Editorial de La Tizza
1.
El acceso a internet en Cuba marca la vida cotidiana del país desde los años 2018 y 2019. Ya en 2020 y 2021, con la pandemia de Covid-19, buena parte de las prácticas de socialización tuvieron el ámbito digital como el básico —ya veces único— .
Las redes virtuales devinieron, con fuerza, una «plazuela electrónica», una «ciber-esquina caliente». En diferentes escalas, la existencia ―de facto― de una «esfera pública supletoria» se multiplicó y diversificó. Incluso la consigna y aspiración de un «gobierno electrónico» recibió la venia de las principales autoridades del país.
Pero, en rigor, nada de eso es «nuevo». Algo similar vivimos, por ejemplo, con la llamada guerrita de los emails, hacia 2007, cuando un grupo de intelectuales protestaron por esa vía ante la aparición en televisión nacional de personajes que protagonizaron el «quinquenio gris».
Ya entonces Desiderio Navarro hablaba de esa «esfera pública supletoria» —a saber, el ámbito digital— ante la «inactividad e inoperancia de los espacios de expresión o debate… ya existente». [1]
Pues bien, esa esfera pública supletoria ha vuelto a hacer acto de presencia como medio de expresión del descontento popular ante el reciente aumento de precios decretado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).
Dicha esfera mantuvo su condición de suplente porque, salvo momentos como el debate constitucional, el referendo sobre el Código de las Familias o las jornadas que siguieron a julio del 2021 ―en todos los casos con una sostenibilidad limitada en el tiempo―, la riqueza de discusiones acontecidas en espacios de expresión o debate —tanto institucionales como públicos— ha sido sepultada por la incapacidad vinculante de las organizaciones sociales en que tales discusiones suceden. «La inactividad e inoperancia de los espacios de expresión o debate… ya existente», por tanto, se ha agravado hasta el estado de coma. Ello no acusa, empero, la muerte de la capacidad crítica del pueblo de Cuba, de pensar con cabeza y corazón propios los desafíos de su proyecto social, antes bien señala la ya crónica debilidad del tejido político cubano.
Por estos días regresa ―una vez más― el espacio digital «sustituto» para desafiar lo inoperante. Con alcances sociales diferentes, hoy le ha tocado el turno a ETECSA. Obligados por la protesta social, la propia Empresa y los directivos del Ministerio de las Comunicaciones han debido reaccionar con comparecencias en espacios informativos, incluido el de la Mesa Redonda; se han organizado encuentros en los planteles estudiantiles, principalmente universitarios; ya a través de la red virtual X se han pronunciado algunos de los principales dirigentes del país. Sin embargo,
Esos modos de transmisión de mensajes —más que de comunicación— han mostrado que no pueden ser «sustitutos» de los canales de comunicación directa con la gente, no solo porque sus naturalezas difieren, sino porque la eficacia de las discusiones cara a cara y masivas con la ciudadanía, no ha podido ni podrá ser superada por ágoras virtuales.
Un detalle de interés es que, como en algunas de las recientes discusiones con el sector del arte y la literatura, han sido dirigentes mujeres quienes han debido responder de manera más directa, sin mediaciones digitales, a las demandas planteadas, lo cual contrasta con el hecho de que la mayor parte de la dirigencia del país está compuesta por hombres.
2.
En medio de la discusión actual sobre las tarifas de ETECSA, es importante considerar que
el debate no es meramente «económico», si de una economía con horizonte socialista hablamos, sino esencialmente político.
O, para decirlo de manera resumida, su contenido económico ―para lo que nos interesa aquí― radica en el impacto para la reproducción de la vida de los millones de cubanos que se «conectan» a través de esa empresa. Si el socialismo continúa siendo la orientación del movimiento social, del cual el gobierno es y ha de ser parte servidora — y, ojalá, parte guía — , y si convenimos que el horizonte socialista domina —pero no se somete— a la economía, que adquiere, bajo la égida de aquel, funciones nuevas, entonces, resulta incontestable la significación política de los hechos recientes en Cuba. Decir lo contrario es guardar complicidad con el aplazamiento y ocultamiento de discusiones que nos debemos como sociedad, sobre el modo en que se administra la riqueza producida en común.
Este no es un problema técnico: es un problema político.
No lo va a resolver la economía realmente existente, es decir, la economía capitalista. No lo van a resolver los indicadores al uso, ni la ciencia al uso, ni el pensamiento al uso, ni las conductas al uso. Lo va a resolver el pueblo, con su inventiva e histórica disposición a reformular el pacto social.
