Pedro González de Molina Soler
He leído con atención un artículo publicado por Enrique Díez en este diario titulado “Insuficiente: No podemos comprar su marco ideológico”. Este artículo que ha escrito Díez se refiere a un estudio recientemente publicado por CCOO titulado “La segregación escolar, un problema de Justicia Social sin resolver: análisis y propuestas”, del que coordino dicho grupo de estudios y en el que han participado tanto CCOO como el observatorio de la Segregación Escolar. En el artículo que Díez hace un repaso a diferentes fragmentos del informe que hemos publicado. Como soy historiador suelen venírseme a la cabeza cuando veo o leo distintas cuestiones ciertos paralelismos históricos. Leyendo la exégis de nuestro informe me ha recordado a Martín Lutero citando pasajes de la Biblia delante del Papa y los cardenales en Roma. Aunque Lutero fue excomulgado en 1521, y se produjo la ruptura de la cristiandad entre protestantes y católicos, nada más lejos de mi intención, más bien quiero en este artículo polemizar y argumentar con Enrique Díez.
Con su título nos induce a cuál va a ser el posicionamiento del autor. No cabe a equívoco, considera claramente insuficiente el último informe sobre segregación escolar. Lo curioso es que considera que los problemas del informe son dos: a) No decimos explícitamente que habría que eliminar la escuela concertada-privada. b) Defiende que hemos comprado, y por ende CCOO, el “marco ideológico” de la enseñanza concertada-privada y sus defensores.
Curiosamente, en la exégesis que hace del informe, no induce a pensar que hemos comprado el marco de dicha enseñanza, sino todo lo contrario. Sin ser exhaustivos vamos a reproducir algunos pasajes: “Las políticas de la derecha y la extrema derecha, que favorecen la segregación escolar, van en contra de la democracia al segregar y dividir aún más a la población por clase social u origen nacional, en contra de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la doctrina de la igualdad de oportunidades establecida por la ONU, la UE y nuestra legislación educativa, y suponen un duro golpe contra los derechos de las niñas y los niños, establecidas por la Declaración de los Derechos Humanos. Como hemos mencionado anteriormente, la segregación escolar es un proceso que se viene dando en nuestro país desde hace tiempo y es una estrategia de la derecha, aunque algunas comunidades gobernadas por el PSOE dieron pasos en esta dirección con el fomento de la concertada– para dar más oportunidades a quien más tiene, a la vez que se estratifica más la sociedad, se fomentan las desigualdades y se produce un cierre oligárquico de esta sociedad. Dicho de otra manera, es una estrategia clasista, con cierto toque de racismo de baja intensidad y de aporofobia, que instaura un régimen de desigualdad de oportunidades que repercute en una desigualdad a posteriori, cuando los educandos se enfrentan al mercado laboral, y que beneficia a quienes poseen el capital social, económico y/o cultural para poder ocupar los mejores puestos de trabajo y aprovechar las oportunidades. La segregación escolar va en contra de la equidad, ya que favorece que el origen social determine en gran medida las posibilidades educativas aspiracionales, de inserción laboral y, por ende, de futuro del alumnado”. (16-17).
De hecho, en todo el capítulo 1 se van desarrollando los distintos tipos de segregación escolar (académica, por origen étnico/nacional, por clase social, por sexo, a los NEE y NEAE, al pueblo gitano), y se explicita que una de las fuentes más importantes de segregación escolar es la Escuela concertada-privada, se habla del sistema de cuotas como un elemento segregador, así como medidas tomadas por algunas CCAA, etc. La segregación escolar es uno de los principales problemas de nuestro sistema educativo –también del de otros países–; de hecho, es superior a la segregación residencial. Precisamente, esta es la primera causa de aquella, y la existencia de los centros privados concertados, la segunda, en un porcentaje muy superior al de los países del entorno. Una anomalía en la mayor parte de la Unión Europea. De hecho, según la investigación de F. Javier Murillo y Claudia Guiral (2024), la existencia de los centros concertados explica el 19,2% de la segregación escolar total, según el índice de Hutchens para el alumnado desfavorecido y más favorecido (25% de menor y mayor ESCS –estatus económico y sociocultural–, respectivamente con los microdatos de PISA 2022).
Y podríamos seguir con numerosos ejemplos dentro del informe. No parece que este haya sido precisamente muy poco contundente con lo que consideramos, y demostramos, que es la segunda causa de segregación: los centros concertados. Incluso citamos al propio Felipe González que se arrepintió en 2011 de haber permitido el sistema concertado-privado, afirmando que tendría que haber utilizado los recursos públicos para la pública y “quién quiera escuela privada que la pague”.
