El pasado 8 de enero el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, firmaba un acuerdo de colaboración con Andreas Schleicher, director del programa de Educación y Competencias de la OCDE. El objetivo de esta colaboración en marcha es captar todo el talento de este organismo internacional, organizador de las conocidas pruebas PISA, para diagnosticar el estado actual del sistema educativo en Cataluña, realizar propuestas de mejora, y evaluar su impacto.
Toda ayuda es poca para que el sistema educativo en Cataluña alcance la excelencia desde la equidad. Sin embargo, y desde una lectura crítica de la medida política, es necesario poner el foco no en lo presente en el acuerdo, sino en lo ausente. Firmarlo sin el acompañamiento de otras medidas complementarias no deja de resultar sospechoso ideológicamente, e inquietante pedagógicamente.
Esta firma hace que me pregunte por qué no se ha acompañado de otra similar con el Centro Promotor del Aprendizaje-Servicio, por ejemplo, y aprovechar todo el potencial pedagógico de este espacio plural y representativo para orientar el sistema educativo hacia la construcción de una auténtica ciudadanía democrática.
Ciertamente, PISA evalúa el logro competencial en conocimientos instrumentales de una muestra representativa de alumnado de 15 años. En el supuesto de que el acuerdo diera buenos frutos, y el alumnado catalán fuese evaluado como altamente competente después de todo el asesoramiento, siempre quedará la pregunta abierta: ¿altamente competente… para qué? El ApS no sólo proporciona un espacio natural para el fortalecimiento de las competencias del alumnado de forma globalizada, sino que además proporciona una finalidad clara: la transformación de la sociedad desde la mejora de las comunidades locales.
PISA se centra en saberes instrumentales como la lengua, las matemáticas o las ciencias, de forma desagregada. El ApS favorece el aprendizaje de estos saberes de forma contextualizada, respondiendo a una necesidad social, facilitando la interacción entre saberes de forma integral, partiendo de la motivación del alumnado y dotando de significado su aprendizaje. Desde 2018, PISA también evalúa la competencia global – una forma particular de apelar a la educación para la ciudadanía. ¿Y qué mejor educación para la ciudadanía que la que ofrecen los proyectos de ApS? En ellos, esta dimensión cívica y ética no se convierte en una abstracción sino en un ejercicio tangible de poner el aprendizaje al servicio de las necesidades de las personas que aprenden y su entorno.
La evaluación de PISA se realiza una vez cada tres años, con una muestra limitada, y por parte de especialistas externos que dirigen el proceso evaluador. El ApS, en cambio, puede ejercitarse los 365 días del año, puede aplicarse en todas etapas educativas y requiere un proceso de evaluación permanente que implica al conjunto de la comunidad educativa.
La lógica de PISA empuja a los sistemas educativos a fijarse en los resultados de acuerdo con unos estándares prefijados, y a promover implícitamente una cultura de la competitividad. Sin embargo, el APS pone el foco sobre todo en los procesos de aprendizaje, con una atención a la diversidad y la singularidad de las personas participantes en los proyectos, creando una atmósfera de colaboración dentro y fuera de la escuela.
En definitiva, PISA es un marco de diagnóstico y propuesta, mientras que el ApSes un marco de acción y transformación. Si queremos un sistema educativo mejor, con un alumnado altamente competente, fortalezcamos la implantación del ApSy seguro que, dentro de tres años, la muestra de alumnado que será evaluada por PISA obtendrá mucho mejores resultados que en la actualidad. Presidente Illa: le apremia firmar un acuerdo de colaboración con la comunidad del ApS, y otras similares, para que lo que ha formalizado previamente con la OCDE sea algo más que una operación de marketing pedagógico y con el paso del tiempo no quede en mero papel mojado. Todavía está a tiempo.
