práctica equivale a una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dado el constante incremento de la inflación. Farah destaca que esta medida representa una forma de “degradación silenciosa del nivel de vida”, especialmente grave para un sector de la población que ya ha sido golpeado por la reciente reforma de las pensiones, impuesta por Macron en 2023. Entonces, el gobierno elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años en medio de una fuerte resistencia social y sindical.
La reducción del empleo público constituye otro frente clave del ajuste. El Ejecutivo prevé suprimir miles de puestos de trabajo en sectores estratégicos, como la sanidad, la educación o la administración pública. Para Farah, esta política no responde a un intento de aumentar la eficiencia, sino al deseo de adelgazar el Estado, reduciendo su capacidad de intervención en la vida social y económica.
“Se trata de dejar que el mercado ocupe el lugar que antes tenía lo público”, explica el economista.
Esta ofensiva en toda regla contra el gasto público se justifica, según el gobierno, por la necesidad de reducir el déficit presupuestario, que alcanzó el 5,5% del PIB en 2023, muy por encima del 3% exigido por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. No obstante, Farah cuestiona esta lógica:
“Se trata de una visión totalmente tecnocrática, que ignora las consecuencias sociales de los recortes y que responde únicamente a los intereses de los acreedores y del capital financiero”.
En otras palabras, la prioridad del gobierno no sería la ciudadanía, sino los mercados.
El ajuste también afectará a las ayudas sociales, como el subsidio de desempleo o el ingreso mínimo. Farah considera que esta medida no solo empobrecerá a muchas familias, sino que desmantelará los mecanismos de protección social que han sido una conquista histórica del movimiento obrero francés.
«Se trata de una ofensiva ideológica: se quiere imponer la idea de que la protección social es un lujo insostenible”, denuncia.
En su análisis, Farah sostiene que Francia está entrando en una fase de “austeridad estructural”, donde el ajuste no es una respuesta a una crisis concreta, sino un modelo permanente de gestión estatal. Esta transformación tiene profundas implicaciones políticas, ya que vacía de contenido el debate democrático: “Ya no se trata de elegir entre modelos distintos, sino de aceptar que no hay alternativa al ajuste”, lamenta.
Al mismo tiempo, el economista advierte sobre las consecuencias políticas de esta deriva: el debilitamiento de los servicios públicos y el empobrecimiento de la población pueden alimentar la desafección ciudadana y el auge de fuerzas reaccionarias como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.
“La ultraderecha se alimenta del sufrimiento social, y estas políticas lo están multiplicando”, alerta Farah.
En definitiva, el «gran reajuste» del gobierno Macron representa un nuevo salto cualitativo en la aplicación del dogma neoliberal en Francia. Lejos de ser una «política puntual», se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del Estado, donde las exigencias de los mercados se imponen sobre los derechos sociales.
Las consecuencias serán profundas, tanto en lo económico como en lo político, y no parece que la sociedad francesa vaya a aceptarlas sin resistencia.