Muchos interrogantes atraviesan los problemas de las relaciones económicas — que son relaciones de producción y reproducción de la vida, y que, por consiguiente, no le conciernen de manera exclusiva a los economistas profesionales — y la participación del pueblo en el control y conducción creciente de dichas relaciones en su favor, si de un proyecto de transición socialista se trata. Una de dichas interrogantes es la rentabilidad.
En la última década —como expresión de la confluencia entre crisis económica y crisis político-cultural que algunos se empeñan en negar— el discurso de los dirigentes del país y una parte de los economistas acude una y otra vez al argumento de la rentabilidad. Desde esa noción se defiende la tan cuestionada reforma — ¿comercial? — de ETECSA.
Cabe preguntarse si, de acuerdo con el pacto social que sostiene al Estado cubano desde 1959, la rentabilidad es un criterio absoluto.
¿Qué debe ser rentable y para qué en Revolución? ¿Cómo se financian los derechos conquistados que no permiten sometimiento a las lógicas del mercado? ¿Cuáles se asumen como derechos y qué estrategias necesitan para sobrevivir en su calidad de «conquistas»?
No son preguntas que se puedan responder desde las oficinas. No son preguntas que consideraciones tecnocráticas puedan satisfacer o cuyas respuestas puedan regularse desde ese lugar, porque, según el pacto social de la Revolución, hay respuestas que solo le corresponde dar y decidir al pueblo. A los técnicos y administradores les correspondencia, en todo caso, «traducir» el reclamo popular en modos factibles de garantizar y proteger los derechos conquistados. Es en ese trabajo de «traducción»—y no en optar por otro idioma: el de la rentabilidad en este caso—donde recae el mandato que les delega el pueblo.
El proyecto revolucionario ha vivido de convertir las necesidades en posibilidades; no de plantearse qué es posible, con independencia de lo necesario. Si la pregunta que prima es la de las posibilidades, entonces, bajo las condiciones que impone el capitalismo, no es posible la justicia social, no son posibles la libertad ni la democracia popular, no es posible la revolución, ¡no es posible Cuba!
Vale la pena recordar la advertencia de Fidel, que no fue tecnócrata ni administrador, en su «Proclama» del 31 de julio del 2006: «Los fondos correspondientes para estos tres programas, Salud, Educación y Energético, deberán seguir siendo gestionados y priorizados, como he venido haciendo personalmente». [2] Consciente como era de que los dólares no entienden de dolores; de que hay bienes y causas que son incomprables, incosteables e intangibles—¡qué bueno! — para la lógica de la ganancia, Fidel era intransigente al sustraerlos de cualquier esquema basado en la rentabilidad, donde para sobrevivir esos bienes tuviesen que alterar su misión, su naturaleza, su cometido.
Fidel entendía que los recursos dinerarios para el sostenimiento de las conquistas más caras -en los dos sentidos del vocablo- del pacto social revolucionario había que sacarlos de otra parte.
Ciertamente, la de ahora no es una pelea por la rentabilidad de la salud o la educación—pese a que la clase, el territorio y los recursos monetarios cada vez recortan más, de facto, las posibilidades de acceso a ambas conquistas, las cuales, por cierto, han sufrido progresivos recortes disfrazados de «redimensionamiento»— . Tampoco se trata de una pelea por la rentabilidad de la energía ―pese a que en el incremento de la demanda sobre un sistema tan deteriorado no participante por igual el jubilado que abanica sus esperanzas de rentabilidad y los dueños de negocios, probadamente «rentables»— .
El asunto es que ETECSA no es solo una empresa, sino, sobre todo, una instancia que media el acceso de la ciudadanía a la información y la comunicación.
Entender tal acceso como conquista requiere darnos una discusión que no hemos tenido y que alteraría por completo el abordaje del problema actual de las tarifas.
3.
Tres significativos de interés acompañan la definición de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba: «empresa», «estatal» y «socialista». Como se desprende de lo dicho hasta ahora, uno de esos significativos ―el empresarial― tuerce el brazo de los otros.
Si sostenemos que el enfoque no puede ser solo económico, consideramos también que no debe constreñirse a la perspectiva jurídica individualizada. Enciende las alarmas que una parte de los reclamos se centra en el «cumplimiento de los contratos firmados con ETECSA», como si la aspiración cultural del proyecto que triunfó en 1959 se basara en la conformación de acuerdos individuales. Es otra expresión ilustrativa de la crisis actual y de la laceración del pacto social revolucionario, donde el bien colectivo fue siempre lo primordial.