Siguiendo la argumentación, la escuela concertada-privada es el 19,2% del problema respecto a la segregación escolar. Suponiendo que mañana pudiésemos con una varita mágica hacer desaparecer la concertación en educación, seguiríamos teniendo un problema de segregación del 80,8%, ya que estaría vinculado al problema derivado de la residencial. No es un tema menor reducir ese 19,2%, pero es insuficiente. Para ello habría que tener medidas que, creo modestamente, aportamos en el capítulo de conclusiones, que siempre será revisable y mejorable. En el caso de la Comunidad de Madrid, donde las políticas de admisión del alumnado de cuasi-mercado (zona única de escolarización) que agravan el problema, aunque la eliminásemos, si no hiciésemos nada más, sostendríamos un sistema que seguiría en parte siendo segregado. El alumnado de Las Rozas seguiría estudiando en su barrio, y el de Villaverde en el suyo. Por lo tanto, el problema es, desde el punto de vista político y técnico, complejo, y no hay soluciones mágicas. Las soluciones mágicas sólo se producen en el pensamiento mágico o en el populismo (educativo).
Muchas declaraciones y programas electorales prometen el fin de la concertada-privada pero no se toman en serio cómo realizarlo de manera técnica y política. Además, esta red no ha parado de crecer, por lo que dichas declaraciones y programas han sido más bien inútiles. Partiendo de aquí, proponemos: hacer recaer el peso de la bajada de natalidad a la enseñanza concertada-privada, en vez de a la pública; realizar, con las comisiones de escolarización, un reparto del alumnado vulnerable más equitativo entre centros y mejorar la calidad de los centros educativos públicos. Con ello logramos el siguiente objetivo, una escuela pública de mejor calidad con plazas suficientes para atender a todo el alumnado. Al mismo tiempo, una escuela concertada-privada que asume alumnado desaventajado y no puede cobrar cuotas a la vez que pierde líneas. Con eso se logran dos objetivos: el cierre paulatino de aulas en la concertada-privada -mientras se sostienen en la pública-, que terminan de hacer inviable el negocio. A la vez, se corta una fuente de financiación por parte de la Administración, y se elimina uno de sus “atractivos”, la selección del alumnado que se sentará al lado de los hijos e hijas de las personas que los matriculan en dichos centros.
Es evidente que si seguimos esa lógica muchos centros concertados-privados irán pasando al sistema privado puro o acabarán en manos de las administraciones. Pongamos un ejemplo, solo en Andalucía se han cerrado 2.042 aulas. Aunque se han abierto otras, el saldo es negativo, y el peso ha recaído en la enseñanza pública con la “excusa” de la natalidad, y con un claro objetivo político de fondo. Si cerrásemos esas 2.042 aulas en la concertada-privada estaríamos cerrando 510 colegios de línea 4, que se dice pronto. Parece que seguir este camino no es precisamente el de comprar el “marco” a la derecha o la ultraderecha, sino todo lo contrario.
Enrique Díez olvida lo que es el principio de realidad y la correlación de fuerzas. En la actualidad el Congreso de los Diputados hay una mayoría pro-concertada, y un partido de gobierno (PSOE) que da bandazos, por decirlo suavemente. No hay ninguna CCAA gobernada, ya sea en solitario o en coalición, por ninguna fuerza que pretenda abordar el problema de la concertada, ni siquiera donde IU gobierna (Asturias). Hacer declaraciones contra la concertada en un documento sin proponer medidas efectivas para su extinción es más bien irresponsable. La enseñanza concertada-privada no va a desaparecer por decreto. De hecho, el TC ha obstaculizado en más de una ocasión el cierre de algunos centros, como pasó en Andalucía cuando Susana Díaz intentó quitarles el concierto los centros que segregaban por sexo. Incluso si mañana decretásemos el fin de los conciertos, los que están en activo se tendrían que mantener hasta el fin del contrato, y eso supone que el partido que lo impulsase debería lograr mantenerse en el gobierno durante todo ese período hasta que se hiciese efectiva dicha medida, so pena de que la derecha llegase y diese marcha atrás.
El PSOE nació, de la mano de Pablo Iglesias en 1879, con un programa de máximos, para llegar al Socialismo, y en cada elección o en cada Congreso establecía su programa de “mínimos” para la coyuntura, porque es importante que en el “mientras tanto” se vaya avanzando. No vaya a ser que no logremos ninguna victoria y sigamos de derrota en derrota hasta la derrota final.
