¿Por qué ningún partido del arco institucional se ha atrevido en los ultimos 40 años, a plantear la nacionalización de las eléctricas? ¿Qué silenciosos mecanismos blindan el dominio de Endesa, Iberdrola y Redeia?
Durante décadas, la electricidad fue un servicio público. Hoy es una mercancía controlada por fondos extranjeros, expolíticos reciclados y gigantes corporativos. Este reportaje de nuestro colaborador Maximo Relti, traza la historia de cómo las eléctricas conquistaron el país… y por qué nadie, ningún partido, se atreve a tocarlas.
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
En los primeros tiempos del desarrollo capitalista en España, la electricidad llegó como una promesa de progreso, pero también como una palanca para el dominio empresarial.
Desde finales del siglo XIX, surgieron pequeñas compañías locales para abastecer a algunas ciudades o regiones. Sin embargo, durante buena parte del siglo XX, el Estado español —especialmente tras la Guerra Civil— asumió un papel central en la producción y distribución eléctrica, sobre todo a través de empresas públicas como ENHER (Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana) o ENDESA (creada en 1944).
La lógica usada era clara: la energía no era solo una mercancía, sino un servicio estratégico necesario para el desarrollo del país.
Durante el franquismo, el control del Estado sobre este sector era fuerte, pero eso no implicaba ausencia de intereses privados. Algunas compañías como Hidroeléctrica Española o Iberduero (que luego darían origen a Iberdrola) ya operaban con un pie en la economía nacional y otro en la acumulación de capital. El Estado intervenía, planificaba e incluso protegía, pero también tejía alianzas con grandes grupos económicos.
Todo cambió con el paso al llamado «Estado democrático» tras la muerte de Franco. Aunque el régimen político se transformó con la Constitución de 1978, en lo económico se mantuvo una fuerte continuidad con todo lo anterior. Lo que se presentó como modernización fue en realidad una transición ordenada hacia el capitalismo neoliberal, donde la electricidad dejaría de ser un servicio público prioritario para convertirse en un negocio altamente rentable.
EL DESMANTELAMIENTO PROGRAMADO: PRIVATIZACIÓN CON CONSENSO
Durante las décadas de 1980 y 1990, el proceso de privatización del sector eléctrico se desplegó como una estrategia calculada y gradual. Los gobiernos del PSOE y del PP, sin importar su ideología aparente, caminaron en la misma dirección: vender al capital privado lo que era de todos.
El primer impulso vino de Felipe González, con la excusa de reducir el déficit público y seguir las recetas neoliberales impuestas desde la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Así, aunque se fundó Red Eléctrica Española (REE) como operador público en 1985, no tardó en iniciarse su privatización parcial.
Luego, con Aznar en el poder (1996-2004), el proceso se aceleró. Endesa, empresa nacional desde los años 40, fue troceada y vendida por partes mediante OPVs (Ofertas Públicas de Venta) entre 1997 y 1998, hasta que en 2007 se consumó la venta total. Lo más curioso fue que quien se quedó con la mayoría de Endesa fue Enel, una empresa pública… ¡pero italiana! Es decir, lo que se consideraba inaceptable para el Estado español (gestionar una empresa energética) sí era aceptable para otro Estado, con tal de que no fuese nuestro.
«PRIVATIZARON LA LUZ, PERO TAMBIÉN EL SILENCIO POLÍTICO Y MEDIÁTICO.»
Red Eléctrica también fue privatizada parcialmente, aunque el Estado mantuvo el 20%. Sin embargo, el control real de estas empresas pasó a fondos internacionales y consejos de administración donde se sentaban exministros del PSOE y del PP, como Luis Atienza o José Folgado. La llamada «puerta giratoria» se convirtió en autopista.
Iberdrola, por su parte, no fue nunca pública al 100%, pero creció y se consolidó gracias al marco neoliberal creado por esos mismos gobiernos. Su expansión internacional y su peso actual como uno de los gigantes del sector es inseparable del proceso de liberalización impulsado desde el Estado.
