572 millones de euros menos para el futuro
Once años después de la aprobación de la Ley Canaria de Educación, la inversión sigue sin alcanzar el 5% del PIB. Lejos de avanzar, el presupuesto ha vuelto a reducirse, dejando a Canarias con 572 millones de euros menos de lo necesario. La falta de fondos está afectando directamente a la calidad educativa, con infraestructuras obsoletas, menos profesores y una brecha digital que sigue creciendo.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias enfrenta una crisis educativa que, pese a no ser novedosa, se vuelve más alarmante con cada legislatura.
En el año 2014, la Ley Canaria de Educación (LCE) estableció un compromiso claro: el archipiélago debía alcanzar una inversión en educación del 5% del PIB en un plazo de ocho años. Once años después, no solo no se ha alcanzado este objetivo, sino que la comunidad autónoma está más lejos que nunca de cumplirlo.
Hoy, la brecha en la inversión educativa alcanza los 572 millones de euros, un retroceso dramático si se compara con los 183 millones de euros que separaban a Canarias de la meta en la legislatura anterior.
La Plataforma por el 5% en Educación ha denunciado este incumplimiento ante la Diputación del Común, subrayando que la falta de financiación ha generado un impacto devastador en la calidad educativa del archipiélago.
El incumplimiento sistemático de una ley ignorada
La Ley Canaria de Educación no es un simple documento de buenas intenciones; es una norma de obligado cumplimiento. Sin embargo, los gobiernos autonómicos han tratado su aplicación con absoluta indiferencia. Desde su aprobación, la inversión ha mostrado una evolución errática y decepcionante:
2014: 3,70% del PIB
2017: 3,46%
2023: 4,63% (pico más alto en una década)
2024: 4,20%
2025: Se prevé 4,05%
En lugar de acercarse al 5% prometido, el presupuesto educativo ha vuelto a descender en los últimos años. Mientras tanto, la educación canaria se ahoga en un mar de precariedad, con infraestructuras obsoletas, falta de personal y escasez de recursos para atender la diversidad del alumnado.
Consecuencias: ¿qué significa esta desinversión?
La falta de fondos ha generado un deterioro progresivo de la educación pública canaria, con repercusiones directas en la calidad del aprendizaje y en las condiciones laborales de los docentes. Algunos de los problemas más graves incluyen:
– Centros educativos en ruinas: Muchas escuelas siguen funcionando en infraestructuras antiguas y mal mantenidas, sin adecuaciones tecnológicas ni espacios adaptados a las necesidades del siglo XXI.
– Déficit de personal: La falta de profesores y especialistas en orientación ha dificultado la atención individualizada de los alumnos. El resultado es una educación masificada y con recursos insuficientes.
– Fracaso en la atención a la diversidad: Programas destinados a reforzar la inclusión educativa se han visto limitados, dejando en situación de vulnerabilidad a miles de estudiantes con necesidades especiales.
– Brecha digital y estancamiento en innovación: La digitalización de las aulas es una asignatura pendiente. La falta de inversión en nuevas tecnologías ha impedido una actualización real de las metodologías educativas.
Planes educativos estancados: promesas sin ejecución
La desidia gubernamental no solo se refleja en los datos de inversión, sino en la parálisis de los planes educativos diseñados para mejorar la calidad del sistema. Algunas de las iniciativas afectadas por la falta de recursos incluyen:
– Planes de refuerzo educativo: Los programas para reducir el abandono escolar han contado con financiación limitada, dificultando su implementación efectiva.
– Formación docente deficiente: La capacitación de los profesores es clave para mejorar la enseñanza, pero los recortes han restringido las oportunidades de actualización pedagógica.
– Accesibilidad y equidad en riesgo: Las becas y ayudas para estudiantes en situación vulnerable han sufrido recortes, ampliando la brecha de desigualdad entre el alumnado.
– Implantación de la educación infantil temprana: Canarias sigue a la cola de España en este ámbito, alejándose de otras comunidades autónomas que sí han priorizado esta etapa educativa.
La respuesta política: evasivas y discursos vacíos
A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno de Canarias ha mostrado una actitud pasiva y evasiva ante las críticas. Las declaraciones institucionales insisten en la “dificultad de ajustar los presupuestos” y en la “voluntad de avanzar hacia el 5% del PIB”, pero la realidad es que no se han tomado medidas contundentes para garantizar el cumplimiento de la ley.
La Plataforma por el 5% en Educación ha solicitado una reunión con la consejera de Educación, pero la respuesta sigue siendo la misma: promesas sin plazos, compromisos sin presupuesto y una total falta de responsabilidad.
El incumplimiento sistemático de la inversión educativa en Canarias no es solo un problema de números. Se trata de una decisión política que condena a miles de estudiantes a una educación de segunda categoría, sin recursos adecuados y con desigualdades cada vez más marcadas.
La ley de 2014 establecía un compromiso claro pero, a día de hoy, sigue siendo papel mojado. La pregunta no es si Canarias llegará algún día al 5% del PIB en educación, sino cuántas generaciones más deberán pagar el precio de esta negligencia antes de que se tome en serio la educación pública.