Quienes gusten de los documentos contractuales, podrían ir al Artículo 18 de nuestra Constitución: «En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad». [3] ¿Acaso no es el terreno de los derechos a la información y la comunicación uno de especial interés social, en el que resulta central el control del mercado? O al Artículo 24: «La propiedad socialista de todo el pueblo incluye otros bienes como las infraestructuras de interés general, principales industrias e instalaciones económicas y sociales, así como otros de carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país». [4] ¿Acaso no es la red de ETECSA una infraestructura de interés general? ¿No es evidente que tiene un carácter estratégico para el país?
Las razones económicas de la ruina de una empresa como ETECSA, rentable en su momento, generan otra pregunta: ¿hasta cuándo va a persistir la política de parches y enmiendas? Lo de ETECSA, como el pseudomercado cambiario, la bancarización y las «medidas para corregir distorsiones» han derivado en eso: parches, abordajes parciales e incompletos, trocitos de esparadrapo para sostener la grieta en el muro. Los parches son como los árboles que, parafraseando al Che, impiden mirar al bosque.
Tenemos una política económica que ha privilegiado, en la práctica, la acumulación por la vía de la comercialización y no del fortalecimiento de capacidades productivas, que ha premiado a quienes compran fuera y revenden dentro, que ha hecho de las inversiones en el sector del turismo una onerosa carga —con muy bajo rédito, si de rentabilidad hablamos— frente a necesidades apremiantes. Esa política económica, digámoslo de una vez, ha tenido innumerables costos y casi ningún beneficio.
Ella ha venido configurando el escenario en el que los trabajadores cubanos no se sienten compelidos a cuestionar la grosera explotación de sus «empleadores» privados, pues ella les permite niveles de ingresos superiores al empleo estatal. Esa política económica — cuyos peores efectos son reforzados por la política agresiva de los Estados Unidos, una de cuyas expresiones es el bloqueo — los ha compelido a elegir entre la miseria estatal y la explotación privada. Y ha logrado que se confundan campesinos e intermediarios, importadores mayoristas y revendedores minoristas, empleados y permisos bajo la categoría de «actores no estatales», como si la economía se trata de una comedia o de una farsa teatral.
En suma, los efectos unitarios de la política económica obran en contra del consenso socialista. Ni la empresa estatal socialista, ni el sector privado, ni las cooperativas, ni la ciudadanía:
todos somos castigados y limitados de un modo u otro por el arreglo macroeconómico resultante de la Tarea ordenamiento, aunque, parafraseando a George Orwell: unos son más castigados que otros.
A propósito, con respecto al fracaso de la Tarea ordenamiento, hemos adolecido la ausencia de una autocrítica integral, honesta y pública en alguno de los órganos políticos colegiados de nuestro país. Y esto tampoco es un problema técnico de la economía: es un problema estrictamente político.
El discurso económico oficial de los últimos quince años bautizó al turismo como «la locomotora de la economía». En términos concretos, ello significaba que dicho sector debía garantizar una rentabilidad global del sistema que permitiera sostener el mal llamado «gasto» social, es decir, aquellos sectores esenciales para el sostenimiento del pacto de la Revolución. Orientado por esa hipótesis, el Estado ha mantenido como prioridad la inversión turística, en detrimento del resto de los sectores productivos, como la ciencia o la agricultura.
Todavía en 2024, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) indicaba que el turismo y la hostelería seguían siendo prioridad al haber captado el 37,4 por ciento de la inversión estatal. Nada indica hoy que persistir en esa estrategia sea sensato si tenemos en cuenta los pobres resultados del sector. Quizás algo de ese dinero pudo usarse en hacer a ETECSA una empresa más rentable, de manera que su modelo de negocios no terminara circunscribiéndose de un modo tan grotesco a mendigar divisas de los emigrados cubanos. Quizás parte de ese dinero pudo emplearse en acelerar la transición energética hacia una mayor capacidad de generación con fuentes renovables de energía o hacia el mejoramiento de las termoeléctricas — a fin de cuentas, sin energía tampoco es viable el turismo — .
Todo eso nos lleva a otra cuestión absolutamente política en torno a la conducción de la economía nacional.