PRIVATIZAR NO FUE SOLO UNA DECISIÓN ECONÓMICA
El discurso oficial que justificó la privatización hablaba de eficiencia, modernización y competencia. Pero, ¿quién ha ganado realmente con este modelo? Desde un enfoque económico marxista, lo que ocurrió fue una transferencia estructural de riqueza: activos que pertenecían al pueblo pasaron a manos de grandes fondos de inversión, bancos y empresas extranjeras. Y no como una casualidad, sino como parte de una estrategia global de acumulación capitalista.
En realidad, las privatizaciones no son otra cosa que mecanismos orientados a la reducción salarial y la redistribución de la riqueza desde los trabajadores hacia los grandes empresarios.
En el caso español, este proceso fue además reforzado por una Constitución que limita cualquier otro intento alternativo. La Carta Magna de 1978 establece, ni más ni menos, que una “constitucionalización del sistema económico capitalista”, que bloquea cualquier tipo de política socializadora, incluso si se contara con una hipotética mayoría parlamentaria.
Por eso mismo, no debería sorprendernos que ningún Partido relevante del escenario político español se atreva a proponer la nacionalización de las eléctricas. No solo por miedo al poder económico y mediático que tienen estas empresas, sino, sobre todo, porque el marco legal y político impide directamente hacerlo, sin desatar un conflicto institucional de enormes dimensiones. Y esos partidos están muy lejos de desear afrontar una situación de tamañas dimensiones. Al fin y al cabo, fueron sus mismos predecesores en las direcciones de sus respectivas organizaciones los que defendieron y rubricaron una Constitución que consagraba ad aeternum la existencia de una sociedad capitalista en nuestro país.
«NINGÚN PARTIDO PLANTEA NACIONALIZAR LAS ELÉCTRICAS PORQUE EL RÉGIMEN DEL 78 LO HACE CASI IMPOSIBLE.»
MÁS QUE ENERGÍA: UNA RED DE PODER TOTAL
Hoy en día, hablar del sector eléctrico en España es hablar de uno de los poderes más concentrados, opacos y protegidos del país. No se trata solo de empresas que venden luz, sino de grandes grupos financieros con tentáculos en la política, los medios de comunicación y las estructuras económicas del Estado. En pocas palabras: las eléctricas no solo dominan el mercado, sino también moldean las reglas del juego político.
Endesa, por ejemplo, está controlada en un 70% por Enel, empresa pública italiana. Iberdrola tiene entre sus principales accionistas al fondo soberano de Qatar, a BlackRock (el mayor fondo de inversión del mundo) y al fondo soberano de Noruega. REE, aunque conserva un 20% estatal, está dominada por inversores institucionales, muchos de ellos extranjeros.
Estos datos no son simples cifras: significan que las decisiones clave sobre tarifas, inversiones o infraestructuras están condicionadas por intereses que no necesariamente tienen nada que ver con las necesidades del pueblo español. Más bien, responden a los dividendos exigidos por fondos internacionales.
LA PUERTA GIRATORIA: DE PRESIDENTES, MINISTROS A CONSEJEROS
Una de las claves de este poder es el famoso fenómeno de la puerta giratoria. Expresidentes del Gobierno como Felipe González (Gas Natural) o José María Aznar (Endesa) han pasado directamente de la política a los Consejos de administración de las eléctricas. Lo mismo ocurre con exministros de casi todos los partidos: Elena Salgado, Isabel Tejerina, Fátima Báñez, Rodrigo Rato, Pedro Solbes... entre muchos otros.
¿Esto qué implica? Que muchos políticos, cuando están en activo, legislan sabiendo que su retiro puede estar asegurado si son “útiles” para estas empresas. Así, se legisla no para proteger al consumidor, sino para no molestar al futuro empleador.
![[Img #84237]](https://canarias-semanal.org/upload/images/04_2025/5650_cuadro-electricas.jpg)
EL CONTROL DEL RELATO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SILENCIO
Aunque las eléctricas no aparecen directamente como dueñas de los grandes medios, su influencia es real. ¿Cómo? A través de tres vías:
-Publicidad: las eléctricas son grandes anunciantes. Ningún medio va a criticar duramente a quien le paga millones en anuncios.
