La CEOE celebra su victoria, los estudiantes denuncian «una agresión intolerable»
Aprovechando el letargo del verano, el Gobierno de Canarias ha aprobado una reforma universitaria que entrega competencias académicas clave a órganos controlados por representantes del poder empresarial. Mientras estudiantes denuncian un “asalto intolerable” a la autonomía universitaria, la patronal celebra abiertamente lo que considera “una gran oportunidad” para rediseñar la universidad pública al servicio de sus intereses. La enseñanza superior, cada vez más subordinada al capital privado, da un nuevo paso hacia su completa mercantilización.
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Con el más absoluto sigilo, y aprovechando la desconexión que mayoritariamente realiza la población en el periodo estival, el Parlamento de Canarias ha aprobado esta semana la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. Una normativa que reconfigurará de forma drástica la estructura de poder en las universidades públicas del archipiélago. Con los votos de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, y el rechazo de PSOE y Nueva Canarias, la ley ha sido tramitada a espaldas de la comunidad académica.
El texto legal otorga nuevas competencias ejecutivas a los Consejos Sociales, órganos en los que tienen un peso destacado los representantes del sector empresarial, totalmente ajenos a la vida universitaria. Estos consejos podrán, a partir de ahora, intervenir directamente en cuestiones como la aprobación de titulaciones, la programación docente o la firma de convenios académicos.
Se trata de competencias que hasta ahora pertenecían al autogobierno universitario: departamentos, rectorados y consejos de gobierno. Sin embargo, con esta ley ese núcleo de autonomía quedará reducido a un papel meramente formal, mientras la gestión académica se externalizará a instancias con intereses ajenos a los educativos.
Estudiantes en pie: “Una agresión intolerable”
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), en representación de decenas de miles de estudiantes de todo el Estado, ha calificado la reforma de “grave retroceso democrático” y de “modelo de gobernanza basado en la injerencia”.
Los estudiantes denuncian que la norma convierte a los Consejos Sociales en instrumentos de control político y empresarial, desplazando a la Comunidad universitaria en la toma de decisiones clave. Estudiantes de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya han comenzado a organizar movilizaciones contra la nueva normativa.
“El principio constitucional de autonomía universitaria ha sido pisoteado”, afirman. Y advierten que “nos enfrentamos a un cambio de paradigma que convierte la universidad pública en un apéndice del mercado”.
La mercantilización de la universidad pública
Lo que está en juego, en efecto, es mucho más que un mero cambio organizativo. El ataque a la universidad pública no es nuevo aunque esta ley venga a formarlizarlo de manera efectiva. En todo el Estado español, desde hace años los gobiernos de todos los colores —en connivencia con las grandes corporaciones empreasariales y financieras— han venido impulsado un cambio estructural de la universidad pública, que persigue transformarlas de espacios de desarrollo del conocimiento a espacios de producción técnica subordinada a los intereses de las empresas.
Huelga decir que dichos intereses son contrarios a la formación de ciudadanos críticos y requieren, por el contrario, trabajadores plenamente adaptados y dóciles a la lógica que garantiza la acumulación de dichas empresas. Se impone, por tanto, la reproducción de un pensamiento único, que adoctrine y adocene a los estudiantes. Un conocimiento puramente técnico, sin conflicto, sin análisis y sin memoria. Ello implica, entre otras cosa, relegar la investigación humanística, minimizar la importancia de las ciencias sociales o reducirlas a aquellos paradigmas colonizados por la economía neoclásica y potenciar todos los conocimientos que satisfagan los requerimientos del «mercado». Una lógica enla que la universidad ya no prepara profesionales que también son ciudadanos capaces de cuestionar el mundo que los rodea, sino meros técnicos preparados para ajustarse a él sin rechistar y reproducirlo de forma automática.
La reforma impuesta por los partidos del Gobierno de Canarias con el apoyo de VOX no puede entenderse, pues, como una iniciativa aislada que solo impulsen los partidos de la «derecha tradicional», ni conviene alimentar la ilusión de que un futuro ejecutivo «profesista» pueda revertirla. Esta legislación se enmarca en un proceso mucho más amplio de mercantilización del sistema universitario, impulsado desde hace años por las élites económicas y legitimado por gobiernos de todo signo político. Lo que está en juego no es solo un cambio de estructura interna, sino una transformación profunda de la misión de la universidad pública cuya finalidad es adaptarla a las necesidades del gran capital en el marco de un capitalismo global cada vez más competitivo. El nuevo modelo busca producir técnicos funcionales, eficientes y adaptables a las necesidades de la empresa, imponiendo que lo que se enseña, cómo se investiga y para quién está cada vez más determinado por la lógica de la rentabilidad privada.
Banco Santander y otros “inversores académicos”
La normativa aplaudida por la patronal canaria viene a dar carácter legal a un proceso que ha venido desarrollándose desde hace años. El Banco Santander, por ejemplo, ha logrado una implantación estratégica dentro del sistema universitario español. A través de becas, convenios, cátedras y patrocinios, ha colonizado buena parte de las instituciones públicas. Su logo aparece en carnés, diplomas, edificios y hasta en las propias páginas web de las universidades.
La Caixa, Telefónica, Repsol, BBVA, Inditex, Iberdrola y otras grandes empresas han establecido también alianzas estructurales con las universidades, orientando cada vez más la investigación y el diseño de titulaciones hacia sus propios intereses y conviertiendo a la universidad pública en un instrumento tan útil para el capital como contrario al desarrollo del pensamiento libre, el debate crítico y el compromiso social.
La patronal celebra su victoria
No puede resultar extraño, pues, que frente a la indignación de los sectores más conscientes de la comunidad educativa, la respuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) haya sido de total satisfacción. Pedro Alfonso, presidente de la CEOE-Tenerife, declaró que se trata de una
“muy buena noticia” porque, en su opinión, “acerca la universidad a la realidad empresarial y permite adaptar mejor la formación a las demandas del mercado laboral”.
Alfonso dejó claro el objetivo de fondo de esta nueva normativa que -según reconoció sin ambages – permitirá dejar atrás la independencia universitaria, a la que se refirió como un “obstáculo para la modernización”.
La falsa “modernización” como excusa
Quienes impulsan este modelo lo presentan, en efecto, envuelto en palabras amables como “modernización” o “adaptación al siglo XXI”. Eufemismos cuidadosamente elegidos que, al igual que otros términos como “flexibilidad laboral” o “colaboración público-privada”, sirven para ocultar todo tipo de recortes y la cesión de recursos y funciones públicas a manos privadas.
Una retórica nada inocente utilizada para vender las contrarreformas neoliberales más agresivas como si tratara «avances» inevitables y meramente técnicos, cuando en realidad son mecanismos de desposesión, subordinación y control de las mayorías.