¿Cómo, dónde y con quiénes se deciden las prioridades de inversión? ¿Cómo, dónde y con quiénes se decide en qué se usa el dinero del pueblo de Cuba?
Son asuntos de nación que atañen a todos.
Las preguntas tienen mayor resonancia si se piensa en la manera de hacer política económica en tiempos de Fidel.
Hay, en efecto, una forma revolucionaria de imponer decisiones económicas difíciles y, a la vez, acordarse integralmente de los más humildes y perjudicados, sin dejar de asumir toda la responsabilidad por una medida obviamente impopular.
Recordar esa forma de hacer política — de hacer revolución — no es arqueología, aunque a estas alturas del partido, aquello parecido que fue hace muchos años; es señalar que hay una cultura política de la Revolución, que es la que resuena, por ejemplo, entre las jubiladas o entre la juventud.
5.
Hasta aquí insistimos en llevar la discusión al ámbito de la política. Pero existe otro arista: ETECSA no es un ente aséptico en el escenario cubano. Un grupo de condicionantes debía considerar antes de adoptar una medida previsiblemente impopular, que afecta de manera directa políticas promovidas o reconocidas por el Estado. Tal es el caso de la promoción del trabajo a distancia — que en las condiciones de deterioro de infraestructuras, transporte, servicio eléctrico, etcétera, se ha vuelto necesario — , o de la reconocida necesidad de hacer políticas para las juventudes — no es necesario insistir mucho en la sensibilidad que para este grupo tiene el acceso a la información y la comunicación, como un derecho ganado — .
No obstante, la salida «gremial» en las circunstancias actuales es un tiro en el pie. Si la protesta se encamina por soluciones para todos y todas, lejos de impugnarlas, deben celebrarse como una manifestación saludable de resistencia frente al individualismo rampante en nuestra sociedad. Conocemos de sobra las amenazas internas y externas que tendremos que encarar, pero ellas no nos pueden marcar la agenda. Sabemos que han existido, y seguirán ahí, los surfistas de la fuerza colectiva, que buscan instrumentalizarla para que ella les conquiste lo que sus grupos de pertenencia no pueden, pero ansían. Suprimir por los surfistas de la tabla corta el debate, llamar por ellos al orden a las ideas revolucionarias—que no tienen manual para expresarse—, hacer movimiento al espíritu comunista por el concierto normalizador de las relaciones internacionales, nada de eso enaltece la tradición heroica del pueblo cubano, ni hace honor a la mayoría de edad de ese pueblo para conducir su propio destino.
Si la agresividad del imperialismo y sus lacayos es impedimento para que Cuba sea una democracia socialista, ya fuimos derrotados.
6.
El pueblo de Cuba no se dio órganos colegiados y organizaciones políticas en Revolución para ritualizar al Estado ni para adornarlo: se los dio como vehículo de una democracia de los humildes, para hacer valer sus intereses en el camino de resolver las muchas contradicciones que surgen en el empeño de hacer a un país independiente en medio de la agresión imperialista.
Entre esas contradicciones, es importante identificar cuándo ha de tomarse una medida audaz. A lo largo de estos más de sesenta años, han sido muchos. En la mayoría de los casos, la audacia de la medida se definió a lo largo del proceso pedagógico, participativo y de consulta que se echaba al ruedo. Hoy, los amagos «pedagógicos» acaecen tras la asonada del látigo social, para intentar contenerlo, para intentar contener en él cuanto de revolucionario y rebelde le debe a la historia que lo formó, de la que es hijo. Si el pueblo de Cuba tiene que llegar a hacer la revolución «por cuenta propia», lo hará, sin duda. Los estudiantes universitarios y no pocos profesores están dando pruebas dignas.
Tal vez, como nunca antes, es más duro levantar un parlamento en una trinchera. Y, sin embargo, como siempre, sigue latiendo en este pueblo la sabiduría rebelde y el legado socialista que ningún poder ha logrado extinguir: ahí reside nuestra fuerza.
Notas:
[1] Navarro, Desiderio: «¿Cuántos años de qué color? Para una introducción al Ciclo», en La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión , Centro Teórico Cultural Criterios, 2007, p. 17.
[2] Castro Ruz, Fidel: «Proclama del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba», Granma digital, < https://www.granma.cu/granmad/secciones/siempre_con_fidel/art-021.html >. Consultado 06/04/2025.
[3] Constitución de la República de Cuba, en http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/01/Constitucion-Cuba-2019.pdf . Consultado 06/04/2025.
[4] Ídem.