-Fondos comunes: fondos como BlackRock tienen acciones tanto en eléctricas como en medios de comunicacion españoles. No es necesario dar órdenes: los intereses se alinean solos.
-Control de fuentes: cuando se habla de energía en la televisión, la mayoría de las voces invitadas provienen del Gobierno o de las propias compañías. Rara vez se escucha a sindicatos, (que en el caso de CCOO o UGT tampoco iban a decir mucho), o a expertos independientes o Asociaciones de consumidores.
Esto crea un entorno donde las preguntas incómodas desaparecen. ¿Por qué sube la luz? ¿Por qué no se nacionaliza el sector? ¿Qué efectos ha tenido la privatización? Silencio, hermético silencio.
¿Y LOS PARTIDOS… ¿QUÉ? ENTRE EL MIEDO Y LA RESIGNACIÓN
El lector medio se pregunta con razón: “Si el problema es tan evidente, ¿por qué nadie lo cambia?” La respuesta es múltiple:
– El marco legal lo impide: como explican autores como Joan Garcés en Soberanos e intervenidos, la Constitución de 1978 consagra un modelo económico liberal. Cualquier intento de socializar sectores estratégicos requeriría una reforma constitucional profunda.
– El chantaje económico: los grandes fondos pueden retirar inversiones, provocar inestabilidad financiera o incluso frenar la transición energética si sienten que sus intereses están en riesgo.
– El aislamiento político: cualquier fuerza que propusiera nacionalizar las eléctricas sería inmediatamente tachada de radical, populista o “chavista”. Ni el PSOE ni el PP —y ni, por supuesto, tampoco fuerzas como Sumar o ERC— se atrevían siquiera a mentar una propuesta clara de nacionalización de esos emporios económicos .
En este contexto, la “izquierda institucional” se limita a sugerir pequeños parchecitos: topes, impuestos temporales o regulación parcial, sin llegar a tocar ni de lejos el fondo del asunto.
«HOY LA ENERGÍA NO ESTÁ PARA SERVIR A LA SOCIEDAD, SINO A LOS ACCIONISTAS.»
MERCANCÍA O DERECHO: LA ENERGÍA COMO CAMPO DE LUCHA
Lo que está en juego no es un tema técnico ni económico. Es una batalla ideológica: ¿la electricidad es un bien básico o una mercancía? ¿Debe gestionarse por criterios de rentabilidad o por necesidades sociales?
Desde una perspectiva social y crítica, la energía es una fuerza productiva fundamental, sin la cual no puede funcionar ni la industria, ni los hogares, ni la vida social. Su privatización no fue una mejora, fue una acumulación por desposesión, que diría David Harvey. Es decir, robarle al pueblo lo que le pertenecía, para dárselo al capital.
Y aunque hoy parezca una utopía, la nacionalización democrática y participativa del sector eléctrico no solo es posible, sino necesaria si queremos afrontar con justicia desafíos como la crisis climática o la pobreza energética.
Las eléctricas no solo venden electricidad: gestionan una parte esencial de nuestra vida cotidiana y lo hacen siguiendo los intereses del capital financiero internacional. Este poder se ha construido a lo largo de décadas mediante privatizaciones pactadas, leyes a medida, silencios mediáticos y la colonización de la política por el mercado.
La falta de alternativas reales no se debe a que no existan, sino a que han sido cuidadosamente expulsadas del debate público. Hablar de nacionalización se ha vuelto casi un tabú, y, sin embargo, es la única manera de recuperar la soberanía energética y de poner este recurso básico al servicio de todos, y no de unos pocos accionistas.
Por todas las razones de las que aquí hemos realizado un apretado balance, cuando hace unas horas pudimos escuchar al presidente del Gobierno prometer, muy serio, que estaba dispuesto a apretarle las clavijas a las eléctricas por el apagón del pasado lunes, no pudimos evitar desternillarnos de risa.
FUENTES UTILIZADAS
– Soberanos e intervenidos, Joan Garcés. (Capítulos sobre soberanía, Constitución y poder económico)
– Documentos técnicos y económicos de un informe sobre el sector eléctrico
